El secretario general de la Asociación del Personal Jerarquizado de la Municipalidad de Rafaela, Diego Álvarez, cuestionó la falta de respuesta del Ejecutivo a una serie de planteos vinculados al bienestar laboral. En diálogo con Gonzalo Bianco en el programa Algo ha cambiado de radio REC, aclaró que no se trata de discutir salarios, sino de abrir una mesa de trabajo sobre carrera administrativa, concursos y condiciones laborales. Desde CASTELLANOS, una lectura sobre un reclamo que busca reconocimiento institucional.
Hay conflictos que no se expresan en clave de confrontación abierta, pero que igual revelan tensiones profundas en el funcionamiento del Estado. No se traducen en paros ni en medidas de fuerza, sino en algo más sutil: la ausencia de diálogo. En ese registro se inscribe el planteo que hoy atraviesa a un sector específico de la estructura municipal, el de los trabajadores jerarquizados, que advierten una falta de respuesta política a demandas que consideran estructurales.
El punto de partida es claro y, al mismo tiempo, deliberadamente acotado. Desde la Asociación del Personal Jerarquizado (APJ) insisten en que su reclamo no está vinculado a la discusión salarial ni a la negociación paritaria, ámbito que reconocen como propio del sindicato que nuclea al conjunto de los trabajadores municipales. “Nosotros no estamos hablando de aumento de sueldo”, sostuvo Álvarez, al tiempo que precisó el foco del planteo: “estamos hablando de otros ítems, del bienestar laboral, de la carrera administrativa, de los concursos, de las subrogancias”.
Un reclamo que expone la falta de reconocimiento institucional
En ese sentido, el planteo excede lo sectorial y se inscribe en un problema más amplio de reconocimiento institucional. Los jerarquizados ocupan un lugar particular dentro del esquema municipal. No son parte de la conducción política, pero tampoco se ubican en la base operativa. Funcionan como un eslabón intermedio entre la decisión y la ejecución, articulando equipos, sosteniendo procesos administrativos y garantizando la continuidad de la gestión más allá de los cambios políticos.
Desde esa posición, el reclamo por una mesa de diálogo adquiere otro sentido: no es únicamente una demanda sectorial, sino un pedido de participación en la construcción de criterios que afectan directamente el funcionamiento del Estado. La definición del propio Álvarez sintetiza ese lugar intermedio: “los secretarios trabajan la parte política y nosotros somos los ejecutores”, lo que explica por qué el sector busca ser incorporado a instancias de discusión más estratégicas.
La insistencia en el diálogo no es nueva. Los planteos fueron presentados en distintas instancias a lo largo del último año y recientemente fueron acompañados por firmas de trabajadores jerarquizados que solicitaron formalmente una audiencia. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo aún no llegó. “Lo principal que buscamos es diálogo”, remarcó el dirigente, insistiendo en la necesidad de “una mesa de trabajo para poder conversar y ver los temas que hoy generan inconvenientes”.
A esto se suma un elemento que amplifica la relevancia del planteo: el proceso de autonomía municipal. En un escenario donde se prevén cambios en la organización y funcionamiento del Estado local, la exclusión de sectores técnicos y jerárquicos de esa conversación puede traducirse en decisiones menos integrales y con menor anclaje en la experiencia concreta de gestión. La discusión, entonces, no es solo laboral, sino también institucional.
Entre la convivencia operativa y la falta de respuesta política
El funcionamiento cotidiano del municipio no parece reflejar una ruptura. Existe una relación fluida entre los jerarquizados y las distintas áreas de gobierno en lo administrativo y operativo. Sin embargo, esa normalidad no alcanza para compensar la falta de respuestas en el plano político. Es en ese nivel donde aparece la tensión: el Estado funciona, pero no necesariamente escucha a todos sus actores de la misma manera.
En paralelo, la relación con el sindicato que agrupa al conjunto de los trabajadores municipales se mantiene dentro de parámetros de convivencia y reconocimiento mutuo. Desde APJ no se plantea una disputa por la representación paritaria, sino una diferenciación de agendas. “El sindicato es el órgano paritario, lo reconocemos”, afirmó Álvarez, buscando despejar cualquier lectura de conflicto interno.
Aun así, aparece una observación crítica sobre cómo se encuadra el reclamo desde el poder político. “Están buscando una discusión interna gremial que no existe”, señaló, al tiempo que cuestionó ciertos argumentos utilizados para evitar la instancia de diálogo. En esa línea, también dejó planteada una tensión más profunda al advertir que otras instituciones sin organización gremial formal sí han sido recibidas, mientras que a ellos se los objeta por cuestiones formales.
Lejos de adoptar una lógica confrontativa, el planteo de APJ se sostiene sobre una estrategia distinta: la búsqueda de consenso. “No estamos tratando de imponer ni de llevar un tema de manera unilateral, sino de poder trabajar en conjunto”, explicó el dirigente, marcando una voluntad explícita de institucionalizar el diálogo.
En paralelo, la asociación continúa con su trabajo interno, particularmente en lo vinculado a la formación y capacitación del personal técnico y profesional. Sin embargo, la coyuntura actual comienza a interferir en esa agenda. “Este tipo de situaciones hacen que se ponga un poco más lento lo que veníamos realizando”, admitió Álvarez, aunque aclaró que el trabajo de la entidad no se detendrá.
Lo que aparece en este escenario es una pregunta de fondo sobre el modo en que se construye la gestión pública. Cuando sectores clave del Estado reclaman ser escuchados en temas que afectan directamente la calidad del funcionamiento institucional, la respuesta (o la falta de ella) deja de ser un dato menor. No se trata solo de resolver un reclamo puntual, sino de definir qué lugar ocupa el diálogo en la arquitectura del poder local.
