Corrupción en la Universidad Nacional del Chaco Austral: van a juicio el rector K Germán Oestmann y varios directivos

Se imputan delitos como abuso de autoridad, malversación de fondos públicos que incluye la compra de un avión y el pago de combustible a una entidad sin vehículos. Asociación ilícita, y negociaciones incompatibles a numerosos funcionarios y directivos, completan el complejo panorama de una escandalosa trama.

La Justicia Federal con sede en Chaco dio por cerrada la investigación y la jueza María Belén López Lacé dictó la elevación a juicio por una causa de corrupción en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) y varias fundaciones relacionadas. Se imputan delitos como abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, asociación ilícita, y negociaciones incompatibles a numerosos funcionarios y directivos. Varias defensas presentaron oposición al requerimiento de elevación a juicio, alegando principalmente falta de congruencia entre la imputación inicial y los hechos finalmente presentados, así como la insuficiencia de pruebas. Todo fue rechazado.

Según se desprende de la resolución judicial a la que accedió #BORDER los acusados que irán a juicio por los presuntos delitos cometidos en la órbita de la UNCAUS son:

● Germán Eduardo Oestmann: Rector de la UNCAUS desde el 28/11/2018. Debe responder por los delitos de «Fraude en Perjuicio de la Administración Pública», «Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos», «Malversación de caudales públicos» y «Asociación Ilícita».

● Natalia Evelin Judis: Directora de la UME (Unidad Médica Educativa) de la UNCAUS. Se la acusa de «Fraude en Perjuicio de la Administración Pública», «Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos», «Malversación de caudales públicos», «Negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas» y «Asociación Ilícita».

● Luis Sebastián Pugacz: Acusado por presunto «Abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público» y «Fraude en perjuicio de la Administración Pública».

● Analía Beatriz Almirón: Se la acusa de «Fraude en Perjuicio de la Administración Pública», «Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos», «Malversación de caudales públicos» y «Asociación Ilícita».

● Cristian Gabriel Vizgarra: Vocal de la “Fundación UNCAUS”. Se le acusa de «Fraude en Perjuicio de la Administración Pública», «Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos», «Malversación de caudales públicos» y «Asociación Ilícita».

● José Darío Yarros: Vicepresidente de la “Fundación UNCAUS”. Acusado de «Fraude en Perjuicio de la Administración Pública», «Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos», «Malversación de caudales públicos» y «Asociación Ilícita».

● Carla Anahí Palacios: Directora General Coordinadora Administrativa de la Universidad, Tesorera de la Fundación Uncaus y contadora de la Fundación Educación para Todos. Se la acusa de «Fraude en Perjuicio de la Administración Pública», «Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos», «Malversación de caudales públicos», «Negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas» y «Asociación Ilícita».

● Ricardo Alberto José Salín: Contador de la “Fundación Educación para todos”. Señalado de «Fraude en Perjuicio de la Administración Pública», «Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos», «Malversación de caudales públicos», «Negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas» y «Asociación Ilícita».

● Lucas Ariel Stegagnini: Acusado de «Fraude en Perjuicio de la Administración Pública», «Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos», «Malversación de caudales públicos» y «Asociación Ilícita».

● Jorge Omar Alcántara: Imputado por «Fraude en Perjuicio de la Administración Pública», «Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos», «Malversación de caudales públicos» y «Asociación Ilícita».

● Fernanda Del Giorgio: Procesada por presunto «Fraude en Perjuicio de la Administración Pública», «Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos», «Malversación de caudales públicos» y «Asociación Ilícita».

● Manuel Ricardone: Se le acusa de «Fraude en Perjuicio de la Administración Pública», «Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos», «Malversación de caudales públicos» y «Asociación Ilícita».

Es importante destacar que Mario David Nadelman, quien fuera inicialmente imputado, fue sobreseído de los cargos en su contra.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. Carlos Martín Amad, solicitó la elevación a juicio de la causa basándose en los hechos investigados y el plexo probatorio obrante en el expediente. La instrucción de la causa estuvo a cargo de la Fiscalía, quien la consideró completa.

