

Hace apenas unas semanas, el concejal Augusto Rolando presentó un Proyecto para reemplazar un Código de Faltas vigente desde hace más de 40 años en la ciudad. Desde CASTELLANOS, dialogamos en exclusiva con el concejal sobre el alcance del Proyecto, su impacto en la cotidianeidad de la ciudadanía y exploramos las distintas aristas sociales que se tuvieron en cuenta para su diseño.
25/08/2025
Por Nicolás Bordón- La Rafaela actual poco se parece a la ciudad de 1970, cuando se sancionó el Código de Faltas que aún rige. En cinco décadas, la población pasó de 60.000 a más de 100.000 habitantes, se multiplicaron los barrios (hoy suman 42), creció el parque automotor y se diversificaron las actividades sociales y comerciales. Ese salto cuantitativo y cualitativo dejó en evidencia un desfase: la norma que debía regular la convivencia ya no responde a la realidad de la ciudad.
Normas, legitimidad y confianza ciudadana
En su obra «Modernidad líquida» (2001), el sociólogo Zygmunt Bauman advertía que el orden no es un estado natural de la sociedad, sino una construcción frágil que depende de la capacidad de sus miembros para compartir reglas comunes. Esto implica que las normas de convivencia no sólo regulan conductas, sino que funcionan como un pacto simbólico entre individuos y comunidad. Cuando las reglas pierden sentido o son percibidas como injustas, se debilita la cohesión social y se erosionan los vínculos de confianza hacia las instituciones que las aplican. Por ello, la actualización del Código de Faltas de la ciudad no es simplemente un cambio legal, sino un proceso de redefinición de los límites de lo permitido y lo prohibido en la vida urbana.
A su vez, Jürgen Habermas en «Teoría de la acción comunicativa» (1981) sostiene que la legitimidad de las normas se sostiene en la participación y en el reconocimiento colectivo de su sentido. Si los ciudadanos perciben que las reglas son anacrónicas o injustas, no sólo se debilita su cumplimiento, sino también la confianza en las instituciones que las aplican.
Desde esta perspectiva, actualizar un código de convivencia no es un mero trámite administrativo, sino un proceso de reafirmación del consenso social; ya que la norma debe ser comprensible, aplicable y percibida como justa para que cumpla su función reguladora.
Reflexiones desde la práctica: la norma en el día a día de la ciudad
En relación al significado social que conlleva el cambio de esta normativa tan añeja en la ciudad, Rolando sostuvo: «Significa entender que la Rafaela de hoy, necesita adaptar las normas para que reflejen lo que los rafaelinos están viviendo. Eso fue lo que hicimos. A nivel local, pasamos de una ciudad de 60 mil personas viviendo en 15 mil viviendas a una ciudad de más de 100 mil personas distribuidas en 25 mil viviendas y 42 barrios. Eso implica nuevas calles, comercios, clubes, un tejido sociocultural más diverso y complejo, y muchas más relaciones de convivencia por día. Las normas son estables, pero requieren evolucionar. El Código actual es de los años 70, con algunas modificaciones posteriores, y la ciudad y el país, cambiaron mucho desde entonces. El Código (previo a esta modificación) tiene artículos que reflejan prácticas de la época de la dictadura, como la pena de arresto aplicada por funcionarios del Departamento Ejecutivo».
En la misma dirección, el Proyecto de modificación del código hace énfasis en el desfasaje que existe entre el actual y las realidades cotidianas de los rafaelinos. Según Rolando, «Este desfasaje afecta la percepción de efectividad y eficiencia de la justicia local, especialmente en la rapidez o de la simplicidad con la que un trámite puede resolverse.
Desde el punto de vista del orden y la justicia, resulta clave que una persona que pasa un semáforo en rojo y pone en riesgo la vida de otro rafaelino, pueda ser sancionada con nuevas herramientas que hoy permite la tecnología, como las cámaras de monitoreo para el control del tránsito. El objetivo de la modificación es acercar el código a la vida cotidiana que hoy vivimos, y mejorar su efectividad para regular lo que sucede en la realidad».
Dentro de los cambios propios de la ciudad, se encuentra la incorporación de tecnología para fortalecer la seguridad y protección ciudadana. En relación al vínculo entre eficacia y confianza ciudadana en estos nuevos dispositivos, Rolando expreso: «Esta relación, se equilibra brindando información clara sobre lo que estamos promoviendo modificar y principalmente el objetivo último: poder vivir mejor, con mayor calidad de vida. Como toda herramienta que se usa desde el Estado, y especialmente cuando es para controlar a la ciudadanía, es necesario un marco de seguridad jurídica y respaldo porque sobre eso se construye la legitimidad de la autoridad. En el caso de la tecnología surgen dos desafíos extra. El primero es que muchas veces estas herramientas tecnológicas no son conocidas por la sociedad, lo que dificulta comprender cómo puede impactar en la vida cotidiana, por eso es fundamental brindar información clara y accesible. El segundo es la protección de los datos personales, las herramientas como el reconocimiento facial con inteligencia artificial procesan información física y sensible de las personas, que en manos equivocadas podría ser mal utilizada. En resumen, se trata de respetar las garantías de las personas, brindar información de calidad y definir con claridad los límites de lo que se puede y no se puede hacer en la convivencia en la ciudad».
Por último, en relación al modelo de ciudadanía que propone este nuevo código y su posible influencia en el fortalecimiento de la convivencia, la participación y responsabilidad ciudadana, Rolando sostuvo: «Esto tiene relación con el profundo debate entre si es el premio o el castigo la mejor herramienta para mantener nuestra convivencia. En lo personal, entiendo que nuestras modificaciones al Código pueden contribuir a esta consolidación pero tampoco creo que eso sea una relación directa. Puntualmente respecto a la ciudadania responsable, entiendo que se necesita control pero también premiar al buen ciudadano. El tema participativo es un desafío distinto. Esperar que eso suceda con nuestra modificación es sobredimensionar el impacto de la actualización de una norma concreta. Sí creo que la participación política se está transformando y ello se mezcla con debates ideológicos de cómo el Estado debería ser. Los entornos digitales nos llevaron a una situación ambigua, por un lado generaron una participación muy cómoda y anónima con opiniones de poco fundamento, pero también nos dio contacto más directo con lo que pasa a nivel político y gubernamental (principalmente en el segmento joven).
En síntesis, proponemos una ciudad moderna, ágil y eficiente. Entendemos que las ciudades son entornos complejos que se sostienen en base a relaciones de respeto entre sus ciudadanos. La actualización de la norma nos brinda herramientas para controlar a quienes no cumplen con esas reglas, porque, al fin de cuentas, son esos incumplimientos los que terminan deteriorando la calidad de vida de los rafaelinos».