La investigación sobre irregularidades en las contrataciones de la empresa estatal ARSAT derivó en un hallazgo que excede las previsiones originales de los tribunales de San Isidro. Un procedimiento policial en la Ciudad de Buenos Aires concluyó con el secuestro de más de 2,5 millones de dólares en efectivo y diversas sustancias de diseño, lo que alteró el curso del expediente penal y puso bajo la lupa la evolución patrimonial de la antigua cúpula de la firma de telecomunicaciones.
De una auditoría por robo al hallazgo de millones en Palermo
El origen de la pesquisa judicial se remonta al primer trimestre de 2024, cuando las autoridades de la Red Federal de Fibra Óptica denunciaron el vaciamiento de un predio logístico en la localidad bonaerense de San Fernando. Sin embargo, las medidas de prueba dispuestas por el juzgado de Lino Mirabelli y la fiscalía de Fernando Domínguez desplazaron el foco desde el simple hurto de materiales hacia la legalidad de los contratos otorgados a la prestadora del servicio de custodia durante la gestión de Alberto Fernández.
Los indicios de presunta defraudación al Estado motivaron el allanamiento de una propiedad vinculada a Facundo Leal, ex presidente de ARSAT, ubicada sobre la calle Ortiz de Ocampo, en el barrio de Palermo. En el lugar, la división de Investigaciones contra el Narcotráfico incautó:
Moneda extranjera: USD 803.754 en efectivo y billetes de curso legal de múltiples países de la región y Europa.
Sustancias sintéticas: 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de éxtasis, 128 gramos de ketamina y dosis menores de cocaína.
A raíz del hallazgo de divisas no declaradas, se libró una segunda orden de registro para un inmueble situado en la capital de Mendoza, donde las fuerzas federales secuestraron otros USD 1.787.600 en efectivo, consolidando una cifra total que supera los 2,5 millones de dólares sin justificación contable.
Inconsistencias en las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción
La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza la evolución de los activos de Leal, cuya trayectoria estatal abarca casi dos décadas. Los registros oficiales presentados ante los organismos de control exponen un crecimiento exponencial de sus bienes netos entre 2021 y 2025:
| Año Fiscal | Patrimonio Declarado (en pesos) |
| 2021 | $ 58.000.000 |
| 2022 | $ 118.200.000 |
| 2023 | $ 340.800.000 |
| 2025 | $ 528.000.000 |
El período de mayor aceleración financiera coincide temporalmente con las prórrogas contractuales otorgadas a firmas de logística por montos que superan el millón novecientos mil dólares. La mayor parte de este incremento se canalizó formalmente a través de una firma unipersonal sin actividad económica especificada, cuyo valor fiscal trepó de 3 millones a más de 220 millones de pesos en el lapso auditado.
La principal contradicción detectada por los investigadores radica en que, en su última presentación patrimonial del año 2024, el imputado consignó no poseer ahorros en moneda extranjera, declarando apenas una fracción nominal de un dólar.
Licitaciones cruzadas y la transversalidad en la función pública
El expediente detalla que el proceso de licitación para la guarda de insumos tecnológicos habría sido simulado. Las tres compañías que compitieron formalmente por los contratos estatales compartían la misma composición societaria y vínculos familiares cruzados. Según las fuentes judiciales, las extensiones de los plazos contractuales se aprobaron sin la autorización de la junta directiva de ARSAT, evadiendo los mecanismos internos de control.
A pesar de su identificación original con los sectores políticos alineados con el anterior Poder Ejecutivo Nacional, Leal mantuvo continuidad institucional tras el recambio de autoridades de diciembre de 2023. Su permanencia inicial en el área de telecomunicaciones y su posterior designación en el Organismo Regulación del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) en 2025 respondieron a su relación de cercanía con exmiembros del equipo de la Secretaría de Transporte.
La estrategia de la defensa y el secreto de sumario
Tras la declaración indagatoria del exfuncionario, el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro ratificó el secreto de sumario para procesar el contenido de las agendas y los dispositivos móviles secuestrados.
Los asesores legales del imputado centrarán sus argumentos en calificar la tenencia de las sustancias químicas bajo la figura de consumo personal, desestimando la hipótesis de comercialización. No obstante, el flanco técnico más complejo para la defensa consistirá en justificar el origen de los fajos de dólares termo-sellados hallados en las cajas de seguridad domiciliarias, dado que las declaraciones impositivas analizadas no reflejan transacciones comerciales ni operaciones inmobiliarias equivalentes a ese volumen de capital líquido.
