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Frenaron un operativo en una estancia de Lázaro Báez por un motivo insólito: hay 6.000 ovejas por parir

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La Fiscalía Federal suspendió durante 30 días el procedimiento en Alquinta, uno de los campos bajo investigación por lavado de activos y narcotráfico.

La investigación sobre el patrimonio de Lázaro Báez encontró un obstáculo inesperado en Santa Cruz. La Fiscalía Federal resolvió interrumpir durante un mes las tareas judiciales en la estancia Alquinta, una de las propiedades vinculadas al empresario, porque el establecimiento atraviesa el período de parición de unas 6.000 ovejas.

Durante el procedimiento, los efectivos detectaron animales con marcas ilegibles y señales que no corresponderían al campo. Sin embargo, las autoridades priorizaron evitar daños en la hacienda: los arreos podrían provocar situaciones de estrés en las ovejas preñadas y dejar a los corderos recién nacidos sin posibilidad de seguir a sus madres.

Los animales quedaron bajo custodia de efectivos de Gendarmería y de un peón que se presentó en el lugar. El hombre aseguró que había sido contratado por Claudia Insaurralde, pareja de Báez, quien permanece detenida desde el lunes pasado, cuando fue arrestada en el aeropuerto de Ezeiza.

La intervención se reanudará dentro de 30 días. Entonces, los investigadores buscarán establecer la cantidad exacta de cabezas de ganado y determinar su origen.

Alquinta, el campo favorito de Báez que vuelve a quedar bajo la lupa

La estancia tiene unas 51.000 hectáreas y está ubicada sobre la margen norte del río Gallegos, a unos 90 kilómetros de la capital santacruceña. Fue uno de los establecimientos más frecuentados por Báez y ya había sido allanado en 2016 por orden del fiscal Guillermo Marijuan. En aquella oportunidad, su valor fue estimado en USD 6 millones.

El operativo actual forma parte de una serie de procedimientos realizados en Buenos Aires y Santa Cruz, en el marco de una investigación que conecta presuntas maniobras de lavado de dinero con una organización dedicada al narcotráfico. En las tareas rurales participaron efectivos de Operaciones Rurales de Río Gallegos junto con personal de la Prefectura Naval.

La fiscalía sostiene que la estancia habría funcionado dentro de una estructura destinada a ocultar y administrar bienes de origen ilícito. Según la hipótesis de los investigadores, el circuito habría movilizado alrededor de $390.880 millones durante los últimos meses y continuaba bajo las órdenes de Báez, incluso desde el penal de Ezeiza, donde cumple una condena unificada de 15 años.

Las escuchas que ubican a Báez al frente de la organización

La causa está a cargo del fiscal federal Julio Zárate, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte.

La investigación comenzó con intervenciones telefónicas realizadas en otro expediente contra una organización narcocriminal. Según la acusación, nueve integrantes transportaban cocaína en camiones y distribuían la droga a través de un lavadero utilizado para concretar las entregas.

La fiscalía sostiene que las ganancias del narcotráfico ingresaban al circuito legal mediante cuentas bancarias y propiedades registradas a nombre de terceros. También acusa al entorno de Báez de retirar bienes del alcance de la Justicia, incluso inmuebles que ya habían sido inscriptos a nombre de la Corte Suprema, y de utilizar a integrantes de la estructura narco para trasladar dinero y patrimonio.

En una de las escuchas incorporadas al expediente, Báez se habría definido como «el dueño de la historia». Sus interlocutores lo identificaban con los nombres de «Antonio» y «el Tío». Los investigadores afirman que impartía instrucciones desde una línea telefónica registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal.

Otra conversación expuesta durante la audiencia reveló indicaciones sobre quién debía quedar a cargo de la estancia La Entrerriana. En ese diálogo, Báez habría afirmado que iba a «supervisar los dos lados».

El nexo entre el negocio narco y el patrimonio de Báez

Para la fiscalía, Cristian Ibáñez ocupa un lugar central en la conexión entre las dos investigaciones. Lo describen como administrador territorial y operador de hecho de Báez, además de señalarlo como uno de los jefes de la organización narcocriminal.

Durante la audiencia acusatoria, Zárate sostuvo que la investigación expone «una organización estable, con distribución de roles, que opera sobre un patrimonio de magnitud millonaria».

El juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez declaró legales 12 detenciones y dictó prisión preventiva para los acusados, entre ellos Báez. Además, dispuso medidas de coerción para otros cuatro imputados y estableció un plazo máximo de dos años para completar las investigaciones, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.

Fuente: BorderPeriodismo