Estrategias de desvío de fondos en la UNCAUS
Según se dio por acreditado en esta etapa del proceso fueron varias estrategias utilizadas para desviar fondos de la UNCAUS. Estas estrategias se pueden agrupar en las siguientes categorías:

1. Creación y utilización de fundaciones:

La UNCAUS creó y utilizó diferentes fundaciones, como la «Fundación Uncaus», la «Fundación Educación para Todos» y la «Fundación Recursos Naturales», para firmar convenios y transferirles la administración de áreas completas de la universidad.

Esta delegación de funciones a fundaciones dificultó el control estatal sobre los movimientos de fondos, ya que las fundaciones no están sujetas a las mismas regulaciones que la universidad. Además, las fundaciones involucradas compartían instalaciones con la universidad, personal e incluso recursos, lo que difuminaba aún más la línea entre ambas entidades y facilitaba la triangulación de fondos.

2. Cobro por servicios ya cubiertos por el presupuesto:

Las fundaciones, a pesar de tener como objetivo colaborar con la universidad, comenzaron a cobrar por servicios que ya estaban cubiertos por las partidas asignadas a la UNCAUS en el presupuesto nacional. De esta manera, las fundaciones actuaban como instituciones privadas que utilizaban recursos estatales de forma gratuita y obtenían ganancias adicionales.

3. Triangulación de fondos entre fundaciones:

Cuando las fundaciones no generaban suficientes ingresos, se transferían dinero entre sí para cubrir sus gastos y cobrar servicios mutuamente. Esta triangulación de fondos dificultaba el seguimiento del origen y la aplicación de los recursos públicos.

4. Facturación de servicios por parte de miembros de las fundaciones:

Varios imputados facturaban servicios a las fundaciones mientras formaban parte de otra, lo cual está prohibido por la naturaleza jurídica de este tipo de institución. Esta práctica permitía a los individuos obtener ganancias adicionales utilizando su posición en las fundaciones.

5. Contabilidad deficiente y falta de control:

Las operaciones entre la UNCAUS y las fundaciones se respaldaban con una contabilidad deficiente, con gastos no declarados e inconsistencias en los estados contables. Los responsables de la contabilidad y auditoría de las entidades también estaban vinculados a las demás organizaciones, lo que facilitó la manipulación de la información financiera y el desvío de fondos.

6. Explotación de las ventajas legales de las fundaciones:

Las fundaciones, al estar sujetas a un régimen legal diferente al de la Universidad, contaban con menos controles estatales y estaban exentas de ciertos impuestos. Esta situación las convertía en entidades ideales para triangular dinero y ocultar el origen ilícito de los fondos.

7. Uso de empresas «fantasma»:

Se utilizaron empresas como «Septiembre S.A.», sin activos ni empleados reales, como vehículos para desviar fondos de la UNCAUS.

8. Extracción de fondos en efectivo:

Se registraron extracciones de grandes sumas de dinero en efectivo de las cuentas bancarias de las fundaciones, sin justificación o documentación respaldatoria. Estos son algunos ejemplos de las estrategias de desvío de fondos que se utilizaron en la UNCAUS, según la información proporcionada en las fuentes. Es importante destacar que la investigación judicial sobre este caso continúa, por lo que es posible que se descubran nuevas estrategias y detalles en el futuro.

Maniobras ilícitas en la UNCAUS
Según se desprende del documento judicial, se detallan una serie de maniobras ilícitas llevadas a cabo por diferentes individuos en el marco de la UNCAUS.

Creación de una estructura para desviar fondos y usarlos en campañas políticas:

María Fernanda Del Giorgio, Nancy Liliana Salín y Danisa Fabiana Koncimal, como miembros fundadores y autoridades de la Fundación Educación para Todos, junto a los rectores Omar Judis y luego Germán Oestmann, habrían creado una estructura jurídica con el objetivo de desviar fondos de la UNCAUS para usarlos en actividades políticas.

Malversación de fondos a través de convenios y fundaciones:

Germán Oestmann y Manuel Ricardone habrían puesto en circulación fondos ilícitos mediante un convenio con el Municipio de Taco Pozo para dictar carreras a distancia, ocultando este convenio en los estados contables de la Fundación Educación para Todos. Se sospecha de la malversación de dinero mediante la delegación simultánea de áreas virtuales y de posgrado a la «Fundación Educación para Todos» y a la Fundación Uncaus, sin un convenio que lo respaldara.

