La medida, que aún debe ser promulgada por el gobernador Claudio Castro, generó fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
La Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro aprobó una ley que establece bonificaciones salariales para agentes de la policía civil en casos de confiscación de armas de gran calibre o en situaciones que resulten en la neutralización de personas consideradas criminales. El texto fue aprobado por amplia mayoría el martes y deberá ser promulgado por el gobernador Claudio Castro en un plazo de 15 días para entrar en vigor.
La iniciativa forma parte de un proyecto de reforma de la policía civil, encargada principalmente de tareas investigativas. La legislación contempla primas que van del 10% al 150% del salario del agente, dependiendo de la gravedad del caso. La medida generó rechazo entre organizaciones de derechos humanos y sectores políticos opositores, que advierten sobre el riesgo de incentivar el uso letal de la fuerza.
Muerte en política pública
El diputado federal Henrique Vieira, electo por Río de Janeiro, criticó la ley por considerar que convierte la muerte en política pública. “La seguridad no se logra mediante la barbarie”, expresó en la red X.
Una bonificación similar estuvo vigente entre 1995 y 1998, conocida como “bono del Lejano Oeste”, y fue derogada tras el aumento de muertes en operativos policiales. En la actualidad, las intervenciones armadas son frecuentes en favelas y zonas de alta vulnerabilidad, donde operan grupos narcotraficantes y organizaciones criminales.
El abogado Djeff Amadeus, del Instituto de Defensa de la Población Negra, advirtió que la ley podría derivar en una escalada de violencia por parte de agentes que busquen mejorar sus ingresos. También alertó sobre la posibilidad de que el beneficio se extienda a la policía militar, fuerza con funciones represivas y antecedentes de uso excesivo de la fuerza.
Según datos oficiales, en 2024 se registraron 703 muertes en intervenciones policiales en el estado de Río, lo que equivale a casi dos por día. Aunque representa una caída del 19% respecto a 2023, las cifras siguen siendo motivo de preocupación para organismos de derechos humanos, especialmente por el impacto sobre la población afrodescendiente.
La ley aún no está vigente y su aplicación dependerá de la decisión del gobernador. Mientras tanto, el debate continúa en torno a los límites del uso de la fuerza, el rol de las fuerzas de seguridad y las garantías constitucionales en contextos de alta conflictividad social.
FUENTE: BORDER PERIODISMO
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