Balance de los tres primeros juicios por jurados en Santa Fe: en 2026 le tocará a Rosario

Esta semana, un jurado integrado por 12 ciudadanos declaró a un hombre culpable de un homicidio cometido en San Javier. Según el secretario de Justicia de la provincia, Santiago Mascheroni, el balance es positivo: “Hemos visto madurez y buen comportamiento de parte del jurado ciudadano”. El histrionismo de defensores y fiscales, la presencia de la emoción en el análisis y los temores de los ciudadanos, bajo la lupa del funcionario

Con la declaración de culpabilidad a Mario Humberto Romero por el homicidio de una mujer llamada Dominga Ermida Favot, cometido en 2022 en San Javier, ya son tres los casos en los que un jurado popular decidió el futuro de personas acusadas de delitos de extrema gravedad en la provincia de Santa Fe. Y para 2026 se espera que esa modalidad tenga su primera vez en el departamento Rosario.

A través de este sistema de juzgamiento, contemplado en la Constitución nacional desde 1853, un grupo de doce ciudadanos sorteados de un padrón asume la difícil tarea de definir si existió el hecho que se investiga y si el acusado es culpable o no. Mientras en otras provincias argentinas se venía desarrollando desde hace un tiempo y con diferentes modalidades (por ejemplo, en Córdoba los jueces son 8; o en Chaco la resolución debe ser por unanimidad, mientras que en la nuestra alcanza con una mayoría agravada de 10 sobre 12), en la Bota comenzó en 2025.

Además de la declaración de culpabilidad a Romero (a quien luego el juez le aplicó la pena de prisión perpetua por haber asesinado en ocasión de robo a quien le daba trabajo como jardinero), otros dos jurados populares diferentes decidieron la suerte de dos personas también señaladas por crímenes aberrantes: encontraron culpable a Iván Carrizo por el asesinato de Lautaro Leandro (homicidio sucedido en Santa Fe, cuando la víctima se aprestaba a comprar una moto tras concertar la operación por Marketplace; al acusado luego le dieron perpetua) y hallaron responsable a Rubén Alberto Ulrich, productor agropecuario de la localidad de Monigotes, de matar bajo emoción violenta al policía Franco López en enero de 2023, a quien luego el juez Nicolás Stegmayer le aplicó una pena de 4 años de prisión.

Según el secretario de Justicia de la provincia, Santiago Mascheroni, el balance de lo sucedido hasta ahora es “positivo”. “Si bien no hay una casuística como para hacer una proyección, los inicios de un instituto nuevo siempre son dificultosos. Toda la etapa de debate y puesta en marcha generaba muchas dudas en la gente, que preguntaba sobre cuestiones de garantía, y no sabíamos si se iba a involucrar, más allá de que esto es una carga pública. Pero hasta ahora ha habido madurez y buen comportamiento del jurado ciudadano”, declaró el funcionario.

Las dudas del inicio
 
Como ocurre en todos los ámbitos de la vida, la puesta en marcha de un nuevo proyecto demanda de tiempo, esfuerzo y acostumbramiento. Y la instancia del juicio por jurados en Santa Fe no es la excepción: “Primero hubo que armar el padrón. Y deben seguirse criterios especiales según lo que la ley establece: que sean personas mayores de 18 años y menores de 75, que no pueden ser abogados ni tener formación jurídica, que no pueden ser integrantes de las fuerzas armadas ni de seguridad, que no pueden estar condenados, ser deudores morosos ni funcionarios públicos. Pero ya está funcionando y de a poco el sistema se irá implementando en todo el territorio provincial”, dijo Mascheroni.

Cada jurado está compuesto por 12 integrantes titulares y dos suplentes, divididos proporcionalmente entre varones y mujeres, que son sorteados de ese listado inicial y luego sometidos a un proceso de selección por la parte acusatoria, la defensa y la querella. “Y hay que remarcar que los jurados son jurados de los hechos, no de derecho. El jurado no pone pena: sólo determina veredicto de culpabilidad, no culpabilidad o culpabilidad con alguna justificación”, explicó el secretario.

“Ni bien termina de producir el veredicto, el juez les agradece los servicios prestados y los libera. Y luego, de forma inmediata, el juez establece el trámite de cesura, que es la valoración de todas las circunstancias y la imposición de la pena, que sí corresponde a un juez de derecho profesional. La ciudadanía valora los hechos, valora la prueba y determina un veredicto: ese veredicto, en caso de inocencia, no es apelable. Luego el juez gradúa y fija la pena, y después, en otra instancia, las partes discutirán si eso está a derecho o no”, agregó.

Los delitos que se dirimirán en un juicio de estas características son homicidios, abuso sexual seguido de muerte, y también el accionar policial y penitenciario en casos de enfrentamiento. “Hasta ahora han sido sólo tres, pero había más casos para que fueran juzgados por jurados. Lo que ocurrió es que esos juicios finalmente se abreviaron. También puede pasar que el reo se niegue a ser juzgado por jurados y el fiscal lo admita, y en ese caso el juicio sigue con un juicio oral. Algo que aún no ocurrió”.

