Tras el decomiso de 20 propiedades de Cristina Kirchner, el fiscal Luciani trabaja en más incautaciones

Una vez que el oficio del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ingrese a la Corte Suprema con el listado de 20 propiedades de Cristina Kirchner que serán decomisadas, comenzará el trámite para que queden escrituradas a nombre del máximo tribunal. En paralelo, el fiscal general Diego Luciani, trabaja en un segundo pedido de bienes a ejecutar y por delante quedan dos instancias más. ¿Puede incluirse San José 1111, los US$ 5 millones de Florencia Kirchner? Todo está siendo analizado.
La finalidad del decomiso con el que se avanza en el marco de la condena por administración fraudulenta, es “restituir los bienes ilícitamente obtenidos al Estado como legítimo propietario y reparar a la sociedad por los daños materiales y simbólicos derivados de la conducta delictiva”, determinó el TOF 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Se tomó como fecha de partida para evaluar la incorporación de bienes que pueden ser decomisados, el 23 de abril de 2004, “hito a partir del cual se ha logrado comprobar la efectiva obtención de ganancias ilegítimas por parte de los condenados, así como la producción de erogaciones perjudiciales para los intereses estatales y correlativos beneficios económicos indebidos para quienes integraron la maniobra delictiva”, hasta diciembre de 2015.

En consecuencia, todos aquellos bienes que ingresaron al patrimonio de los condenados con posterioridad a esa fecha “será potencialmente susceptible de contribuir al cumplimiento de la pena patrimonial que aquí se analiza, siempre dentro de los parámetros que surgen de las tres categorías previamente delimitadas”, indicó el TOF 2.
Con esos parámetros establecidos, el Ministerio Público Fiscal es el responsable de identificar y requerir las propiedades que deben decomisar hasta cubrir la cifra de $ 685.000 millones que se fijó como el perjuicio ocasionado al Estado con la maniobra defraudatoria que involucró 51 licitaciones viales otorgadas de manera irregular a Lázaro Báez.
La resolución de la semana pasada firmada por el TOF 2, fue el paso inicial dentro de un “proceso dinámico y progresivo, cuya proyección y eventual ampliación quedará sujeta a la actividad de los señores Fiscales actuantes, a quienes compete precisar la determinación final de los bienes que pudieran ser alcanzados por la medida”.

En función de esa premisa, confirmaron fuentes judiciales a Clarín, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, trabajan hace meses en una segunda etapa de bienes a decomisar sumando más propiedades de Cristina Kirchner como de Lázaro Báez. En esta primera etapa se les ejecutarán 20 y 90 inmuebles respectivamente.
Bajo análisis hay un conjunto de inmuebles que por su naturaleza no son sencillos de someter a un decomiso, ya que están escriturados a nombre de personas jurídicas, es decir, empresas.
Por ejemplo, fuentes judiciales explicaron a Clarín que el departamento de San José 1111 donde la ex mandataria cumple el arresto domiciliario por la condena del caso Vialidad, es propiedad de Los Sauces SA como así también el chalet de Río Gallegos donde solía descansar Cristina Kirchner. Esta inmobiliaria fue investigada por operaciones de blanqueo y junto a la firma hotelera, Hotesur SA, conducirán en 2026 a Cristina Kirchner a un nuevo juicio por corrupción.
Ese departamento “se encuentra embargado en la causa por lavado de activos pero no se descarta que por la ventana de tiempo en la que fue adquirido y los vínculos comerciales comprobados en el caso Vialidad entre Báez y Kirchner, pueda ser alcanzado por un eventual decomiso”, indicaron fuentes allegadas al caso a Clarín.
Hay que recordar que en la resolución donde los jueces del TOF 2 fundamentaron la ejecución patrimonial de 20 inmuebles de la familia Kirchner, en que se trató de “dinero ilícitamente obtenido proveniente de la competencia aparente y la cartelización de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz (colusión), de los sobreprecios en la adjudicación de las obras licitadas, de la permisividad con la que eran analizadas las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo, y de los anticipos financieros y pagos anticipados otorgados en favor de Austral Construcciones SA”.
La maniobra derivó en “ganancias en claro e indebido beneficio de esa sociedad” propiedad de Báez, “así como de quienes establecieron con él y sus empresas vínculos comerciales a sabiendas de esa circunstancia, entre ellos, los ex Presidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”.
En otros términos, se dijo: la maniobra defraudatoria redundó en “beneficios económicos indirectos para la familia Kirchner, quienes durante el mismo lapso mantuvieron con Báez múltiples relaciones comerciales, tanto de manera directa como a través de sociedades de su propiedad”.

¿Qué sucede con los U$S 5 millones de Florencia Kirchner? Ese dinero está secuestrado en la causa Hotesur SA cuyo juicio oral iniciará el próximo año. Pese a ello, el fiscal Luciani y su par Sergio Mola, no descartan que pueda ser parte de una próxima etapa de pedidos de decomisos. “Fueron resultados de movimientos de fondos mientras se produjo la maniobra defraudatoria”, indicó una fuente judicial a Clarín. Sin embargo, todo continúa bajo estudio.
No concluirá este proceso en un segundo pedido de bienes a decomisar tanto de Cristina Kirchner como de Lázaro Báez. El Ministerio Público Fiscal -según pudo saber Clarín- trabaja en una tercera y cuarta etapa de ejecución patrimonial, hasta llegar a cubrir la cifra de 685.000 millones de pesos.
La titularidad de los bienes quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia como cabeza del Poder Judicial. Será quien decida qué bienes quedarán dentro del patrimonio de dicho poder del Estado, cuáles pueden cederse a quienes lo soliciten con un fin social, incluso aquellos que podrán ser rematados.
Con la finalidad de otorgar al proceso mayor transparencia, el Ministerio Público Fiscal, aseguraron fuentes judiciales a Clarín, trabaja en un sitio dentro de la página oficial donde se detallen los bienes decomisados, el uso final que se les otorgará.
La Corte Suprema cuenta con un registro online donde los jueces responsables de las ejecuciones patrimoniales, deben dejar constancia del tipo de bienes alcanzados por el decomiso en los procesos penales. El objetivo es que sea de acceso informativo a toda la ciudadanía.
En ese marco, los jueces del TOF 2 hicieron una particular distinción: el fraude en Vialidad no sólo se produjo en detrimento de las arcas públicas nacionales, sino también perjudicó la red vial de la provincia de Santa Cruz.

Con el fin de dar una reutilización social de bienes o fondos derivados del producido de la venta de bienes decomisados, los jueces consideraron que como “política estratégica para fortalecer la legitimidad institucional y la vida democrática” se ponga a disposición directa de “los bienes a las instituciones y los territorios más afectados. En definitiva, ofrece una excelente oportunidad para demostrar a la sociedad que el sistema de justicia funciona de manera integral”.
En este caso puntual, “las finalidades descritas y estrictas razones de justicia, la Corte podrá contemplar la asignación –incluso parcial– de los recursos decomisados en favor de la ciudadanía santacruceña, particularmente respecto de aquellos bienes localizados en dicha provincia y directamente vinculados con los efectos nocivos de la maniobra delictiva acreditada” en este expediente.

FUENTE: CLARIN