La Justicia de Entre Ríos avanza con una investigación por un presunto esquema de corrupción en los comedores escolares de Concordia, donde se detectaron inconsistencias en el manejo de fondos destinados a la compra de alimentos para 37 establecimientos educativos, según reveló Infobae.
La pesquisa, a cargo de la Unidad Fiscal de Concordia, busca determinar cómo se utilizaron partidas destinadas a desayunos, almuerzos y meriendas y quiénes participaron de las operaciones que, según la auditoría oficial, generaron diferencias por $103.738.136.
Entre los principales nombres de la causa aparece Silvina Murúa, excoordinadora de la Dirección de Comedores Escolares de Concordia. La investigación también alcanza a familiares de la exfuncionaria y a personas vinculadas a una empresa que concentraba buena parte de las compras.
El sistema de tarjetas que quedó bajo investigación
El mecanismo cuestionado utilizaba tarjetas de compra SIDECREER, que eran entregadas a responsables de los establecimientos para adquirir los alimentos necesarios para el funcionamiento de los comedores.
El objetivo del sistema era descentralizar las compras y permitir que cada escuela pudiera abastecerse en comercios de su zona. Sin embargo, una auditoría realizada por la Dirección de Comedores de Entre Ríos detectó que la documentación presentada por distintos establecimientos no coincidía con los productos y cantidades que figuraban en los remitos.
A partir del análisis de esos registros, los investigadores detectaron diferencias en 37 escuelas de Concordia. La suma observada supera los $100 millones y se convirtió en el eje de la nueva investigación judicial.
Según la acusación, el sistema habría permitido que las personas encargadas de administrar las tarjetas quedaran expuestas a presiones para realizar sus compras en determinados comercios.
La empresa que concentraba las compras
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, buena parte de las operaciones terminaba en Ahora Voy SRL, una firma perteneciente a los hermanos Iñaki P. y Martín P.
La investigación sostiene que los responsables de los comedores eran inducidos a realizar allí las compras. En algunos casos, las tarjetas con fondos superiores al millón de pesos habrían quedado directamente en poder de los responsables de la empresa, que pasaban a disponer del dinero destinado a la alimentación de los alumnos.
La Fiscalía atribuye un papel central en esta operatoria a Murúa, sus hermanos Adrián y Vanesa y su cuñado Esteban Godoy. Según la acusación, el grupo habría recurrido de manera reiterada a mecanismos de presión o persuasión para direccionar las compras.
También aparece en el expediente un séptimo involucrado, que no tenía un cargo formal dentro de la Dirección de Comedores pero que, de acuerdo con la investigación, habría trasladado importantes sumas de dinero a Murúa.
Los chats que analiza la Justicia
La investigación incorporó además conversaciones mantenidas por Murúa con personas vinculadas al supuesto esquema. En uno de los intercambios con su hermana Vanesa aparecen referencias a unos cuadernos utilizados para registrar información de los comedores.
En otra conversación, la exfuncionaria habría intercambiado mensajes con Iñaki P. acerca del pago de un préstamo relacionado con una vivienda y sobre la posibilidad de obtener dinero de una determinada escuela.
Estos elementos son analizados por la Justicia para establecer si los fondos que debían utilizarse para alimentar a los estudiantes fueron destinados a otros fines, entre ellos la adquisición de propiedades, viajes o indumentaria.
La Fiscalía encuadró provisoriamente los hechos investigados bajo las figuras de peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita.
Las irregularidades que habían aparecido antes
La investigación actual no comenzó de cero. En junio de 2025, una auditoría sobre 21 establecimientos educativos ya había detectado diferencias por $66.143.225 que no contaban con una justificación adecuada.
Ese procedimiento derivó en la salida de Murúa de la Dirección de Comedores, decisión adoptada por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
En la revisión posterior surgieron nuevos indicios. Los auditores detectaron aumentos que no parecían justificados en la cantidad de alumnos registrados en determinados establecimientos y diferencias entre las partidas transferidas y las necesidades informadas.
También encontraron casos en los que una escuela habría utilizado toda su partida en una sola jornada y una fuerte concentración de las compras en apenas tres proveedores.
La documentación presentada ante los auditores también despertó sospechas. Según la investigación, ante el pedido de los registros correspondientes a octubre y noviembre de 2024 se informó inicialmente que los cuadernos de menú habían sido destruidos por roedores. Posteriormente aparecieron nuevos ejemplares acompañados por remitos confeccionados recientemente.
Una investigación en la ciudad con mayor pobreza del país
El caso adquiere una dimensión particular por el contexto social de Concordia, que de acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC correspondientes al segundo semestre de 2025 registró un 49,9% de pobreza y un 13,6% de indigencia.
Los fondos investigados tenían como destino precisamente la alimentación de niños y adolescentes que concurren a escuelas públicas de la ciudad.
La causa busca determinar ahora si las inconsistencias detectadas en la documentación responden a errores administrativos o forman parte de un mecanismo deliberado para desviar recursos públicos.
Qué dijo la exfuncionaria acusada
Murúa rechazó las acusaciones y sostuvo públicamente que fue ella quien advirtió sobre las irregularidades en el funcionamiento de los comedores.
Según su versión, en marzo de 2025 presentó una denuncia por presunta malversación de fondos junto con el diputado provincial Marcelo López y posteriormente amplió esa presentación.
La exfuncionaria también cuestionó que se la responsabilizara por el esquema investigado y afirmó que otros funcionarios conocían las irregularidades.
“Creo que hay muchos que sabían y no hicieron nada. Que miraron para otro lado”, había declarado en un medio local.
La Justicia deberá determinar ahora qué grado de responsabilidad tuvo cada uno de los siete imputados y, fundamentalmente, si existió una estructura organizada para direccionar y apropiarse de fondos destinados a los comedores escolares de Concordia.
