Betina Lacki busca esos documentos, donde figuraría qué diputados propusieron contratar a los 50 “ñoquis” cuyos nombres posibilitaron desviar millones entre 2002 y 2023. Diputados aprobó un proyecto para evitar entregar esos datos.Hace un año y medio, en abril de 2025, la Dirección de Legal y Técnica de Diputados comenzó a recibir oficios de la fiscal Lacki con el pedido de los memos. Los requerimientos fueron cinco, según pudo reconstruir TN, y las respuestas que salieron desde esta oficina, que dirige Hernán Oscar Valetti, fueron parciales y burocráticas. Finalmente, el juez de Garantías Federico Guillermo Atencio concedió a la fiscal una “orden de presentación”, para exigirle a la cámara baja los memos de la discordia. Esa orden entró a la oficina de Valetti el 19 de agosto pasado, pero ya era demasiado tarde: la política se le había adelantado a la Justicia.
Tres meses antes, habían decidido “archivar” todos los requerimientos de Lacki. La metodología elegida, al parecer, se decidió en la reunión de Labor Parlamentaria, un rato antes de la sesión, que empezó a las 14:58: “colar” esos incómodos expedientes junto a un torrente de casi 8.000 resoluciones administrativas.
La jugada duró apenas 38 segundos, como se puede observar en la filmación de la sesión. Di Chiara ordenó votar y Miguel De Lisi (Secretario Administrativo de la Cámara) —ubicado a su izquierda— cantó “aprobado”, mientras Bozzano mantenía la mirada baja, scrolleando su celular. De fondo, un conjunto impreciso de manos de diputados subieron y bajaron furtivamente. Inmediatamente, Di Chiara le dio la palabra a Tignanelli, que cambió de tema. El “caballo de Troya” con el “caso Chocolate” adentro ya había pasado.
Los memos que oculta la Cámara de Diputados develarían quién impulsó la contratación de cada empleado fantasma de este viejo esquema. Algunos de estos contratos datan de 2002. Por ejemplo, el del propio puntero Rigau y el de la primera mujer de Claudio Albini. Algunos prestanombres son tan antiguos que ya terminaron su carrera de ñoquis y gozan de una jubilación estatal.
Inicialmente, se le atribuyó a esta banda un fraude a la administración pública de alrededor de $800.000.000, asentado en el manejo de ñoquis que habían sido contratados entre 2012 y 2023. Sin embargo, esas cifras quedaron desactualizadas, porque la fiscalía amplió la imputación a un periodo que va “desde el 1° de enero de 2002 hasta al menos el 9 de septiembre de 2023″. Más de un tercio de los titulares de las tarjetas que se le secuestraron a Rigau aquella noche tienen contratos iniciados antes de 2012 (muchos datan de 2002, 2003, 2004). En este nuevo marco temporal, el perjuicio podría orillar los $4.000.000.000, en un cálculo conservador: sólo este lote de tarjetas, de este puntero, y de este partido político.
