Una empleada del Servicio Penitenciario de Santa Fe fue sancionada con cinco días de suspensión sin goce de haberes tras ser señalada como la responsable de haber filmado un roedor de gran tamaño —descripto por trabajadores como un “super ratón”— dentro de una garita de vigilancia en la Unidad Penitenciaria N°1 de Coronda.
El episodio, que en cualquier sistema sano debería haber derivado en una investigación sanitaria urgente, terminó en una sanción disciplinaria. Pero lo ocurrido no es un hecho aislado: es un caso paradigmático de cómo opera el poder cuando se siente expuesto.
Trabajar entre roedores
En el video —que fue tomado durante un turno de guardia y obtuvo mas de 122.000 visitas— se observa a varios roedores moviéndose entre los elementos de trabajo mientras el personal permanece en su puesto.
Las garitas son espacios reducidos donde los agentes pasan largas horas de servicio, muchas veces en condiciones climáticas adversas. A la falta de mantenimiento edilicio ahora se suma un problema sanitario evidente: la presencia permanente de roedores.
Este tipo de situaciones no solo resulta degradante para quienes trabajan allí, sino que además expone al personal a enfermedades asociadas a plagas, como leptospirosis o hantavirus.
El problema no era el roedor: era la imagen
De acuerdo a testimonios recogidos, la agente —de una promoción reciente— habría sido presionada para asumir la autoría de la filmación. Incluso se afirma que “desde el gobierno pidieron la cabeza de alguien”.
En ese contexto, la trabajadora habría sido obligada a firmar la notificación de sanción, en un procedimiento que abre serios interrogantes sobre la voluntariedad del acto y las garantías mínimas de defensa.
La lógica institucional aparece invertida: no se sanciona la insalubridad, se sanciona su visibilización.
Condiciones ya denunciadas, respuestas que no llegan
El hecho se vincula con denuncias previas sobre la presencia de roedores en sectores operativos de la Unidad 1 de Coronda, incluyendo garitas donde el personal cumple funciones de seguridad.
Sin embargo, lejos de una intervención correctiva, la reacción institucional habría sido disciplinar, selectiva y ejemplificadora.
Foco y Vara: cuando el poder elige a quién castigar
Lo ocurrido encaja con precisión en la lógica del Foco y Vara (FyV).
El foco no se coloca sobre el problema estructural —las condiciones indignas de trabajo, la insalubridad, la falta de mantenimiento— sino sobre una persona concreta, generalmente la más débil en la cadena institucional: en este caso, una agente de reciente incorporación.
La vara, en cambio, cae con todo su peso sobre ese eslabón individual, construyendo una respuesta rápida, visible y disciplinadora.
Así, el sistema evita hacerse cargo de lo estructural y produce un “responsable” funcional a la narrativa de control.
No importa resolver el problema: importa mostrar autoridad.
El mensaje interno: ver, callar o pagar el costo
Este tipo de decisiones no solo afectan a la trabajadora sancionada. Instalan un mensaje claro hacia el resto del personal:
- No expongas lo que ocurre adentro.
- No muestres lo que incomoda.
- No pongas en evidencia las fallas del sistema.
Porque hacerlo puede costarte el salario… o algo más.
Se consolida así un clima de autocensura, donde la realidad se oculta no porque no exista, sino porque denunciarla tiene consecuencias.
Cuando el Estado castiga al que muestra y protege al problema
El caso de Coronda no habla de un roedor. Habla de un modelo.
Un modelo donde el poder administra la visibilidad: invisibiliza lo estructural y sobreactúa lo disciplinario.
Donde el problema no es la existencia de condiciones indignas, sino que alguien las haga visibles.
Y donde la respuesta no es corregir, sino castigar.
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe
FUENTE: APROPOL
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