El calvario de una mujer que denunció a un funcionario de Axel Kicillof por abuso sexual

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Una trabajadora estatal denunció a quien era uno de los máximos responsables de Institutos Penales bonaerenses por abuso sexual. Tras ser querellada por el propio acusado y resultar absuelta, ahora reclama que su caso sea incorporado al Registro de Casos de Violencia de Género de la Suprema Corte bonaerense, mientras denuncia un proceso de revictimización que podría llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La historia comenzó con una denuncia por abuso sexual dentro del propio Estado bonaerense durante la administración de Axel Kicillof. Pero seis años después, el expediente ya excede largamente aquella acusación inicial. Hoy también pone bajo la lupa el funcionamiento del sistema judicial, la respuesta institucional frente a las denuncias de violencia de género y las dificultades que enfrentan quienes deciden denunciar a funcionarios con poder. Un expediente que expone mucho más que una denuncia.

La protagonista de esta historia —cuya identidad preserva #BORDER por tratarse de una víctima de presuntos delitos contra la integridad sexual— trabaja desde 2009 en el área de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires.

Durante más de una década desempeñó funciones en el Instituto Almafuerte, uno de los establecimientos dependientes del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA). Allí su superior jerárquico era Juan Alberto Serrano, conocido como "Zapatilla", quien durante años fue director de Institutos Penales bajo la órbita del organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, conducido por Andrés "Cuervo" Larroque.

Según la denuncia penal, los episodios comenzaron en 2012 con insinuaciones permanentes, comentarios de contenido sexual y propuestas que ella rechazaba sistemáticamente. Con el paso del tiempo, sostiene la denunciante, las negativas comenzaron a tener consecuencias laborales y derivaron en un clima cada vez más hostil dentro del establecimiento.

El punto de quiebre llegó en febrero de 2020. De acuerdo con el relato incorporado a la causa, durante la jornada laboral Serrano la manoseó sorpresivamente. La mujer reaccionó de inmediato.

—"¿Qué hacés? ¿Estás loco?"— le gritó.

La respuesta que, según su denuncia, recibió de su superior fue tan contundente como intimidante:

—"Si no te gusta ya sabés qué hacer, te podés ir".

La trabajadora asegura que inmediatamente buscó ayuda dentro de la propia estructura del instituto. Fue a hablar con quien entonces era el subdirector, Martín Moyo. Esperaba respaldo institucional. Pero asegura que obtuvo exactamente lo contrario.

Según reconstruyó en su denuncia, el funcionario le respondió: "Pensá qué querés hacer", trasladándole toda la responsabilidad de una situación que, sostiene, había sufrido como víctima.

Poco tiempo después pidió el traslado a otro establecimiento. Meses más tarde formalizó la denuncia penal. Su objetivo, según declaró, era evitar que otras mujeres atravesaran situaciones similares. "No quiero que le pase a otra chica lo mismo que me pasó a mí", sostuvo.

Además, afirmó que existen otras trabajadoras que también habrían sido víctimas de Serrano.

De denunciante a imputada

Lo que vino después es uno de los aspectos más llamativos del caso. Mientras avanzaba —lentamente— la investigación por abuso sexual, Serrano promovió una querella por calumnias e injurias contra la propia denunciante.

Para la defensa de la mujer, integrada por los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, aquella presentación constituyó desde el inicio un mecanismo de represalia y disciplinamiento contra quien había denunciado hechos de violencia sexual. Esa postura quedó plasmada en el recurso extraordinario federal presentado posteriormente ante la Justicia.

Durante ese proceso ocurrió otro hecho que los abogados consideran determinante. Antes de que avanzara la querella, solicitaron que fuera rechazada de manera inmediata. El planteo se apoyaba, entre otros elementos, en una pericia psicológica realizada por la Asesoría Pericial de La Plata.

Según surge del recurso al que accedió #BORDER, la licenciada interviniente concluyó que el relato de la denunciante era "claro, conciso", con adecuada resonancia emocional y que desde el punto de vista psicológico era posible inferir la consistencia de lo denunciado, además de explicar los mecanismos habituales que presentan las víctimas de abuso sexual respecto de la demora en denunciar los hechos.

Pese a ello, la querella continuó su trámite. El juicio oral finalmente terminó con la absolución de la mujer el 23 de febrero de 2024. Sin embargo, aun con ese resultado favorable, la defensa sostiene que el daño ya estaba consumado.

Porque durante años la víctima debió afrontar un proceso penal iniciado por la misma persona a la que previamente había denunciado por abuso sexual. Y porque, además, los jueces rechazaron reconocer una reparación integral por esa situación, eximieron de costas al querellante vencido y difirieron la regulación de honorarios profesionales, decisiones que fueron cuestionadas mediante sucesivos recursos. Para los abogados, el caso constituye un ejemplo paradigmático de revictimización judicial.

