La paralización del plan «Casa Propia» de 28 viviendas en barrio 2 de Abril volvió a poner en evidencia una problemática estructural: la incapacidad del Estado local para gestionar soluciones en un contexto adverso. Mientras los concejales opositores de Juntos Avancemos advierten sobre el deterioro de la obra y el riesgo de usurpaciones, la problemática continua sin resolverse. Desde CASTELLANOS, un análisis sobre las responsabilidades políticas que entran en juego cuando el tiempo corre en contra de los vecinos.
La situación del plan de 28 viviendas del programa «Casa Propia» en barrio 2 de Abril dejó de ser únicamente un problema administrativo para convertirse en un conflicto político y social concreto. La obra, que presenta un importante grado de avance, permanece paralizada tras el retiro de fondos nacionales, mientras su deterioro avanza y las familias inscriptas (más de 7.000 en el registro municipal) continúan esperando una respuesta.
Lejos de tratarse de una interrupción neutra, el paso del tiempo transforma la inacción en pérdida: estructuras vandalizadas, malezas, cercos dañados y, más graves aún, episodios de usurpación ya registrados en el lugar.
En ese contexto, el bloque opositor integrado por Juan Senn, María Paz Caruso, Maximiliano Postovit y Valeria Soltermam, avanzó con una resolución que pone el foco en la responsabilidad del gobierno local. El planteo es claro: más allá del origen nacional de los fondos, el municipio no puede permanecer pasivo frente a una obra ya iniciada. Por el contrario, debe gestionar activamente para garantizar su continuidad y, al mismo tiempo, preservar lo construido.
El documento aprobado no solo advierte sobre el deterioro físico del predio, sino también sobre el perjuicio económico que implica dejar inconclusa una inversión pública de esta magnitud. Y en ese punto, introduce un elemento clave en la discusión: la gestión como variable política. Como sostiene Pierre Rosanvallon en «La contrademocracia» (2006), las democracias contemporáneas no se legitiman únicamente por el voto, sino por su capacidad de «hacer», es decir, de producir resultados concretos frente a las demandas sociales.
Viviendas paralizadas: deterioro, usurpaciones y reclamo opositor
Mientras en Rafaela las viviendas permanecen detenidas, en localidades como María Juana y Casilda, ya se confirmó la reactivación de proyectos habitacionales que también habían quedado paralizados. Allí, la decisión política permitió articular gestiones y retomar los trabajos, mostrando que incluso en un contexto de restricciones nacionales existen márgenes de acción cuando hay voluntad de avanzar.
La comparación no es menor. Funciona como espejo incómodo para la realidad local: si en otros territorios se pudo, la pregunta que emerge es por qué en Rafaela aún no.
En paralelo, el debate político tomó otro rumbo a partir de la intervención de representantes de La Libertad Avanza que, de acuerdo a lo señalado por la oposición, optaron por llevar la discusión al plano nacional sin ofrecer respuestas concretas a la situación que hoy atraviesa la obra.
En diálogo con CASTELLANOS, concejales opositores expresaron que «se intenta correr la discusión hacia una confrontación ideológica, pero no se plantea qué hacer hoy con las viviendas: cómo se protegen, cómo se evita que se sigan deteriorando y, sobre todo, cómo se terminan».
La crítica apunta a un fenómeno más amplio: la desconexión entre el discurso político y las urgencias territoriales. En Rafaela, esa tensión se vuelve evidente. Mientras el debate continúa sin propuestas concretas, en el barrio 2 de Abril el tiempo sigue corriendo en otra dirección: la del deterioro, la incertidumbre y la frustración.
En definitiva, el caso de las viviendas del plan «Casa Propia» expone una pregunta que excede a una obra puntual y atraviesa el corazón de la gestión pública local: ¿Hasta cuándo va a perdurar la inacción sobre las obras? ¿Hasta tener una nueva situación de usurpación como la de calle Mitre?
Los ejemplos de reactivación de obras en localidades vecinas son reales, los antecedentes están, las herramientas existen. Lo que queda por definir no es técnico, sino político.
Y en ese terreno, como advierte nuevamente Rosanvallon, la legitimidad no se declama: se construye en la capacidad de resolver.
FUENTE: DIARIO CASTELLANOS
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