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Fuente:BorderPeriodismo
CFK rechazó la liquidación de su pensión de privilegio y exigió el pago de retroactivos
NACIONALES
MarkoEl beneficio se había rehabilitado de forma provisoria en cumplimiento de una cautelar dictada por la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Cristina Kirchner cuestionó el mecanismo de liquidación aplicado por la Anses para la restitución de su pensión de privilegio de $16.090.877,01 en términos brutos, a través de una presentación judicial impulsada por su abogado, Facundo Fernández Pastor.
Según reveló La Nación, el planteo judicial solicita que el organismo previsional ordene la liquidación de los haberes atrasados desde el 24 de abril, fecha en que la medida cautelar quedó firme tras desestimarse un recurso extraordinario. Asimismo, requiere que los ingresos se liquiden bajo los parámetros de la Acordada N°20 de la Corte Suprema de Justicia para eximir la prestación del Impuesto a las Ganancias.
La presentación impugna también la aplicación de la Resolución 343 de la Anses, mediante la cual el organismo dispuso una quita mensual del 20% sobre el haber (aproximadamente $3,2 millones) para recuperar un importe estimado en más de $660 millones con intereses, derivado del cobro del adicional por zona austral.
La defensa cuestiona la validez y la proporcionalidad de la detracción, al argumentar que la exmandataria mantuvo su domicilio real y fiscal en Río Gallegos —donde abonaba impuestos y servicios— en el marco de sus funciones públicas, hasta el momento de fijar residencia obligatoria en el departamento de la calle San José tras su condena judicial.
A su vez, denuncia que ni la exvicepresidenta ni su representación legal fueron notificadas formalmente de la resolución administrativa, y sostiene que la magnitud de la quita resulta confiscatoria al vulnerar el derecho de propiedad.
Los antecedentes de la asignación
Tras la baja de las asignaciones en noviembre de 2024, Cristina inició un expediente judicial para su recuperación, la cual aún no cuenta con sentencia de fondo. La restitución actual responde a una medida cautelar concedida por la cámara revisora bajo argumentos de carácter alimentario, lo cual revirtió el rechazo inicial dictado por la jueza Karina Alonso Candis.
Contra dicha cautelar pesan dos recursos de queja ante la Corte Suprema impulsados por la Anses y el fiscal Juan Carlos Paulucci, en sintonía con el dictamen del procurador general Eduardo Casal, quien sostuvo que la condena firme de prisión implica la suspensión del cobro previsional según el Código Penal.
El cumplimiento de la medida cautelar registró demoras debido al requerimiento de la Anses para que la expresidenta constituyera una caución real como garantía de devolución de los fondos ante un eventual fallo desfavorable. No obstante, la Justicia intimó al organismo a efectuar el pago en julio luego de que la exjefa de Estado prestara una caución juratoria.
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