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Como anticipó Ámbito en exclusiva, el Gobierno presentará una nueva ley ómnibus. Entre los principales puntos está la privatización de empresas públicas.
Como anticipó Ámbito en exclusiva, el Gobierno presentará una nueva ley ómnibus, más acotada que la anterior, pero con puntos que la gestión de Javier Milei considera clave para su plan económico. Entre ellos está la privatización de empresas públicas.
En la reunión con los gobernadores, el Gobierno propuso promover un paquete de alivio fiscal que incluye una Moratoria Impositiva, la Modificación a los Impuestos Internos al Tabaco, y la Eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas.
También, se discutió el incluir cambios en la Ley de Ingresos Personales, la eliminación de ciertas exenciones que aplican sobre la misma, y la modificación del Monotributo, aumentando las escalas de montos de facturación y de las cuotas fiscales. Por último, se propuso el impulso del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.
Cabe recordar que el paquete de alivio fiscal será incluido en tanto y en cuanto se logre la aprobación de la nueva Ley Bases.
Nueva ley ómnibus
El nuevo proyecto de ley ómnibus contempla 9 capítulos que van desde la Ley de Emergencia, Blanqueo Laboral, Privatizaciones, Desregulación Económica, y tema previsional, entre otros. En tanto, la modificación del Impuesto a las Ganancias se presentaría por separado.
Los ejes centrales del nuevo proyecto de ley incluyen: la declaración de Emergencia para aspectos administrativos, económicos, financieros y energéticos por solo 1 año, según pudo acceder Ámbito.
Una de las preocupaciones del Gobierno es avanzar en reformar el Estado con la consigna de liberar de su peso a los ciudadanos. En ese capítulo se plantean artículos referidos a que el Parlamento le delegue al Gobierno las herramientas para poder en la Administración central o descentralizada: reorganizar; fusionar, transformar, disolver parcial o totalmente órganos u organismos de la administración central o descentralizada creados por ley o norma de rango equivalente (se excluye a las Universidades, CONICET e INTA).
Los Fondos Fiduciarios también están incluidos. Éste punto fue el que llevó a que el presidente Javier Milei tomara en su momento la decisión de retirar el proyecto, tras la derrota durante su tratamiento en la Cámara de Diputados.
En este punto, en el nuevo proyecto se aspira que el Poder Ejecutivo pueda modificarlos, disolverlos o determinar la extinción de fideicomisos públicos y que los fondos pasen al Tesoro Nacional hasta la sanción de la próxima ley de Presupuesto.
Privatizaciones
Se insiste en las privatizaciones y se especifican qué empresas estarán sujetas a este proceso, a saber:
Aerolíneas argentinas s.a.
Energía argentina s.a.
Radio y Televisión Argentina s.e.
YCRT
Intercargo
Empresas mixtas:
Nucleoeléctrica Argentina s.a.
Banco de la Nación Argentina (y todas las empresas del grupo Nación)
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales s.a.
Privatización/Concesión:
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Correo Oficial de la República Argentina s.a.
Belgrano Cargas y Logística S.A.
Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE)
Corredores Viales S.A.
Reforma laboral
Uno de los temas considerados clave para la reactivación económica es la modificación laboral, en diferentes aspectos. La nueva ley ómnibus contempla en el Capítulo IV el tratamiento del Empleo Público. En tanto, el Capítulo VI contempla la “Promoción del empleo registrado” y establece la creación de un régimen de “blanqueo laboral”.
Reforma previsional
Este punto es clave para poder actualizar las jubilaciones. El Capítulo V prevé la modificación de la movilidad de las prestaciones previsionales y la modificación de la actual fórmula previsional.
La propuesta es un ajuste mensual por inflación más 10 puntos porcentuales de recomposición por el período anterior. Seguramente esta propuesta será resistida por varios legisladores que aspiran a que se contemple la recomposición de los meses de mayor inflación.
También se incluye un capítulo de Consolidación de Deuda Pública y el Estado retendrá las acciones de empresas dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
FUENTE: AMBITO