Vivían en condiciones de hacinamiento en toldos de nailon montados en dos campos de la localidad de Pozo Borrado, en el límite con Santiago del Estero, de donde son oriundos. Algunas de las víctimas no sabían leer ni escribir y estaban indocumentadas. Según testimonios, trabajaban de lunes a lunes por 300 mil pesos por quincena. La Fiscalía federal de Rafaela ordenó los procedimientos. Las imágenes
Una treintena de trabajadores rurales golondrina –entre ellos dos menores de edad– fueron asistidos cuando se encontraban en condiciones de hacinamiento en dos campos ubicados sobre la ruta provincial 77, en la localidad de Pozo Borrado, del departamento 9 de Julio, al norte de Santa Fe. De acuerdo a lo constatado en los procedimientos, las víctimas, oriundas de Santiago del Estero, vivían bajo precarios toldos de nailon, sin agua potable ni baños, con jornadas de trabajo de diez horas, de lunes a lunes, y con salarios de 300 mil pesos por quincena, según publicó el portal Fiscales.
El caso se inició el 4 de septiembre pasado, cuando personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) notificó a la Fiscalía Federal de Rafaela sobre un procedimiento realizado junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) en un campo identificado como establecimiento Santa Ana, en Pozo Borrado, a pocos kilómetros con el límite con Santiago del Estero.
Allí, identificaron a 15 personas que realizaban tareas de desmalezamiento, entre ellos dos adolescentes de 17 años. Se constató que vivían en campamentos improvisados, en condiciones de precariedad absoluta, sin agua potable ni baños (solo tenían tachos para hacer sus necesidades) y dormían en el piso sobre mantas o colchones.
Al ser entrevistados por las autoridades, los trabajadores indicaron ser oriundos de la localidad de Los Juríes (Santiago del Estero), contaron que cumplían jornadas laborales de 8 a 18, de lunes a lunes y con salarios de 300 mil pesos por quincena, al cual se les descontaba el valor de la comida.
“Estas personas tenían totalmente naturalizado vivir sin tantos recursos esenciales. Uno está en permanente contacto con este delito y no se pierde el poder de asombro respecto de las condiciones que hemos encontrado a esta gente”, dijo en diálogo con RTS el jefe del área de Trata de la PDI Lucas Musuruana.
De esos testimonios surgió que los trabajadores no tenían posibilidad de retirarse del lugar, no contaban con medios de comunicación, varios de ellos no sabían leer ni escribir y otros estaban indocumentados, aspectos que dejaron en evidencia su estado de vulnerabilidad social, señaló el portal del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Los mismos voceros federales indicaron que la comisión fiscalizadora luego se trasladó a un campo lindero, identificado como La Revancha e Isabelliana S.A., donde detectó a otro grupo de cinco trabajadores en las mismas condiciones laborales, que residían en tolderías precarias con improvisadas carpas, en condiciones calificadas como “deplorables” por los funcionarios.
El vocero de la PDI agregó que hay dos responsables de los trabajadores golondrina identificados, pero no serían más que capataces, puesto que no se trata de los dueños de las propiedades.
Y por último, indico: “En este y otros operativos coinciden la manera de reaccionar (de los trabajadores sometidos) porque al tener naturalizada esta situación, tal vez consideran que uno intenta perjudicarlos”.
Según la información oficial, la Municipalidad de la localidad de Tostado y la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe articularon medidas de contención a las víctimas para garantizarles alojamiento y alimentación.
Desde la Cámara de Diputados de Santa Fe, avanzaron en las últimas horas con un proyecto de comunicación presentado por Fabián Palo Oliver para que el Poder Ejecutivo provincial, a través de los ministerios competentes, informe en detalle sobre el operativo. Por caso, al Ministerio de Trabajo se le solicitó antecedentes de controles en los campos mencionados y registro de las firmas como empleadores.
FUENTE: ROSARIO3
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