El procedimiento se realizó en un inmueble de calle 108 al 200, con la supervisión de funcionarios provinciales y representantes del Ministerio Público de la Acusación. El lugar había sido escenario reiterado de delitos vinculados al narcotráfico. Ya son 99 los búnkeres desactivados en la Provincia.
Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, junto con representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisaron este viernes la inactivación del décimo punto de venta de estupefacientes en la ciudad de Frontera, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico impulsada por el Gobierno provincial.
La intervención se llevó a cabo en un inmueble ubicado en calle 108 al 265. Allí, el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, explicó que el lugar había sido allanado en reiteradas oportunidades, “con resultados positivos en cuanto al secuestro de estupefacientes, armas de fuego y la detención de personas”.
El funcionario precisó además que el domicilio estuvo vinculado a otros hechos de gravedad. “También estuvo relacionado con un homicidio y con un herido de arma de fuego. Lo que buscamos con estas intervenciones es reducir este tipo de situaciones y devolver tranquilidad a los vecinos de Frontera”, señaló.
Montenotte aclaró que, en esta ocasión, no se procedió a la demolición del inmueble, sino a su inactivación mediante el cierre total y el tapialado del lugar, para impedir que vuelva a ser utilizado como punto de venta de drogas.
Alcance provincial de la medida
La inactivación de puestos de venta de estupefacientes se enmarca en las facultades otorgadas por la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura santafesina y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro a fines de 2023, al inicio de su gestión.
Desde la puesta en marcha de la normativa, ya se inactivaron 99 puntos de venta de drogas en distintos puntos del territorio provincial. Los operativos se desarrollan de manera coordinada entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial y la Policía de Santa Fe, con la colaboración de los gobiernos locales, con el objetivo de desarticular la venta minorista de estupefacientes y reducir los niveles de violencia asociados al narcotráfico.
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