El decreto fue firmado el viernes 17 por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El cambio central es la eliminación del límite del 2% para las contribuciones extraordinarias que las empresas pueden realizar a los sindicatos. De esta manera, el monto de esos aportes podrá ser acordado entre las organizaciones sindicales y las cámaras empresarias en el marco de los convenios colectivos de trabajo, sin quedar sujeto al tope que había sido establecido previamente.
La modificación supone una marcha atrás respecto del intento de limitar las denominadas cajas sindicales. Aunque el decreto establece condiciones sobre el destino y la administración de los fondos, los gremios recuperan capacidad para negociar con el sector empresario una fuente de financiamiento que había quedado restringida.
El Gobierno también modificó la base de cálculo de esos aportes. A partir de la nueva norma, deberá contemplar el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador y las sumas remunerativas normales, habituales y de percepción mensual que tengan origen convencional.
Quedan excluidos, en cambio, los conceptos que no sean normales, habituales y mensuales. La lista incluye premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario (aguinaldo), plus vacacional y sumas no remunerativas, además de cualquier otro concepto que no se pague de forma normal, habitual y mensual.
Los fondos, de todos modos, no podrán ser utilizados sin restricciones. La norma establece que deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural, en beneficio de los trabajadores comprendidos dentro del ámbito de representación de la asociación sindical.
También deberán ser administrados y documentados por separado del resto de los bienes y fondos sindicales. El objetivo es garantizar una administración diferenciada de esos recursos y facilitar el control de legalidad previo a la homologación de los convenios colectivos.
La decisión marca un contraste con el rumbo que había tomado la reforma laboral aprobada por el Congreso en febrero y reglamentada por el Poder Ejecutivo a comienzos de junio. En aquella discusión, la CGT había intentado atenuar las restricciones sobre el financiamiento sindical, pero no había logrado modificar el esquema en la instancia de reglamentación.
El Gobierno presentó los cambios como una precisión técnica destinada a aclarar el alcance de las normas vigentes y ordenar su aplicación. Sin embargo, el efecto político parece concreto: la CGT obtiene una flexibilización en los límites que afectaban sus recursos y recupera capacidad de negociación frente al sector empresario.
