Imputaron al ministro de Transporte de Kicillof por lavado de dinero

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, enfrenta una grave acusación por presunto lavado de dinero, vinculado a irregularidades en la concesión de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

La causa señala que D’Onofrio podría haber favorecido a determinadas empresas mediante licitaciones irregulares que les otorgaron contratos millonarios. Estas adjudicaciones, presuntamente fuera del marco legal, habrían beneficiado a empresarios cercanos al ministro.

En ese sentido, el Juzgado Federal de Zárate-Campana, a cargo del juez Adrián González Charbay, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario para avanzar en la investigación.

De igual manera, este no es el único escándalo judicial que lo involucra. Una investigación paralela, encabezada por el fiscal Álvaro Garganta en la ciudad de La Plata, apunta a D’Onofrio como parte de un esquema que ofrecía la eliminación de multas de tránsito a cambio de sobornos.

Según la denuncia, los gestores cobraban un 30% del monto original de la infracción, afectando gravemente las finanzas de Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas en la provincia bonaerense. La empresa denunció pérdidas mensuales de entre 4 y 10 millones de dólares debido a estas prácticas fraudulentas.

En este esquema estaría implicado Mario Quattrochi, juez de faltas de La Plata, acusado de facilitar la eliminación de multas a cambio de pagos indebidos. Al igual que D’Onofrio, Quattrochi enfrenta la medida de levantamiento del secreto bancario y fiscal.

Otra implicada en la causa además de D’Onofrio es Claudia Pombo, pareja del ministro y exconcejala de Pilar. Según las denuncias, Pombo habría coordinado las actividades de los gestores que manipulaban el sistema de multas. Por esta razón, fue desplazada de su cargo como presidenta del Concejo Deliberante de Pilar en una sesión extraordinaria. 

Asimismo, la investigación apunta a Sebastián Desio, presidente de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., una empresa sin antecedentes en el sector que se convirtió en proveedora clave del sistema de VTV. 

La misma reveló que Desio cobraba un porcentaje extra, del 8,5% más IVA, sobre cada inspección que se realizaba en las concesionarias. El modus operandi, fue aprovecharse de su cercanía con el ministerio de Transporte para obtener beneficios económicos sin pasar por licitaciones o concursos públicos.