En una nota presentada al Concejo, Darío Solis, de Remises Stylo, expuso la grave crisis que atraviesa el transporte habilitado de pasajeros en Rafaela. Reclamó una reducción del DReI y advirtió sobre la creciente competencia desleal.
El representante de Remises Stylo, Darío Solis, presentó una nota formal ante el Concejo Municipal de Rafaela en la que solicita medidas urgentes para frenar lo que define como “el deterioro progresivo y alarmante del sistema formal de transporte de pasajeros” en la ciudad. El documento, dirigido a los ediles, combina dos reclamos centrales: la necesidad de reducir el Derecho de Registro e Inspección (DReI) y la falta de control municipal sobre vehículos que trabajan mediante plataformas digitales sin habilitación, un fenómeno que —asegura— está generando una competencia desigual y poniendo en riesgo la continuidad del servicio regulado.
La presentación ingresó en momentos en los que el Concejo busca actualizar la ordenanza que regula el servicio de remises. En agosto pasado, más de una veintena de vehículos vinculados a la actividad se movilizaron hasta la Municipalidad para reclamar que intervenga ante la llegada de plataformas de viajes, lo que disparo la intervención del Concejo para adaptar el marco legal al nuevo escenario.
En este sentido, el Concejo ya presentó una serie de modificaciones ante remiseros y agencias, que no se mostraron conformes el texto del proyecto.
Una situación límite para el sector habilitado
En su presentación, Solis sostiene que el transporte formal atraviesa un momento crítico debido a la presión impositiva y a la caída de la rentabilidad, factores que impactan sobre la sostenibilidad económica de agencias y choferes. Entre los puntos más destacados, menciona que los costos básicos del rubro —combustible, mantenimiento, inspecciones técnicas, seguros, repuestos y habilitaciones— se han incrementado muy por encima de los ingresos de los remises.
La situación se agrava, según detalla, porque el DReI vigente representa una carga “que ya resulta inviable para muchos trabajadores del sector”, quienes además deben cumplir un amplio conjunto de requisitos para poder operar. En ese sentido, Solis subraya que el sistema habilitado cumple estrictamente con todas las exigencias municipales, entre ellas:
Habilitación municipal vigente.
Seguro obligatorio para terceros transportados, específico para transporte comercial.
Carnet de conductor profesional.
Vehículos radicados, inspeccionados y homologados en Rafaela.
Revisión técnica y documentación actualizada.
Pese al cumplimiento de estas obligaciones, afirma que el sector formal “se encuentra económicamente asfixiado” y en clara desventaja frente a otras modalidades que no tributan ni son fiscalizadas.
El avance de las plataformas y la ausencia de control
En paralelo, el documento presentado por Solis advierte que la ciudad vive una expansión acelerada de autos que trabajan mediante aplicaciones como Didi, Uber y Cabify. Según el planteo, estos vehículos operan sin habilitación municipal, sin seguros de transporte profesional, sin carnet correspondiente y sin inspecciones locales, lo que vulnera la Ordenanza Municipal Nº 3.338 que regula la actividad.
El reclamo coincide con el Comunicado Oficial de los Remiseros Habilitados de Rafaela, donde los trabajadores del sector detallan cinco problemas estructurales que, aseguran, están afectando gravemente la prestación del servicio y la seguridad de los usuarios:
1. Circulación de vehículos ilegales sin ningún tipo de control. El comunicado advierte que existe un flujo constante de autos trabajando sin habilitación ni requisitos mínimos, lo que —afirman— denota una ausencia de fiscalización municipal sistemática.
2. Las plataformas digitales deben cumplir la ordenanza vigente. Los remiseros reclaman que no puede existir un régimen de excepción o tolerancia hacia los servicios por aplicación y que estos deben cumplir las mismas reglas que el transporte habilitado.
3. Competencia desleal y abandono del sector formal. Señalan que quienes cumplen con las obligaciones legales compiten en condiciones desigualísimas con autos particulares, utilitarios e incluso motos que transportan pasajeros sin controles.
4. El pasajero viaja desprotegido. Plantean que los vehículos no habilitados implican un riesgo considerable para los usuarios, especialmente en situaciones de accidentes, donde los seguros comunes no brindan cobertura.
5. Exigen intervención inmediata del Municipio. Piden operativos de control, respuestas oficiales, criterios uniformes y medidas concretas que garanticen igualdad de reglas para todos los actores del sistema.
Un llamado al Concejo para frenar el deterioro del servicio
Solis remarca en su presentación que el transporte habilitado es una actividad regulada por el Estado local, que opera bajo normas claras y con vehículos que cumplen estándares de seguridad superiores. Sin embargo, advierte que “esta estructura se está desmantelando”, producto de la combinación entre presión fiscal, caída de ingresos y una competencia informal que se expande sin límites.
El representante de Remises Stylo sostiene que la falta de respuestas deja al sector en un estado de vulnerabilidad económica que podría derivar en la reducción de unidades, pérdida de fuentes laborales, cierre de agencias y un deterioro en el servicio disponible para la población.
Además, enfatiza que la discusión no es tecnológica ni ideológica: “No estamos en contra de la modernización; lo que pedimos es igualdad de condiciones”, señala, insistiendo en que cualquier modalidad de transporte debe ajustar su funcionamiento a las normas vigentes y tributar como corresponde.
Impacto social y percepción de inseguridad
La nota de Solis también menciona un aspecto que comienza a cobrar relevancia: la percepción de los pasajeros. Según indica, muchos usuarios desconocen que los vehículos por aplicación que circulan sin habilitación no cuentan con cobertura en caso de siniestros y que los conductores no han pasado por controles municipales ni capacitaciones obligatorias.
Esta situación alimenta una preocupación adicional: el transporte informal comienza a instalarse como opción cotidiana, pero sin garantías legales ni mecanismos de reclamo adecuados. “La ciudad está desprotegida”, señala el documento, aludiendo a la necesidad de que el Municipio ejerza la autoridad regulatoria que le corresponde.
El pedido concreto: revisión del DReI y controles efectivos
El planteo de Solis ante el Concejo se sintetiza en dos solicitudes principales:
-Reducir el Derecho de Registro e Inspección, adecuándolo a la realidad económica actual del sector.
-Aplicar controles regulares y efectivos para que todas las modalidades de transporte cumplan las normas vigentes, evitando la competencia desleal y garantizando la seguridad de los pasajeros.
El representante concluye su presentación instando a los ediles a actuar con celeridad, recordando que la situación del sector ya no admite demoras. “Estamos defendiendo no solo nuestro trabajo, sino un servicio público esencial que forma parte de la vida cotidiana de miles de rafaelinos”, sostiene.
FUENTE: DIARIO LA OPINION
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