Los integrantes de la máxima instancia penal declararon “inadmisible” el recurso presentado por el tributarista rafaelino, que buscaba provocar un colapso en una de las causas más importantes de los últimos años.
La Cámara de Casación Penal declaró inadmisible el recurso presentado por el tributarista rafaelino Guillermo Zenclusen, por lo cual la causa que tiene al exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, como principal acusado –está preso en su domicilio– seguirá adelante bajo el nuevo Código Procesal Penal, tal como sucedió hasta ahora.
Si Casación aceptaba el planteo de este abogado, las investigaciones corrían riesgo de volver a fojas cero o sufrir una demora que podría haber sido fatal. Los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques bocharon el intento de este abogado, que era una salida que podía favorecer a Bailaque.
A lo largo de la audiencia, cada sector expuso sus planteos de acuerdo a sus intereses. La defensa de Guillermo Zenclusen expuso que la causa en la que está involucrado el abogado tributarista comenzó en 2019 y que en ese momento estaba vigente el Código Procesal Penal inquisitorio, es decir, aquel en el que el juez tiene el control de la causa. Por eso, pidió que el caso, que tiene a Marcelo Bailaque entre los acusados, sea investigado con esas condiciones y no como ocurre actualmente, con el sistema acusatorio, en el que los fiscales tienen la batuta de la investigación.
Un planteo similar realizó Bailaque y fue rechazado tanto por la Cámara Federal de Apelaciones como en la propia instancia de Casación Penal, por lo cual este pedido gira sobre el mismo objetivo: que la causa quede congelada y no siga avanzando.
En contraposición con la mirada de la defensa de Zenclusen, el fiscal general Raúl Plé sostuvo que la fecha del inicio de esta causa fue en noviembre de 2024, cuando cesó el intento de extorsión, que es en el momento en el que Bailaque se excusó de la causa en la que estaba el financista Claudio Iglesias siendo investigado a partir del anónimo trucho que había entrado en su juzgado en 2019, después del asado que mantuvieron en su quincho, junto con el extitular de la AFIP Carlos Vaudagna y Fernando Whpei.
Oscar Romera, abogado defensor de Iglesias, que participó de forma virtual de la audiencia, coincidió con el fiscal general y sostuvo además que en setiembre de 2024 Bailaque delegó el caso en la fiscalía. Eso da la pauta que, en el plano temporal, en ese momento regía el nuevo código.
Tras un cuarto intermedio, los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques definieron rechazar el planteo de Zenclusen, una semana después de que aceptaran tratarlo.
Mahiques sostuvo a las 14.25 que esa Cámara ya se expidió, cuando lo planteó Bailaque, la aplicación del nuevo procesal penal. En ese momento, Casación declaró inadmisible el planteo del exjuez. “Esa incidencia se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de la Nación”, afirmó Mahiques. “Se convalidaría en un escenario complejo”, porque habría causas que se rigen con distintos códigos, apuntó.
“Corresponde rechazar el planteo presentado por la defensa de Zenclusen”, afirmó Mahiques, y puso fin al planteo presentado por el abogado tributarista que buscaba derribar la causa que lo puede tener como imputado en los próximos días.
Habían surgido dudas sobre la decisión que iba a tomar Casación, debido a que había aceptado el recurso presentado por Zenclusen, algo que no se entiende porque ya habían sido rechazados los que había promovido Bailaque en su momento. La audiencia fue totalmente innecesaria.
Bailaque está siendo investigado en tres causas. Una se inició a partir de lo que reveló Aire de Santa Fe el 10 de junio de 2024, cuando se publicó que el entonces magistrado compartía su contador, Gabriel Mizzau –también con prisión domiciliaria-, con el principal narco de Rosario Esteban Lindor Alvarado. Mizzau firmó los balances de la empresa Sagrado Corazón, una de las que usaba este criminal para lavar dinero, con el asesoramiento del contador de Bailaque.
Además, está sospechado de favorecer a Alvarado al no autorizar durante tres años escuchas telefónicas contra personas de su entorno entre 2013 y 2016, lapso en el que el narco tuvo un exponencial crecimiento económico en base al tráfico de drogas y mató a decenas de sus rivales en el negocio mafioso.
Bailaque está acusado también de extorsionar a un empresario, junto con el financista Fernando Whpei, quien como los otros imputados goza de la prisión domiciliaria, que este viernes se prorrogó por otros 30 días.
Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP Rosario, declaró como arrepentido en la causa y contó que en un asado en 2019 en la casa del entonces magistrado se coordinó la extorsión contra Claudio Iglesias, a partir de la apertura de una causa en base a un anónimo trucho.
Bailaque ordenó allanamientos e inhibió a nivel bancario a este empresario, al que se pretendía perjudicar, según Vaudagna, por aspirar a presidir la compañía San Cristóbal Seguros. Esta compañía aparece involucrada en la causa que tiene al expresidente Alberto Fernández procesado por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
La compañía rosarina, de acuerdo a la causa, habría pagado supuestos retornos mediante facturas por tareas falsas o genéricas, como “servicios empresariales”, “catering” o “horas de servicios prestadas”.
El exjuez está acusado además de favorecer a su “amigo” Whpei, que dirigió la mutual Grupo Unión, con el manejo de los fondos millonarios de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín.
La entidad estaba bajo intervención judicial, luego de que le abrieran una causa por lavado de dinero al extitular Herme Juárez, alias Vino Caliente.
Bailaque avaló que unos 1000 millones de pesos pasaran a ser operados por la mutual de Whpei, quien habría financiado campañas políticas de dirigentes de un universo transversal a nivel ideológico, como La Cámpora, Juntos por Cambio y el radicalismo.
La compañía rosarina, de acuerdo a la causa, habría pagado supuestos retornos mediante facturas por tareas falsas o genéricas, como “servicios empresariales”, “catering” o “horas de servicios prestadas”.
El exjuez está acusado además de favorecer a su “amigo” Whpei, que dirigió la mutual Grupo Unión, con el manejo de los fondos millonarios de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín.
La entidad estaba bajo intervención judicial, luego de que le abrieran una causa por lavado de dinero al extitular Herme Juárez, alias Vino Caliente.
Bailaque avaló que unos 1000 millones de pesos pasaran a ser operados por la mutual de Whpei, quien habría financiado campañas políticas de dirigentes de un universo transversal a nivel ideológico, como La Cámpora, Juntos por Cambio y el radicalismo.
La negativa fue firmada por los jueces Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña. En disidencia, votó el juez Carlos Mahiques, quien consideró que el viejo código era el que debía aplicarse para este expediente.
El capítulo por este tema parecía zanjado pero la semana pasada la defensa de Guillermo Zenclusen, un tributarista de Rafaela, llegó con el mismo reclamo al máximo tribunal federal del país. Y nuevamente fue rechazado.
El jueves pasado Casación resolvió llamativamente hacer lugar a la queja. La Sala tiene ahora otra integración. Ya no interviene Barroetaveña, que fue reemplazado por el juez Mariano Borinsky.
El fallo firmado por Mahiques y Borinsky señala que “en la medida en que la queja deducida reúne los requisitos de admisibilidad y fundamentación, corresponde proceder a la apertura de la instancia casatoria y habilitar el conocimiento de esta Cámara”. Fuente y fotografía: Aire de Santa Fe
FUENTE: DIARIO CASTELLANOS
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