Un proyecto de ordenanza firmado por Bryan J. Mayer ingresó al concejo municipal rafaelino días atrás con un objetivo claro: frenar el cobro irregular de derechos de autor a organizaciones como SADAIC y AADI-CAPIF. Sucede que en 2024 el presidente de la Nación firmó el Decreto 765/2024 que redefine el concepto de “ejecución pública” que se menciona en la Ley 11.723. Esas dos herramientas son las que regulan los derechos de autor y, con la nueva interpretación, fiestas privadas no deberían pagar más esos ítems. La Justicia santafesina intervino a favor de padres en la ciudad de Santa Fe.
Mayer había denunciado que “en algunos casos se cobra hasta 9 millones de pesos pese a que el decreto está plenamente vigente” y que se trataba de “una avivada porque se confunde a la gente para seguir cobrándoles, mientras se juega con la ilusión de la fiesta que quieren celebrar”.
El funcionario nacional pidió a los vecinos que “no se dejen engañar y no acepten cláusulas tramposas que los obliguen a pagar de una u otra manera, porque los están estafando” e invitó a que se denuncie a quienes les exijan el pago de todas formas. Así lo hicieron en la capital provincial.
El abogado Rodolfo Carlos Comoretto fue quien lideró la acción de amparo en nombre de cinco establecimientos educativos meses atrás ante la justicia. Según se conoció, la tensión del caso se disparó cuando las organizaciones colectivas presionaron a los titulares del salón con derivar el cobro a ellos, como institución, si los padres de los egresados no abonaban lo exigido. Algo similar a lo que se viene denunciando en Rafaela y la región, según comentó el propio Mayer.
Tras la presentación judicial, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 6ta nominación de Santa Fe hizo lugar a la medida cautelar y el cobro queda suspendido hasta que se dicte una sentencia firme.
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