A casi tres años del escándalo político desatado por los viajes de lujo en el yate El Bandido por el mar Mediterráneo junto a Sofía Clerici, la causa contra el exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, cobró un nuevo e inesperado impulso procesal. La Justicia Federal de Lomas de Zamora busca determinar la existencia y el paradero de un material audiovisual oculto que podría reconfigurar la estructura de pruebas sobre el presunto patrimonio injustificado del exfuncionario, su exesposa Jesica Cirio y la propia Clerici.
La pista se reactivó formalmente luego de que el fiscal federal Sergio Mola requiriera una serie de medidas de prueba a raíz de información de alto impacto difundida en el programa televisivo ¿La Ves?, emitido por la señal de noticias TN.
Los detalles de la filmación: millones y termosellados
De acuerdo con los elementos que obran en el expediente, la Justicia intenta establecer el origen de al menos dos filmaciones caseras que habrían sido registradas con anterioridad a la ruptura de la pareja.
El primer registro: Las versiones incorporadas a la pesquisa sostienen que la grabación se habría realizado en el sector del vestidor de la vivienda que compartían en un exclusivo predio de San Vicente. Allí, según las descripciones analizadas por los investigadores, se observaría a la conductora televisiva abriendo compartimentos que contenían numerosos fajos de dólares termosellados.
El segundo escenario: Fuentes del caso señalaron la supuesta existencia de una segunda secuencia audiovisual, registrada en otro ambiente de la misma propiedad, donde la operatoria con dinero en efectivo se reiteraría sobre una mesa de madera.
El origen de la filtración y las citaciones judiciales
La hipótesis judicial vincula la circulación de este material a una compleja trama que intersecta la exposición pública con disputas financieras de índole extorsiva. Según la información que motivó el accionar del Ministerio Público, las imágenes habrían sido exhibidas originalmente por Elías Piccirillo —último esposo de Cirio, actualmente bajo régimen de arresto domiciliario por una causa ligada a maniobras cambiarias con el mercado del dólar blue durante el cepo cambiario— al periodista Diego Suárez.
Frente a este escenario, el juez federal Luis Armella dictó una resolución de alto impacto técnico:
Convocatoria bajo juramento: Citó formalmente al periodista Suárez a prestar declaración testimonial el próximo 25 de junio a las 11:00. El objetivo de la citación es que el testigo brinde detalles precisos sobre todo lo que sepa respecto a la filmación en la quinta de San Vicente.
Requerimiento corporativo: El juzgado cursó un oficio a la firma Artear para constatar si la compañía de medios poseía copias o registros del mencionado material en sus archivos. No obstante, la empresa ya respondió formalmente informando que no dispone de dicho soporte audiovisual.
Ofensiva de las defensas y validación de las pruebas
La respuesta de los representantes legales de Martín Insaurralde y de Sofía Clerici no se hizo esperar. Los abogados defensores presentaron un pedido de nulidad contra las testimoniales ordenadas por Armella, argumentando que la citación forzosa del periodista implicaba una violación directa al derecho constitucional de la protección del secreto de la fuente periodística.
Sin embargo, el juez de la causa rechazó el planteo de las defensas de forma tajante, ratificando la plena vigencia de la audiencia del 25 de junio. Para el tribunal, la citación no vulnera las garantías constitucionales del ejercicio periodístico y resulta un paso indispensable para el avance de la causa por lavado de activos.
La resolución judicial se produjo en paralelo a otra declaración clave en el expediente: la comparecencia del contador Walter Dardo de la Fuente, quien fue interrogado minuciosamente sobre la confección y firma de los balances contables de la sociedad anónima Sasaxa Libero S.A., una de las firmas bajo la lupa pericial por presuntamente haber sido utilizada como pantalla para la canalización de fondos ilícitos. Los investigadores judiciales sospechan ahora que las versiones del video no son nuevas, sino que formaron parte de las primeras y severas tensiones económicas que rodearon la división de bienes de la pareja tras su separación.
