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La fiscalía solicitó los nombres de los funcionarios que aprobaron permisos de importación durante el gobierno de Alberto Fernández, pero la entidad aseguró que todo funcionaba de manera automática, sin intervención humana.
Avanza la investigación sobre el sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) entre el 2020 y el 2024, durante el gobierno de Alberto Fernández, pero la Justicia no puede dar con los nombres de los funcionarios que participaban del entramado, a pesar de los reiteradas solicitudes.
Semanas atrás, el fiscal federal Franco Picardi envió un nuevo oficio a distintos organismos del Estado para que informen, de manera urgente, qué funcionarios participaron en la aprobación de las solicitudes de las importaciones. Algunos de los intimados fueron ARCA, el Banco Central y Aduana.
En las últimas horas, varios de los intimados respondieron a la solicitud pero lo llamativo es que no se detalló ningún nombre. El fiscal había solicitado concretamente información de las firmas Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazza, Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L..
TN tuvo acceso a las pruebas enviadas y todos los documentos aseguran que en ninguna de esas empresas hubo funcionarios involucrados. ¿Cómo funcionaban entonces? Según lo enviado a la Justicia, bajo procedimientos informáticos automáticos. Dicho sistema solo chequeaba los requisitos y aprobaba el ingreso al país de los productos importados por estas empresas.
En el caso de Fizika no existen rastros de que haya operado como importadora. “Cabe destacar que la firma Fizika SRL no posee declaraciones SIRA registradas”, se lee en el documento enviado por ARCA.
Sobre el pedido puntual de identificar a los funcionarios que aprobaron las solicitudes, ARCA informó textualmente que “no existían en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos usuarios habilitados para operar con el sistema. La totalidad de las interacciones con el sistema se realizaba mediante procedimientos informáticos automatizados”. Por lo tanto, el organismo señaló que no fue posible identificar funcionarios humanos que hubieran intervenido en la aprobación de las solicitudes vinculadas a las sociedades investigadas.
De esta manera, ARCA no entregó un listado con la nómina funcionarios ni detalla intervenciones individuales. Este dato resulta central porque responde directamente al pedido judicial que busca individualizar responsabilidades en el proceso de aprobación de las SIRA.
Sin esos datos, no se podrán establecer las responsabilidades individuales en la cadena de aprobación de los permisos de importación de las empresas investigadas. Mientras que los datos objetivos sobre las operaciones, como solicitudes, bloqueos, montos y estados, fueron entregados, la identificación nominal de funcionarios que el fiscal había pedido se sigue dilatando.
Además de este informe, la fiscalía incorporó en los últimos días las respuestas de 23 Agentes de Liquidación y Compensación. Entre ellas aparecen Cohen, Banco Industrial, Allaria, Macro, Comafi y Banco Credicoop, que fueron agregadas al sistema “Coirón” por su volumen.
También se recibió el oficio del Banco Central con sumarios cambiarios de varias casas de cambio, entre ellas Gis Cambio, Atlántida del Rosario Cambios, Cambio Belgrano, Fast Cambio, Gallo Cambios, Mega Latina, MG Cambio, Puerto Cambio, Rosario Cambio, Areco Cambio y Meran.
Las agencias Dem Cambio y Pablo Fortuny S.A. no registran antecedentes en el sistema del BCRA.
En la causa se investigan los presuntos pagos de sobornos para acelerar la aprobación de las SIRA y posibles irregularidades en el acceso al dólar oficial durante la gestión de Alberto Fernández y el entonces ministro de Economía, Sergio Massa.
Según los elementos recolectados hasta ahora, se habrían abonado coimas de entre el 10 y el 15 por ciento para obtener aprobaciones en plazos de 24 horas, cuando habitualmente los trámites demoraban hasta seis meses.
La investigación se basa, entre otros elementos, en el análisis del celular de Martín Migueles, dueño de casas de cambio con vínculos con Elías Piccirillo y Francisco Hauque.
En conversaciones de 2023 se alude de manera explícita al pago de porcentajes por la gestión acelerada de las SIRA. Paralelamente, la causa examina operaciones con dólar oficial bajo el cepo cambiario, en las que intermediarios accedían a divisas a precio regulado para luego venderlas en el mercado paralelo con ganancias significativas.
FUENTE: TN
