Se reunieron con los concejales para tratar este problema y analizaron las modificaciones en el Código de Tránsito. Los jueces de falta pidieron especificar las características visuales para que los inspectores puedan actuar sobre las motos estacionadas. Se votará la semana que viene o la próxima.
Este viernes por la mañana los concejales mantuvieron una reunión con los Jueces de Falta Municipal para dialogar sobre el problema vinculado al uso de caños de escape antirreglamentarios, en la sala de sesiones del Cuerpo Legislativo.
Estuvieron los jueces Nicolás Borda Bossana y Claudio Nicola, y el secretario de uno de los juzgados Alejandro Chiavassa; Germán Bottero, secretario de Gobierno y Modernización del Municipio, en el marco de un Proyecto presentado por todos los concejales con el objetivo de modificar dos artículos del código de tránsito.
Luego del encuentro quedó claro que se avanzará en la ordenanza debido a que los jueces de falta no la objetaron. Sugirieron incorporar un artículo que establezca criterios objetivos que les permita a los inspectores -para el caso de las motos estacionadas en la vía pública- determinar a «prima facie» que se trata de un caño de escape antirreglamentario. La idea es aprobar la norma porque hay acuerdo de los concejales y está en análisis para tener despacho la semana que viene o la próxima.
Al respecto, Nicola destacó que: «Agradecemos a los concejales que nos hayan convocado a esta reunión, conversando sobre la modificación a la Ordenanza de tránsito para poder retener tanto en marcha o estacionado en la vía pública a motos que le falten el silenciador, lo tengan alterado o posean los denominados escapes antirreglamentarios o truchos.
Entonces, expusimos nuestro parecer, estamos de acuerdo con el espíritu de la norma y es una solución que se tiene que dar. Tenemos algunas diferencias en cuanto a los procedimientos, pero en el todo estamos de acuerdo con la posibilidad de hacer esto. Hay que limar ciertos puntos como para garantizar la legalidad del procedimiento y no sea más una piedra en el camino, sino que quiere dar una solución», ante la consulta de este cronista de CASTELLANOS.
Por su parte, el presidente del cuerpo legislativo Lisandro Mársico sostuvo que: «Recordé la reunión en la vecinal del barrio Álamos del Aero Club, donde también hubo vecinos del Brigadier López y de El Bosque, planteando lo difícil que es una situación extrema de convivencia, con los residuos que dejan, las picadas y, sobre todo, los ruidos ensordecedores de inadaptados sociales con estas personas que con mucha mala intención frenan en las puertas de las casas y aceleran sus motos con escapes modificados o antirreglamentarios, que alteran la salud de las personas y de la salud pública, gente con discapacidad y animales. Esto no solamente se da en el cartel de Rafaela y frente a la UNRAF, sino que existen en otros puntos de la ciudad, donde se producen estas violaciones a la normativa».
Y agregó: «Los jueces estuvieron de acuerdo en que la moto, tal cual el Proyecto suscripto por todos los concejales, sea retenida estando estacionada; hoy lo que habilita la norma es la moto en circulación. En esa reunión mencionada se había sugerido a los concejales legislar con la moto estacionada y poder retenerla, presentamos el Proyecto y los jueces nos dieron el visto bueno. Nos pidieron aclarar mejor las condiciones del caño de escape para objetivizar más la norma, que a simple vista se pueda percibir que está modificado porque hay características visuales distintas al caño de escape reglamentario y nos pidieron que modifiquemos para que el trabajo de los jueces tenga mayor cobertura legal. Respecto a las sanciones aumentadas están de acuerdo, que el caño de escape sea cambiado en Control Público a su cargo, destruir el antirreglamentario y retirarse con el caño reglamentario colocado».
Finalmente, Martín Racca señaló que: «Se presentó un Proyecto de ordenanza y nos visitaron los jueces Nicola y Borda Bossana y el secretario Chiavassa para analizar los alcances, la aplicabilidad y las correcciones que consideraron necesarias. Hicieron aportes legales sobre cómo constatar las infracciones y las sanciones».
La iniciativa plantea la modificación del punto b) 6 del artículo 65 de la ordenanza 2969. El texto a cambiar contempla la retención ante «falta de silenciador, alteración del mismo en violación a las normas vigentes, salida directa total o parcial de los gases de escape, uso o instalación indebida de interruptor del silenciador. Se procederá de la misma manera, si el rodado se encontrare detenido o estacionado en la vía pública en condiciones de circular».
«El titular deberá disponer su recambio y/o inclusión por un caño de escape original o reglamentario, todo a su exclusivo cargo; condición indispensable para retirar el vehículo de las dependencias municipales. El antirreglamentario será decomisado y destruído por la autoridad de aplicación».
Asimismo, se propone modificar el inciso a) del punto 5 del artículo 26 del decreto-ordenanza 5088, en virtud de que las multas pasen a costar entre 7 a 30 unidades (cada unidad son 25 litros de nafta súper de YPF, actualmente está en $ 1.249 el litro), con lo cual la pena máxima sería de $936.750.
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