Apenas iniciada la actual gestión, el Ejecutivo realizó una denuncia por irregularidades que se pudieron constatar en los depósitos de motos retenidas sobre calle Acuña. Se encontraron con un faltante de motos y birrodados desarmados. El proceso está en manos de la Justicia.
Un nuevo escándalo sacude al área de Protección Vial y Comunitaria, que a más de un año de las denuncias realizadas a los anteriores jefes de esta dependencia por abusos de poder, causa administrativa que todavía no tuvo su resolución, un nuevo episodio, lamentable, vuelve a tener a la dependencia municipal en boca de todos. Lo cierto es que a principios de la actual gestión de Leonardo Viotti, el Ejecutivo se encargó de llevar adelante una profunda auditoría de los depósitos de motos retenidas. A partir de allí, se constató que en el mismo galpón, donde se trasladan todas las motos que son secuestradas en los controles de tránsito, funcionaba un desarmadero. Según información a la que pudo acceder de manera exclusiva Diario CASTELLANOS hablan del robo de más de 20 motovehículos; además, de todas aquellas desarmadas a las cuales aparentemente les quitaban las partes y todo ello era comercializado.
La denuncia formal fue realizada en sede policial, el pasado 12 de diciembre, a tan solo 3 días de la asunción del actual Intendente de nuestra ciudad. La investigación es llevada adelante por la Fiscal del MPA Lorena Korakis. , Es que la denuncia en su momento fue presentada por las irregularidades sucedidas en los galpones ubicados sobre calle Acuña, donde se sustrajeron partes de motos, pero que hasta el momento, no hay ninguna persona involucrada o mencionada como presunto autor material. Según confirmaron desde el MPA a este medio, actualmente la investigación se encuentra abierta, pero sin imputados.
El inicio
Como relatamos anteriormente, todo inició gracias a una rápida actuación de la actual Gestión municipal, ni bien terminó de aterrizar en la función pública se encontró con una verdadera caja de pandora, no sólo con todo lo ya conocido con abandono en dependencias, importantes deudas a proveedores, sino con una situación realmente alarmante en los depósitos municipales.
Los funcionarios locales, quienes confirmaron la situación respecto al faltante de partes de motos que se encontraban retenidas en los depósitos locales. Como si esto fuese poco, los inventarios tampoco estaban claros, lo cual impidió que se pueda realizar una profunda auditoría ya que no se contaban con los respectivos registros, lo cual impidió que se pueda conocer concretamente qué vehículos se encontraban allí y desde cuándo.
EXCLUSIVO
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Ante esta realidad, el Ejecutivo comenzó con los trámites administrativos pertinentes, no sólo con la denuncia, sino para ir inventariando todo lo que se encontraba allí. Es importante aclarar en este punto que, previo a la asunción del actual Gobierno, había cuatro personas responsables del depósito, a quienes desde las áreas administrativas del Municipio se les han realizado los pedidos de informe, no sólo a ellos sino también a todos quienes pudieron estar anteriormente, para determinar alguna responsabilidad por los faltantes. Bien como comentamos anteriormente, hasta el momento no hay ningún imputado por esta causa, ya que no hay elementos suficientes como para poder acusar a alguien, debido a la falta de inventarios, cámaras y demás registros que puedan arrojar mayor claridad al asunto, más allá de los trascendidos que pueda llegar a haber.
Por otro lado, ante esta situación el Ejecutivo ha definido reemplazar a todas las personas que allí se desempeñaban e incluso se cambiaron las cerraduras de los depósitos para evitar cualquier situación desafortunada.
¿Qué pasó con las motos desarmadas?
Como es de público conocimiento, a principios del mes de febrero, el Municipio local llevó adelante una compactación de aquellos vehículos que hace tiempo se encontraban retenidos en dichos depósitos y que nunca habían sido reclamados por sus dueños.
No es un dato menor que desde el año 2019 el Municipio no llevaba adelante compactaciones de vehículos. Entonce este fue el momento oportuno para realizar la compactación de aquellas motos a las cuales les faltaban partes, aunque no sin antes dejar todo asentado ante una escribana quien supervisó el procedimiento y allí se terminó de constatar cómo se encontraban las motos antes de ser compactadas. De todo ello se dejó constancia de que partes faltaban y el estado en el cual iban a ser compactadas.
Muchas preguntas y pocas respuestas
Ahora es cuando comienzan a surgir varios interrogantes sobre este tipo de accionar durante la gestión peronista. Sorprende enormemente que, en tan sólo en tres días, la nueva Gestión lleve adelante esta denuncia y que los anteriores responsables, en más de cuatro años (por suponer que esto haya ocurrido durante la última gestión), no se hayan percatado de las irregularidades que sucedían bajo sus narices. No sólo por los responsables en su momento de los depósitos sino también por las autoridades y jefes de Protección Vial y Comunitaria, los cuales hoy todos ellos se encuentran con licencias médicas debido al primer escándalo respecto a las denuncias por abusos de poder.
Más allá de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, lo cierto es que al no contar con los registros pertinentes o siquiera algún tipo de alerta sobre este tipo de accionar, es prácticamente imposible conocer a ciencia cierta desde hace cuánto tiempo atrás se realizaban este tipo de prácticas con total impunidad y cuantos fueron los vehículos manipulados. A DIARIO CASTELLANOS, fuentes extraoficiales indicaron que habrían sido más de 20 motos robadas y varias más desarmadas en todo el galpón, aunque en la denuncia sólo se deja constatado la situación de deshuese con la cual se encontró la gestión actual en los depósitos de motos retenidas.
Como lo señalamos anteriormente, no hay registros desde hace cuánto tiempo o cuántos fueron los vehículos desarmados o robados debido a las faltas severas en materia de control en los depósitos. Llama la atención incluso que, en su momento, según confirmaron a CASTELLANOS, una determinación política fue poner cámaras de video en los depósitos, pero solamente a los cuales llegaban los vehículos retenidos, no así en aquellos galpones donde se encontraban las motos de mayor antigüedad que no fueron reclamadas.
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