Una carga pública ineludible
 
En Hollywood es profusa la lista de películas o series en las que algún miembro del jurado es presionado o sobornado para fallar de determinada manera. Y hasta puede ser normal que alguien se sienta intimidado a tener que bajar o levantarle el pulgar a un peligroso delincuente con su voto. De todos modos, Mascheroni aclara que es una carga pública imposible de evitar, salvo contadas excepciones.

“Los mayores de 70 años o las mujeres que están en etapa de lactancia pueden solicitar ser dispensados de la función de integrar el jurado. El resto, no: salvo que haya un impedimento absoluto, como una situación de discapacidad. Hay que tener en claro que la carga pública no sólo es para el jurado: también para el empleador, sea el Estado o en la actividad privada. Nadie puede decir que no va porque el patrón no lo deja, o porque si no pierde el trabajo”, aclaró el secretario.

Además, el integrante del jurado puede solicitar un viático equivalente a medio jus por día mientras dure el juicio (el valor del jus en Santa Fe, según actualización de agosto de 2025, es de 103.000 pesos). Los gastos de alojamiento y alimentación también corren por cuenta del Estado. “Esto lo digo porque quizás podés tener un juicio en Rosario, pero del padrón puede salir gente de Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo, o aún más lejos. En el caso del juicio en San Cristóbal, había gente sorteada de Tostado, de Rafaela, etcétera”, detalló.

Los jurados están liberados y dispensados de dar razón de sus dichos y explicar cómo se votó. Y, como se explicó más arriba, en Santa Fe el jurado puede alcanzar su resolución por mayoría calificada o por unanimidad. “El veredicto puede alcanzarse con una mayoría agravada de 10 sobre los 12 jurados. Esto fue pensado para evitar las presiones que podrían recaer sobre sus integrantes. Hay ahí un resquicio que permite un mayor cuidado ante una sociedad que recién arranca con esto. Más adelante se verá si se mantiene ese criterio, se reduce o aumenta el tipo de mayoría agravada que se requiere para un veredicto de culpabilidad”, explicó Mascheroni.

“Es claro que puede haber miedo, pero es el mismo miedo que puede tener un fiscal. Y para ellos es peor, porque están identificados. Hay situaciones que conllevan riesgo y la garantía es el control del Estado. Así como te digo esto, también te digo que había gente que e preguntaba dónde podía anotarse para ser jurado, porque quería atravesar esa experiencia”, contó.

¿Ponderaciones de prueba más emocionales que técnicas?
 
En los tres casos ya realizados en Santa Fe, Mascheroni admite que las resoluciones no fueron tan diferentes a las de la justicia tradicional: “En estos tres casos, incluido el de San Cristóbal, el análisis es que, si hubiera habido jueces letrados, el fallo habría sido culpables y con perpetua; pero el jurado, con un criterio distinto, también frente a presiones sociales, dictaminó homicidio ajustado a emoción violenta”. Vale recordar que, según el jurado, Ulrich mató al amante de su esposa bajo emoción violenta y por eso la pena que le aplicó el juez fue de 4 años de prisión.

“Yo entiendo que hay elementos anímicos que juegan en todos los planos. Pero no creo que los jueces tengan la frialdad de un piloto de la NASA. Hay un montón de cosas que entran en juego en la administración de justicia impulsada por seres humanos que está dentro de la sociedad. Y si miramos retrospectivamente, no siempre los fallos de los jueces del derecho han sido técnicamente adecuados. Hay un sistema que permite el doble conforme, que permite el análisis de la presunta inconstitucionalidad: o sea, hay un mecanismo que permite revisar las decisiones si fuera sólo pura emoción”, añadió.

Por eso, para Mascheroni ahora adquiere más importancia la capacidad de oratoria y retórica de los abogados: “Evidentemente, es de suma importancia la forma de presentar las pruebas. Yo he visto juicios en los que uno arranca pensando que el acusado es culpable y a los 10 minutos ya piensa al revés. La instrucción del juez es importante, el rol y la ponderación de la prueba por parte de la acusación y la defensa es muy importante. Ahora, así como el defensor puede poner énfasis y tener condiciones histriónicas, el fiscal también debe tenerlas. Esto exige una capacitación, un entrenamiento, una forma de presentar los elementos probatorios”, sostuvo.

Finalmente, y en cuanto a cuándo tendrá lugar el primer juicio por jurados en el departamento Rosario, Mascheroni no pudo dar certezas: “No hay fecha cierta, eso lo determinará la Oficina de Gestión Judicial. Sí que será en 2026 junto a Reconquista y Venado Tuerto”.

FUENTE: ROSARIO3