La decisión se produce en medio de un contexto de creciente conflictividad que involucra a la tradicional firma láctea y al gremio de los trabajadores del sector. Si bien el documento no detalla el origen específico del reclamo económico, la intervención de ATILRA y la competencia del fuero laboral vinculan la medida con un conflicto de naturaleza laboral.
El embargo preventivo constituye una medida cautelar destinada a resguardar activos ante una eventual sentencia favorable para la parte demandante, sin que ello implique una resolución definitiva sobre el fondo de la controversia.
Ahora será el INPI quien deberá instrumentar la orden judicial sobre los registros marcarios alcanzados y comunicar su cumplimiento al tribunal interviniente.
