El tribunal de alzada cuestionó como “arbitraria” la decisión del tribunal de primera instancia de apartar a la denunciante del proceso por no tener abogado.
“A mi ver, la inconducta procesal de la víctima en esa época (reticente en términos generales) puede explicarse por su situación de indigencia letrada, que la colocaba en una posición de vulnerabilidad”, explicó uno de los camaristas.
En disidencia fue la votación de Jantus que detalló que el apartamiento de la denunciante no fue “antojadizo, intempestivo e inmotivado”, sino el resultado de “diversas diligencias llevadas a cabo por la directora del proceso penal que la querellante resistió activamente”.
La causa se originó a partir de la denuncia de una exfuncionaria municipal, quien acusó a Espinoza de haberla abusado en su despacho. El expediente había sido cerrado por falta de pruebas, pero la Cámara consideró que existen elementos suficientes para que el caso sea debatido en un tribunal.
