La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso la desvinculación definitiva y absoluta de Ricardo Echegaray de la plantilla estatal. La medida se adoptó formalmente tras notificarse que la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, impuesta en sede judicial, se encuentra plenamente firme y con fuerza ejecutoria, clausurando de esta manera la carrera administrativa de quien fuera uno de los hombres con mayor peso político y fiscal durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.
El acto administrativo que determina la exoneración fue remitido oficialmente a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía nacional especializada que conduce Sergio Rodríguez y que llevaba adelante el seguimiento del expediente para garantizar la integridad institucional dentro de los estamentos del Estado.
Ejecución directa: sin margen para recursos suspensivos
Desde las áreas técnicas y jurídicas del ente recaudador aclararon que la medida no responde a la apertura de un nuevo sumario interno ni a una reevaluación discrecional de la conducta del exfuncionario. Por el contrario, se trata del estricto cumplimiento de los estatutos del Régimen Disciplinario Unificado del organismo, cuyo articulado establece la baja inmediata (exoneración) ante la existencia de una condena penal que acarree inhabilitación absoluta o especial.
El derrotero técnico que sepultó la estabilidad laboral de Echegaray se aceleró tras el último pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal:
Fallo de origen: El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 lo había hallado autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, imponiéndole una pena de cuatro años y ocho meses de prisión.
Inadmisibilidad del recurso: La Sala I de Casación declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por los abogados defensores del exjefe aduanero.
Efecto jurídico: Al agotarse las vías ordinarias de apelación y no registrarse medidas cautelares con efecto suspensivo, ARCA dictaminó que la inhabilitación perpetua cobró fuerza ejecutiva inmediata.
El origen del caso: el fraude de Oil Combustibles
Echegaray capitaneó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entre 2009 y 2015, período en el cual consolidó un férreo control sobre la política de fiscalización y recaudación tributaria nacional, luego de haber liderado la Dirección General de Aduanas y la ONCCA.
Su situación penal dio un vuelco definitivo tras desarmarse la ingeniería financiera montada en torno a Oil Combustibles, la petrolera de la firma Indalo perteneciente a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. La investigación criminal demostró que la firma retenía sistemáticamente el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que abonaban los usuarios en los surtidores, utilizando ese capital para expandir su conglomerado empresarial en lugar de rendirlo al fisco.
Los magistrados de la causa determinaron que la cúpula de la AFIP otorgó de manera completamente irregular planes de facilidades de pago excepcionales que permitieron prolongar la millonaria evasión en el tiempo. Con la comunicación de su destitución incorporada al expediente general de la PIA, el Estado dio por cerrado el capítulo administrativo de uno de los procesos de defraudación pública más emblemáticos del último ciclo político.
