Lavado de dinero y financiación del terrorismo: cómo es la nueva ley del Gobierno

Congreso aprobó una nueva reforma a la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) - Ley 25.246-. Según explica el comunicado de la Unidad de Información Financiera (UIF), los cambios y actualizaciones introducidos se adecúan a los estándares internacionales y a los riesgos identificados en la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos.
La Ley 25246, de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo, fue promulgada en el año 2000 y la anterior modificación consistente que había tenido fue en junio del 2011. Ahora, se aprobó en el Congreso una reforma. Esto se da en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Una delegación de este organismo internacional visita desde el 6 hasta el 26 de marzo in situ en Argentina para medir el cumplimiento técnico y, por primera vez, la efectividad de los estándares internacionales que fija.La modificación aprobada es el resultado de mesas de trabajo impulsadas por la UIF que reunieron a los equipos técnicos de: los Ministerios de Economía, Justicia y Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el Ministerio Público Fiscal; la AFIP; el BCRA; la CNV; el INAES; la Superintendencia de Seguros de la Nación; y la Coordinación Nacional para el Combate del LA/FT.
Se propicia con los cambios "la efectividad del sistema preventivo y represivo, se promueve el cumplimiento de las obligaciones ALA/CFT por parte del sector privado y la adaptación a las nuevas tecnologías, y sus productos y servicios conexos", explica el comunicado de la UIF. Pero hay algunos puntos especialmente importantes, según los expertos en la temática.
"La reforma es muy importante y creo que los elementos más destacados son: la actualización del listado de sujetos obligados ante, el otorgamiento de más facultades sancionatorias a la UIF, como apercibimientos o inhabilitaciones a Oficiales de Cumplimiento y la creación de un registro de Beneficiarios Finales en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en el que las empresas van a tener que declarar quiénes están detrás de ellas ante el organismo", informó Ámbito.