Rafaela atraviesa una crisis que no admite tibiezas. La inseguridad y el deterioro del tejido social no son hechos aislados, sino el resultado de años de omisiones, falta de planificación y un Estado municipal ausente en los barrios.
Por Marisa Gutiérrez. Con el inicio de una nueva etapa de la gestión municipal en Rafaela se abre un marco que no admite excusas ni períodos de gracia prolongados. La ciudad arrastra problemas estructurales profundos en materia de violencia, exclusión social y deterioro del entramado comunitario que no pueden seguir siendo relativizados ni postergados bajo el argumento de la herencia recibida.
Durante años se administraron los síntomas sin abordar las causas. Se habló de convivencia mientras se debilitaban las políticas educativas y sociales. Se prometió seguridad sin una estrategia integral y se toleró el avance de la marginalidad como si fuera un fenómeno inevitable. Hoy las consecuencias están a la vista y la responsabilidad es institucional, no abstracta.
El nuevo gobierno municipal tiene la obligación política de asumir que la violencia no se combate solo con presencia policial ni con discursos tranquilizadores. Sin políticas públicas firmes, con territorio, planificación y recursos reales, cualquier anuncio será apenas un gesto vacío. Rafaela no necesita marketing político: necesita decisiones concretas.
Resulta inadmisible seguir individualizando responsabilidades cuando existen fallas estructurales evidentes. Cuando el Estado municipal se ausenta de los barrios, cuando la educación y la contención social no son prioridad, cuando la prevención se reduce a declaraciones, el conflicto social no solo persiste: se profundiza.
Decirlo con claridad no es confrontar por confrontar, es ejercer responsabilidad política. Quien hoy gobierna Rafaela debe entender que no alcanza con administrar la ciudad: hay que reconstruir el tejido social que se fue rompiendo con años de omisiones. La seguridad se construye con inclusión, con oportunidades reales y con un Estado presente de verdad, no con parches ni medidas reactivas.
Este inicio de gestión marca un punto decisivo. O se avanza con políticas claras, sostenidas y valientes, o se repetirá el ciclo de diagnósticos correctos y resultados nulos. La sociedad rafaelina ya conoce ese camino y sabe cómo termina. El margen para la indiferencia y la tibieza se agotó. Ahora es tiempo de hechos, no de relatos.
Se debe garantizar una mayor presencia policial y un trabajo conjunto y coordinado entre las fuerzas de seguridad y las áreas municipales vinculadas a la prevención del delito. En la actualidad, estas instancias muestran un déficit operativo evidente: la falta de planificación, coordinación y un organigrama funcional claro deriva en una gestión ineficiente, costosa y con resultados claramente insuficientes.
Esta precariedad no es casual. Se sostiene y se disimula mediante discursos disuasivos que, lejos de resolver el problema, encubren responsabilidades no asumidas, favoreciendo prácticas de amiguismo y complicidad dentro de la estructura de poder.
La consecuencia de esta inacción constituye una forma de violencia institucional por omisión, casi delictiva, que instala en la sociedad un clima de incertidumbre, temor y preocupación permanente. Este escenario impacta de manera colectiva, generando una profunda sensación de desamparo, vulnerabilidad e indefensión, deteriorando la convivencia social y la confianza en el Estado.
Cuando el Estado no garantiza seguridad, tampoco respeta la dignidad de los ciudadanos ni sus derechos civiles básicos. La inseguridad deja de ser un problema aislado para convertirse en una herramienta de control social.
Una sociedad intimidada es una sociedad más dócil. Y esa docilidad resulta funcional a las altas esferas gubernamentales, que rara vez asumen —y mucho menos pagan— el costo real de esta situación.
FUENTE: DIARIO CASTELLANOS
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