La Oficina Anticorrupción pidió que Eduardo Belliboni vaya a juicio por administración fraudulenta y amenazas

El organismo que conduce Alejandro Melik hizo una presentación de 140 páginas en la que enumeró las pruebas contra el Polo Obrero y solicitó elevar el caso a la siguiente etapa. Para la Justicia, la investigación demostró que el partido utilizó de manera irregular el dinero del Estado.

 Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero, atraviesa un delicado frente judicial. El dirigente, investigado por el delito de administración fraudulenta y amenazas y extorsión a beneficiarios del Potenciar Trabajo está cada vez más cerca de ser elevado a juicio.

La Oficina Anticorrupción (OA) y la organización Poder Ciudadano, querellantes en el caso que investiga el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, pidieron que Belliboni sea elevado a juicio oral acusado de haber llevado adelante una maniobra que defraudó al Estado nacional.

En el caso se investiga si la Asociación Civil Polo Obrero y el Resplandor Limitado desviaron parte de los $360 millones que le envió el exMinisterio de Desarrollo Social como unidades de gestión del Potenciar Trabajo hacia un grupo de empresas que hacían facturas para ocultar el verdadero destino del dinero: financiar la campaña del Partido Obrero.

La Oficina Anticorrupción pidió que Eduardo Belliboni vaya a juicio por administración fraudulenta y amenazas
Tanto la OA como Poder Ciudadano se pronunciaron sobre la situación del líder del Polo Obrero y otros dirigentes involucrados en el caso después de que el magistrado les corriera vista, es decir, les pidiera su opinión. Para Casanello, la investigación demostró que esta organización utilizó de manera irregular el dinero del Estado y que desde allí se extorsionó y amenazó a beneficiarios del Potenciar Trabajo.

En su presentación de 140 páginas, la OA expuso las pruebas que demuestran que el Polo Obrero realizó rendiciones de cuentas ante la cartera de Desarrollo Social con facturación apócrifa generada por un grupo de empresas “truchas”. El dinero del Estado se debía destinar a la compra de herramientas y otros elementos de trabajo, pero parte de esos fondos terminaron en una agencia que hizo tareas de publicidad para la campaña del Partido Obrero.

Una de estas empresas es Coxtex, que le facturó al Polo Obrero unos $5.144.418. La AFIP catalogó esta firma como apócrifa, no tiene sede social ni comercial. El partido dice haberle comprado computadoras, pero no se sabe a dónde las fueron a buscar.

La imprenta del Polo Obrero, en la mira: se usó para financiar una campaña política
Algo similar ocurrió con la empresa Ediciones e Impresiones Rumbos, la imprenta del Polo Obrero. La Justicia detectó facturas de esta firma por un total de $31 millones, aunque mucha de la documentación presentaba irregularidades. Un ejemplo de esto es que se emitieron varias facturas en un día por kits de seguridad, todas con distinto valor aunque se trataba del mismo producto y cantidad.

La Justicia determinó, además, que esta empresa se usó para financiar las actividades electorales del Partido Obrero. Luego de recibir la plata de la organización de Belliboni, la Imprenta Rumbos contrató a la firma de publicidad Makosen, que hizo una campaña digital para el PO.

Por otro lado se determinó que las cuentas bancarias de “Rumbos” eran utilizadas por los integrantes del Polo Obrero para inyectar dinero propio en efectivo, como ser las “cápitas” que se les quitaba a los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Se registró entre 2020 y 2024 el ingreso de $10.920.000 y $14.695.248, en dos cuentas de esta firma.

La Justicia también encontró irregularidades en la firma Miniso Trade, que le facturó al PO unos $3.060.003. Se trata de una compañía apócrifa. A su vez, Urban Graphics le facturó a la organización de Belliboni otros $5.180.019 e inmediatamente después de cobrar el dinero le endosó un cheque a Rumbos, es decir, la plata siempre volvía a la imprenta del PO.

Lo mismo ocurrió con las firmas RicoPrint ($2.769.378) y Carlos Osvaldo Monfrini ($1.453.456).

Por otra parte, en su presentación, la OA aseguró que “se encuentra acreditado que Belliboni era quien impartía las directivas generales acerca de las actividades a las que se forzaba a participar a los beneficiarios del programa”, entre estas la obligatoriedad de ir a las marchas y que otros referentes como Jeremías Cantero “contribuían en la centralización del registro de cumplimiento de las exigencias coactivas y en la recaudación de las cápitas”. Una de las beneficiarias que declaró con identidad protegida dijo que todos los meses debía pagar $2500.

Allí el organismo que conduce Alejandro Melik señaló: “A través del aprovechamiento de una posición de poder de los delegados y/o referentes sobre los beneficiarios o sobre aquéllos que querían acceder al programa, se les impuso la obligación de asistir a movilizaciones (del Polo Obrero y sus ramificaciones), además de requerirles una ‘cápita’ de un porcentaje mensual del salario social complementario, bajo la advertencia de perder la ayuda estatal, situaciones que dista del objetivo social que tenía el programa en sí mismo que, como ya se dijo, era el promover la inclusión social y/o contribuir al mejoramiento de la empleabilidad, lo cual también implica una clara vulneración al ámbito de la libertad personal de los beneficiarios”.

En los allanamientos en los domicilios de Puppo y Cantero se encontraron tablas manuscritas tituladas “rendición de cuentas”; “ingresos y egresos”; “cuadrilla”, “esencial”, “cuadrilla ciudad” y “Potenciar Trabajo”, en donde se llevaba un registro de quienes aportaban las cápitas y quiénes iban a las movilizaciones.

Semanas atrás la Unidad de Información Financiera (UIF) también pidió elevar a juicio a Belliboni pero solicitó que también se lo acuse de lavado de dinero. Ahora resta que la fiscalía de Pollicita emita su opinión y luego se le corra vista a la defensa del Polo Obrero, que apelará la decisión. De esta manera, se espera que la elevación a juicio pueda darse entre febrero y marzo de 2025.

FUENTE: TN