Sergio Schoklender cuestionó su condena por Sueños Compartidos: "No se desvió un puto peso"

Sergio Schoklender cuestionó el fallo del Tribunal Oral Federal N°5 que lo condenó a dos años y ocho meses de prisión en suspenso por el desvío de más de $206 millones destinados a la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos.

“Es un absurdo. No se animaron, después de quince años, a decir: ‘Perdón, usted no cometió ningún delito’. Está probado. El problema es Comodoro Py. No se animaron a reconocer el disparate que habían hecho. Todo empezó con Oyarbide”, sostuvo ante un móvil de La Nación.

Schoklender también cuestionó la pena impuesta y consideró que el fallo carece de lógica. “Si efectivamente se hubiera cometido un delito, incluso la pena de seis años que pidió el fiscal habría sido baja. El hecho de que me hayan impuesto una condena de dos años y ocho meses en suspenso demuestra cómo funciona el sistema”, afirmó.

En esa línea, anticipó que recurrirá la decisión judicial. “Lo que hacen es imponer una pena simbólica y patear todo el tema a la Corte. Hoy dicen dos años, pero los fundamentos recién se conocerán en noviembre. Después tendremos que ir a Casación y, más tarde, a la Corte”, señaló.

El exapoderado volvió a cuestionar el funcionamiento de los tribunales y rechazó las acusaciones en su contra. “No hay explicación. Este edificio es la muestra palpable de lo degradado que está el sistema judicial argentino. No se desvió un puto peso. Hay muchas casas que no se terminaron, pero eso ocurrió después de que yo me fui”, concluyó.

Las condenas por Sueños Compartidos

El TOF N°5 también condenó a Pablo Schoklender a dos años y ocho meses, mientras que el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario José López  recibieron penas de dos años y nueve meses de prisión en suspenso. En tanto, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto.

La investigación comenzó en 2011, tras el conflicto entre los Schoklender y Hebe de Bonafini, y llegó a juicio oral el 4 de marzo de este año, después de quince años. El debate se extendió durante seis meses.

El expediente analizó el destino de los fondos que el Estado nacional giró entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo mediante convenios con el Ministerio de Planificación, entonces conducido por De Vido, para construir viviendas y centros de salud en distintas provincias. De los casi $748,7 millones administrados por la fundación, la acusación sostuvo que $206,4 millones fueron desviados hacia empresas vinculadas a sus apoderados.