Durante el inicio de la última sesión parlamentaria, la bancada oficialista solicitó la remoción de Mario “Pato” Russo por presuntas conductas de intimidación y amenazas a funcionarios de la Cámara Alta.
En el marco de la apertura del debate por la Ley de Propiedad Privada, el bloque de senadores deLa Libertad Avanza (LLA)presentó una solicitud formal para desplazar de su cargo aMario Russo, director general del cuerpo de asesores de la Cámara Alta y estrecho colaborador de la vicepresidentaVictoria Villarruel. El pedido, que fundamenta una presunta conducta incompatible con el ejercicio de la función pública, fue girado de inmediato para su tratamiento en laComisión de Asuntos Constitucionales.
La presentación fue argumentada en el recinto por la legisladoraMaría Emilia Orozco, quien atribuyó al funcionario la emisión de mensajes intimidatorios contra autoridades parlamentarias, además de citar antecedentes de denuncias previas e intervenciones mediáticas controversiales.“Desde el bloque oficialista solicitamos la remoción inmediata del cargo en virtud del artículo 140 del reglamento, al considerar inaceptable la presencia de conductas hostiles dentro del ámbito laboral legislativo”, sostuvo la senadora durante su intervención.
Fundamentos Presentados por el Bloque Oficialista:
Intimidación a Autoridades:Imputación de mensajes de texto amenazantes dirigidos al prosecretario parlamentario Cristian Larsen.
Antecedentes Mencionados:Referencia a presentaciones judiciales tramitadas en 2022 por altercados con integrantes del espacio político.
Declaraciones Públicas:Cita de intervenciones en plataformas destreamingdonde el funcionario expresaba posturas antagónicas hacia la corriente liberal.
Descargo del entorno y trasfondo de la tensión política
Fuentes cercanas a la Dirección de Asesores desestimaron las acusaciones y encuadraron el pedido dentro de la disputa política que enfrenta a sectores del Poder Ejecutivo con la Presidencia del Senado. Desde el entorno de Russo precisaron que las denuncias judiciales citadas fueron desestimadas por los tribunales en julio de 2022, al tiempo que señalaron que no existió notificación formal sobre las supuestas comunicaciones denunciadas por la bancada oficialista.
El episodio parlamentario se suma a una serie de cruces verbales entre funcionarios de la administración central y la Presidencia del Senado. Las divergencias públicas manifestadas en los últimos días generaron reclamos de dimisión por parte de integrantes del gabinete nacional, consolidando un escenario de distanciamiento político en la conducción del oficialismo.