Causa compra de armas: revelan que la maniobra podría haberle costado al Estado más de 9 millones de dólares

En el inicio de la causa judicial, se calculó el monto del perjuicio que hubiera tenido para el Estado provincial la fallida compra de armas para la Policía. El exministro Marcelo Sain, bajo la lupa.

La Justicia santafesina decidió mantener por un año más las medidas cautelares impuestas a los exfuncionarios públicos imputados en el marco de una causa que investiga irregularidades en una licitación para comprar armas para la Policía de la provincia por un monto total de 17 millones de dólares.
 
Hace dos años, el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos Ezequiel Hernández atribuyó el accionar delictivo al exministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, al exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, y al exsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Maximiliano Novas, quienes transitaron el proceso con una serie de restricciones.

 Este miércoles, el fiscal solicitó al juez Lisandro Aguirre prorrogar por un año más las medidas que pesan sobre los imputados y detalló en la audiencia los avances en la investigación, entre ellas, una serie de pericias e informes que lograron precisar el monto en el que se hubiera perjudicado a los fondos del Estado en más de 9 millones de dólares.

Armas
El accionar delictivo que se les atribuye a Sain, Montenegro y Novas es haber intentado beneficiar indebidamente a la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, que representa a una compañía israelí que es la única proveedora de los productos que se pretendían adquirir. En este sentido, el representante del MPA advirtió que, en el curso de la investigación, la empresa también fue imputada como persona jurídica.

 La imputación, concretada en mayo de 2022, precisó que "los imputados realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021, destinada a la compra de armas para la Policía de la provincia de Santa Fe".

 Según se precisó en la audiencia, la licitación era por un total de 17.103.543 dólares, y también se indicó que en caso de que se hubiera concretado, el perjuicio para el erario público hubiera rondado entre 2.814.000 y 8.274.000 dólares. Ahora, se actualiza que ese perjuicio hubiera superado los 9.000.000 de dólares.

 Hernández expuso la necesidad de mantener las medidas cautelares debido a que el avance de la investigación aumentó la prueba en contra de los sospechosos: el fiscal enumeró informes de cruces de llamadas, pericias contables, informes de la Dirección General de Aduanas, de la AFIP, y demás medidas que permitirían corroborar la hipótesis Fiscal y la intervención de los exfuncionarios imputados.

El fiscal destacó lo complejo de la causa, la cantidad de imputados y la gravedad del delito que se les atribuye a quienes entonces eran funcionarios públicos. Hernández recordó además que el monto máximo de la pena por el delito atribuido es de seis años de prisión, que también enfrentan la posibilidad de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y una multa por un monto que puede superar entre dos y cinco veces el de la maniobra endilgada.

 En su momento, tras diversas intervenciones administrativas y judiciales (del Ministerio de Economía, la Cámara Contencioso Administrativo, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas), la licitación fue dejada sin efecto. Por lo tanto, los imputados no lograron su objetivo de defraudar a la administración pública por razones ajenas a su voluntad. Los exfuncionarios transitan el proceso imputados como coautores de negociaciones incompatibles con el cargo en concurso ideal con tentativa de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta.

Prórroga de cautelares
El primer magistrado en dictar medidas cautelares en el proceso fue Gabriel Candioti, en mayo de 2022; al mismo tiempo, en una causa que comenzó a tramitarse al mismo tiempo por espionaje ilegal, el juez Martín Torres también dictó medidas cautelares: embargos de 100 mil dólares y caución personal por el mismo monto; prohibición de salir del país, de tener y portar armas de fuego; prohibición de acercamiento y de contacto con testigos y denunciantes; prohibición de ingreso a dependencias de los Ministerios de Seguridad y de Economía y a inmuebles de la policía santafesina; y obligación de informar la ausencia de su domicilio fueron las primeras medidas impuestas.

En febrero de 2023, ante una presentación de los fiscales por incumplimiento de algunas de estas medidas, la jueza Celeste Minniti advirtió que sólo se permitía la salida del país con fines académicos. Los imputados siempre debían notificar los viajes, y dar fechas de partidas y llegadas. Ahora, el juez Aguirre decidió mantener las medidas cautelares impuestas en el proceso, con una leve modificación: los imputados podrán viajar al exterior, sin importar la finalidad del viaje. De todos modos, deberán notificar días y horarios de partida y de regreso.

 Aguirre conminó a la Fiscalía a presentar la acusación lo más pronto posible para llegar a la etapa de juicio. En este sentido, Hernández aclaró que la investigación está prácticamente concluida, y que sólo debe ajustarse en la imputación el monto del perjuicio al erario público tras la culminación de las pericias contables.

 FUENTE: AIRE DIGITAL