El reciente episodio ocurrido en pleno centro de Rafaela, donde un lavacoches agredió a un agente de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) y ambos terminaron atropellados, no es un hecho aislado. Es, más bien, la punta del iceberg de una problemática que lleva años sin resolverse: la presencia de trabajadores informales en la vía pública, la falta de regulación sobre su actividad y los reiterados conflictos que se generan con las fuerzas de seguridad y los ciudadanos.
Lo que sucedió en la intersección de Moreno y 25 de Mayo es preocupante no solo por la violencia del hecho en sí, sino también por lo que revela en términos de convivencia y gestión urbana. El lavacoches, según testigos, lanzó un balde de agua a un agente de la GUR, iniciando un forcejeo que terminó de la peor manera cuando ambos fueron embestidos por un automóvil que transitaba por la zona. Como si esto fuera poco, el trabajador informal luego golpeó al Jefe de la GUR y huyó corriendo hasta ser detenido tras una persecución.
La pregunta que surge es: ¿cómo se llega a este nivel de conflicto en la calle? La respuesta es multifacética. Por un lado, está el rol de los lavacoches, una actividad que, aunque legítima en su esencia, carece de regulación y muchas veces deriva en situaciones de tensión con los conductores que se niegan a pagar por el servicio. Por otro lado, está la actuación de las fuerzas de seguridad y el Municipio, que parecen no encontrar una estrategia clara para abordar el problema.
En Rafaela, como en muchas otras ciudades, la figura del lavacoches ha sido históricamente objeto de controversia. Para algunos, son trabajadores informales que buscan ganarse la vida en un contexto económico adverso. Para otros, representan un problema de seguridad y convivencia, especialmente cuando algunos recurren a la intimidación o el acoso para obtener dinero de los automovilistas.
Las encuestas realizadas tras el incidente reflejan esta dicotomía. Hay quienes defienden el derecho al trabajo y sugieren que la Municipalidad implemente un registro que permita diferenciar a aquellos que cumplen con normas básicas de convivencia de quienes generan disturbios. «Si lo hacen bien, es un trabajo como cualquier otro», opinó un vecino. «Pero tendría que haber algún control porque algunos generan situaciones molestas».
Otros, en cambio, consideran que la presencia de los lavacoches es un problema en sí mismo, especialmente cuando no hay reglas claras que regulen su accionar. «Hay algunos que son respetuosos y otros que no. Tienen que empezar a controlar a los que generan problemas», señaló otro ciudadano.
El Municipio ha optado históricamente por una postura ambigua respecto a los lavacoches. No los regula, pero tampoco los prohíbe. No los reconoce como trabajadores formales, pero interviene cuando los conflictos escalan. El resultado de esta falta de definición es una ciudad donde el problema persiste y se agrava con el tiempo.
La persecución que terminó con un atropello en una de las esquinas más transitadas de Rafaela deja en evidencia la falta de protocolos adecuados para intervenir en este tipo de situaciones sin poner en riesgo la seguridad de terceros.
Además, la situación de los lavacoches no puede analizarse sin considerar el contexto socioeconómico que la rodea. La falta de oportunidades laborales, la pobreza, el consumo problemático y la marginalidad empujan a muchas personas a trabajar en la calle, sin otra alternativa. Criminalizar su actividad sin ofrecer soluciones concretas solo contribuirá a profundizar el problema.
El debate sobre los lavacoches no es nuevo, pero sigue sin respuestas efectivas. Mientras algunos trabajadores informales generan problemas de convivencia, otros intentan desempeñar su labor con respeto y dignidad. Sin embargo, la falta de regulación los deja a todos en un limbo legal que facilita los conflictos y agrava la situación.
La seguridad y la convivencia en el espacio público no pueden quedar libradas al azar. Si no se toman decisiones firmes, los enfrentamientos entre lavacoches, ciudadanos y fuerzas de seguridad seguirán siendo una constante, con consecuencias cada vez más graves para toda la comunidad.
FUENTE: DIARIO CASTELLANOS
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