El reclamo que llegó a la Suprema Corte

La absolución en el juicio por calumnias e injurias no puso fin al conflicto judicial. Para la denunciante, el proceso recién comenzaba. A través de sus abogados, impulsó una serie de recursos con un objetivo claro: que la Justicia reconociera que la querella promovida en su contra constituyó una forma de revictimización y que el Estado debía reparar el daño ocasionado.

Sin embargo, ninguno de esos planteos prosperó. Según la documentación a la que accedió #BORDER, el Juzgado Correccional rechazó el pedido de reparación integral al considerar que no existían elementos suficientes para resolver esa cuestión dentro del proceso penal y remitió cualquier reclamo indemnizatorio al fuero civil. También resolvió no imponer las costas al querellante, al entender que había tenido una "razón plausible para litigar".

La defensa apeló esa decisión. Posteriormente intervino la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata, que confirmó la resolución en todos sus puntos.

Los abogados insistieron entonces mediante un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, argumentando que las decisiones judiciales habían prescindido completamente de la perspectiva de género y de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino para proteger a las víctimas de violencia contra las mujeres. Ese recurso también fue declarado inadmisible, al igual que la posterior queja presentada ante la Suprema Corte bonaerense.

Frente a ese escenario, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En esa presentación sostiene que la Suprema Corte bonaerense rechazó los planteos mediante "una fundamentación sólo aparente", sin responder los agravios concretos vinculados con la ausencia de perspectiva de género, la reparación integral, las costas y la regulación de honorarios.

El recurso además invoca la violación de derechos reconocidos por la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará, entre otros instrumentos internacionales con jerarquía constitucional.

La nueva batalla: que el caso exista para el sistema

Mientras aguarda una definición judicial, la mujer inició otra pelea. Esta vez no apunta únicamente al avance de las causas penales. Busca que toda la historia quede registrada oficialmente como un caso de violencia de género dentro del Poder Judicial bonaerense.

Para ello presentó una solicitud ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia pidiendo la inscripción del expediente en el recientemente creado Registro de Casos de Violencia de Género.

El planteo, al que accedió #BORDER, contiene una crítica directa al funcionamiento del nuevo mecanismo. "Considerando el plazo desde su creación ya debería tener cauce y un registro sencillo y accesible de los casos (cuestión que en la práctica no sucede)", sostiene la presentación.

La mujer afirma que, pese a la creación del registro mediante el Acuerdo 4.220 de 2026, ni siquiera logró encontrar un procedimiento accesible para inscribir su expediente. Pero el reclamo va mucho más allá de una cuestión administrativa. En el escrito sostiene que durante todo el recorrido judicial se verificó una "desigualdad estructural por razón de género" reflejada en distintas decisiones jurisdiccionales, incluso en resoluciones de la propia Suprema Corte bonaerense.

La presentación también recuerda que el propio acuerdo que creó el Registro de Casos de Violencia de Género surgió para responder observaciones formuladas por organismos internacionales respecto de deficiencias en el acceso a la Justicia, la persistencia de estereotipos y la fragmentación de los conflictos vinculados con violencia contra las mujeres.

Desde esa perspectiva, la denunciante sostiene que su historia constituye precisamente uno de los casos que el nuevo registro debería contemplar.

La investigación por abuso sexual sigue abierta

Mientras todo esto ocurría, la causa principal tampoco encontró un cierre definitivo. Según consta en la presentación realizada ante la Suprema Corte, la investigación iniciada por el presunto abuso sexual continúa atravesando instancias recursivas.

La mujer cuestiona que la pesquisa no haya valorado adecuadamente la prueba producida, particularmente una pericia psicológica elaborada por la Asesoría Pericial de La Plata que, según afirma, otorgó consistencia a su relato. También denuncia irregularidades procesales durante la investigación y sostiene que el exfuncionario fue sobreseído sin una valoración suficiente de esos elementos.

En el mismo escrito advierte que la Investigación Penal Preparatoria permanece actualmente ante la Suprema Corte bonaerense, con los plazos vencidos, y que existe una "muy factible prognosis" de que el caso termine siendo llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por presuntos incumplimientos estatales en el deber de investigar y juzgar hechos de violencia sexual e institucional.

Esa posibilidad también quedó expresamente reservada en el recurso extraordinario federal presentado por Fernández Camillo y Noetzly, donde anticipan que, de agotarse las vías internas sin una respuesta efectiva, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al considerar comprometidos derechos vinculados al acceso a la Justicia, la reparación integral y la protección de las víctimas de violencia contra las mujeres.

Para la trabajadora bonaerense, la pelea ya no se limita a la investigación del abuso que denunció hace seis años. Después de haber sido denunciada por quien acusó, haber atravesado un juicio del que resultó absuelta y seguir esperando respuestas sobre la causa principal, ahora busca que el propio Poder Judicial reconozca que todo ese recorrido también forma parte de un caso de violencia de género. Ese es, precisamente, el reconocimiento que todavía considera pendiente.

FUENTE: BORDER PERIODISMO
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