Se desvió dinero a través de un subsidio no reintegrable de la Fundación Educación para Todos a la UNCAUS por un monto de $1.007.990,84, destinado a la compra de equipamiento para el Hospital Veterinario, administrado por la Fundación Recursos Naturales. Este monto no se reflejó en los estados contables de ninguna de las entidades.

Natalia Evelin Judis y Enzo Judis habrían firmado un convenio que transfería la administración, recursos y fondos de la UME a la Fundación Uncaus, sin la intervención del Rectorado ni del Consejo Superior de la Universidad.

Se facturaron insumos de la UME a la ISSuncaus, a pesar de que la UME estaba siendo administrada por la Fundación Uncaus, desviando fondos destinados a la UME.

Juan Marcelo Sang y Enzo Judis habrían desviado fondos de la Fundación Uncaus a través de convenios con la firma Septiembre S.A., de la cual Sang era presidente.

También habrían desviado fondos mediante un convenio entre la ISSUNCAUS, presidida por Sang, y la Fundación Uncaus, por un monto de $120.000 para la adquisición de recursos y materiales para el «Proyecto Camión Sanitario para la Prevención de la Salud y el Deporte».

Puesta en circulación de fondos ilícitos mediante extracciones y transferencias:

Germán Oestmann habría puesto en circulación fondos ilícitos a través de extracciones del Banco Patagonia en 2017 y 2021 por montos en dólares y pesos, según un informe de la UIF. También habría realizado transferencias internacionales desde una cuenta de la UNCAUS a una cuenta en Estados Unidos a nombre de CLOUDLABS LLC., por servicios de informática que no figuran en los estados contables.

Natalia Judis habría realizado siete extracciones de dinero en efectivo de una caja de ahorro del Banco Patagonia entre 2018 y 2021 por un total de USD 80.500 y $ 1.040.000. José Darío Yarros y Sandra Alina Bondar habrían extraído $700.000 en efectivo de la cuenta de la Fundación del Chaco Austral en el Banco Nación, sin justificación ni documentación respaldatoria.

Adquisición de bienes con fondos de procedencia ilícita:

Germán Oestmann habría adquirido dos inmuebles con fondos de procedencia ilícita.

No se habría registrado en los estados contables de la UNCAUS la adquisición de un vehículo Toyota modelo SW4 4×4 a nombre de la Universidad.

Enzo Gabriel Judis habría utilizado fondos de la Fundación Educación para Todos para adquirir un avión por un monto de $10.564.437,50, a pesar de que la UNCAUS ya contaba con una habilitación para instrucción teórica de pilotos y no necesitaba un avión.

Contratación irregular de personal y uso de «prestanombres»:

Germán Oestmann habría contratado de forma excesiva a personal que no brindaba contraprestación a la UNCAUS, incluyendo a su madre y hermana.

Se habría utilizado a personas interpuestas para ocultar la titularidad de activos mediante facturaciones falsas a la Universidad por parte de las fundaciones.

Incumplimiento de deberes como funcionario público:

Se permitió que la UEGP 188, administrada por la Fundación Uncaus, funcionara en el edificio de la UNCAUS utilizando sus recursos sin que la fundación tuviera la documentación respaldatoria de los gastos.

Manejo irregular de la contabilidad e inconsistencias en los estados contables:

Sandra Alina Bondar, como contadora de la Fundación Uncaus, habría registrado gastos de combustible por $708.612,60 sin que la fundación tuviera vehículos propios. Se habría utilizado una orden de compra por $1.470.466 para la adquisición de un grupo electrógeno para la UME, con un adelanto del 40% ($588.186,40) sin facturas ni documentación que justificara el gasto.

Ricardo Salín, como contador de la Fundación Educación para Todos, habría realizado operaciones simuladas y ocultando ingresos en los estados contables.

Se habrían registrado gastos de mantenimiento y honorarios profesionales en la Fundación Recursos Naturales por montos superiores a los comprobados.

Creación de fideicomisos para ocultar la titularidad de bienes:

Ricardo Salín habría creado un fideicomiso para ocultar la titularidad de un inmueble a su nombre. A pesar de las oposiciones presentadas por las defensas de los acusados, la jueza resolvió elevar la causa a juicio, argumentando que las piezas jurídicas acusatorias cumplían con los requisitos legales y que el debate oral era el ámbito adecuado para dirimir las cuestiones de fondo y determinar la responsabilidad de los acusados.

FUENTE: BORDER PERIODISMO