El agravamiento de las restricciones al régimen de arresto domiciliario impuesto por el juez Jorge Gorini a Cristina Fernández de Kirchner, apelado por la defensa de la expresidenta, no será analizado por la Cámara Federal de Casación Penal hasta febrero, cuando concluya la feria judicial de verano. La decisión de no revisar el régimen de visitas y las imposiciones específicas establecidas para limitar las relaciones de la presidenta del PJ nacional la tomaron los jueces Ángela Ledesma y Yacobucci, con disidencia de Mariano Borinsky.
El abogado Carlos Beraldi, defensor de la exjefa de Estado, apeló en diciembre las resoluciones dictadas por Gorini –juez del Tribunal Oral Federal 2 a cargo de la ejecución de la condena en la causa Vialidad– luego de que trascendiera la visita de un grupo de economistas al departamento de San José 1111.
Los puntos recurridos, que agravaron las condiciones previas de la prisión domiciliaria, eran concretamente el mantenimiento de la tobillera electrónica, la necesidad de solicitar autorización para recibir visitas, la frecuencia, duración y cantidad de personas que simultáneamente podían acceder a las mismas, y las limitaciones de horarios dispuestas para acceder a la terraza del edificio. La defensa se quejó también por el rechazo del tribunal al pedido de incluir a una serie de personas del círculo más cercano de CFK en el listado de quienes pueden acceder al departamento sin la necesidad de solicitar autorización previa.
Ayer, en un fallo dividido, la sala de feria de Casación decidió no tratar durante las vacaciones de sus señorías los planteos de la defensa. Ledesma y Yacobucci, en el voto mayoritario, decidieron no habilitar la feria judicial para tratar los recursos por considerar que “la cuestión traída a estudio no se encuentra comprendida en el supuesto allí previsto ni el impugnante ha aportado argumentos concretos y objetivos que acrediten la urgencia del caso y justifiquen su tratamiento”.
Borinsky, en su voto disidente, consideró que las cuestiones vinculadas con las condiciones de privación de la libertad de una persona cumpliendo una condena pueden ser tratadas durante la feria judicial. “No puede soslayarse que una de las cuestiones traídas a conocimiento de esta instancia se refiere a la modificación del régimen de visitas en el marco de la prisión domiciliaria”, escribió. Tampoco que las apelaciones “giran en torno a las condiciones de detención de una persona que se encuentra en cumplimiento de una pena privativa de la libertad”. El juez consideró que ese tipo de planteos están previstos en la Acordada 7/09 de la propia Cámara Federal de Casación Penal, que dispone que “se habilitará la feria cuando sea solicitado por alguna de las partes y se trate de un tema en el que esté en juego la libertad. Para las demás cuestiones, solo se procederá su habilitación cuando los interesados acrediten la urgencia del caso y justifiquen su tratamiento”. Por ese motivo, propuso en minoría mantener habilitada la feria y fijar audiencia para escuchar a las partes.
Como consecuencia de la resolución de Ledesma y Yacobucci, la controversia pasará a estudiarse en febrero, cuando concluya la feria y se integre la Sala IV de Casación con los magistrados intervinientes en el caso: Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
Las imposiciones de Gorini, que seguirán vigentes al menos durante enero, consisten en que la expresidenta podrá recibir visitas de no más de tres personas por día, por un plazo máximo de dos horas y sólo dos veces por semana, salvo circunstancias excepcionalísimas. También la obliga a requerir autorización judicial para todo aquel no incluido en la nómina habilitada, la autoriza a acceder a la terraza del edificio una vez por día y por un lapso máximo de dos horas.
FUENTE: PÁGINA 12
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