--- canonical_url: "https://lavozderafaela.com/contenido/46278/denuncian-al-gobernador-de-san-luis-por-enriquecimiento-ilicito-sus-hijos-tienen" title: "Denuncian al gobernador de San Luis por enriquecimiento ilícito: sus hijos tienen 13 propiedades y su esposa, otras cuatro" article_type: "Article" main_image: "https://lavozderafaela.com/download/multimedia.normal.a75c3724a0076a5f.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-10-27T04:57:00-03:00" date_modified: "2026-10-27T04:57:51-03:00" author_name: "Marko" author_url: "https://lavozderafaela.com/usuario/4/marko" category_name: "NACIONALES" category_url: "https://lavozderafaela.com/categoria/4/nacionales" --- # Denuncian al gobernador de San Luis por enriquecimiento ilícito: sus hijos tienen 13 propiedades y su esposa, otras cuatro ![image](/download/multimedia.normal.a75c3724a0076a5f.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) Claudio Poggi quedó bajo la lupa por una denuncia que cuestiona la evolución de su patrimonio y la compra de inmuebles por parte de su familia. El patrimonio del gobernador de San Luis, Claudio Poggi, volvió al centro de la disputa política y judicial. El diputado Ernesto Alí amplió una denuncia contra el mandatario por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos, encubrimiento agravado y omisión maliciosa, a partir de una serie de inconsistencias que detectó en sus declaraciones juradas y de la acumulación de propiedades entre sus familiares directos. La presentación sostiene que los ingresos declarados por Poggi no serían suficientes para justificar la evolución de sus bienes. Además, cuestiona la titularidad de 13 inmuebles registrados a nombre de sus dos hijos, María Victoria y Federico, y otros cuatro que figuran a nombre de su esposa, Sandra Mabel Correa Sosa. La denuncia, que se originó en San Luis a partir de una investigación periodística del abogado Gustavo Reviglio, pasó por los tribunales federales de Comodoro Py. Sin embargo, la jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscal Paloma Ochoa se declararon incompetentes y enviaron las actuaciones a la Justicia Federal de la provincia. ## La familia de Poggi, bajo la lupa por la compra de inmuebles Según la documentación que presentó Alí, María Victoria Poggi figura como titular de ocho propiedades, mientras que su hermano Federico registra otras cinco. Ambos tienen menos de 40 años, un dato que el legislador considera relevante para determinar si sus ingresos pueden explicar el volumen de bienes acumulados. A ese patrimonio se suman cuatro inmuebles a nombre de Sandra Mabel Correa Sosa, esposa del gobernador. La denuncia apunta a la existencia de un presunto entramado patrimonial familiar y reclama medidas para establecer el origen de los fondos utilizados en las adquisiciones. Uno de los puntos que destaca la presentación es la constitución de un usufructo gratuito, vitalicio y con derecho de acrecer a favor de los hijos del mandatario. Según la interpretación de los denunciantes, ese mecanismo permite transferir la titularidad de los bienes a los jóvenes, mientras Poggi conserva el derecho de utilizarlos durante su vida. El abogado Leonardo Martínez Herrero, representante legal de Alí, solicitó que la Justicia requiera información sobre la superficie, la valuación fiscal, las fechas de adquisición y la titularidad de los inmuebles. También pidió informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre las declaraciones de Ganancias y la situación fiscal de los involucrados, además de datos de entidades bancarias y financieras. ## El salto patrimonial que cuestiona el diputado La denuncia también pone el foco en la evolución de los bienes declarados por Poggi entre 2017 y 2023. De acuerdo con los números presentados por Alí, el patrimonio neto del gobernador pasó de $9.338.689,20 en 2017 a $79.586.045,10 en el ejercicio 2022/2023. Para el legislador, ese incremento de casi $70 millones no tendría una explicación suficiente en los ingresos del mandatario como diputado y senador nacional, las rentas por alquileres y los montos declarados como ingresos no alcanzados. Alí sostiene que las declaraciones juradas presentan diferencias de valuación que se repiten a lo largo de los años y que, según su análisis, no permiten reconstruir de manera consistente el origen de los fondos. También señala presuntas contradicciones entre los ingresos, los gastos personales, las deudas y el aumento del patrimonio. Uno de los períodos que genera mayores cuestionamientos es el comprendido entre 2018 y 2019. La presentación afirma que Poggi duplicó su patrimonio antes de asumir como senador y que en su declaración correspondiente a 2019 aparecieron tenencias significativas en dólares, incluido efectivo por USD 111.495. El denunciante también menciona plazos fijos en moneda estadounidense por montos que oscilaban entre USD 55.000 y USD 63.000, junto con un aumento del efectivo declarado de USD 97.000 a USD 111.495. Para Alí, la permanencia de esas tenencias requiere esclarecer su procedencia y su correspondencia con los ingresos registrados. ## Las diferencias millonarias en las declaraciones juradas El mayor salto patrimonial señalado por Alí corresponde a 2022. Según la denuncia, los bienes declarados al comienzo del ejercicio sumaban $39.522.367,90, mientras que al cierre alcanzaban los $79.586.045,10. En paralelo, el legislador advierte que las deudas desaparecieron de la declaración. La presentación sostiene que los ingresos por trabajo y alquileres de Poggi ascendieron a $10.898.425,43, mientras que los ingresos no alcanzados sumaron $6.054.472,31. Los gastos personales fueron de $6.892.200,48 y los gastos no deducibles, de $2.093.152. A partir de esos números, Alí estima que la capacidad de ahorro explicable se ubicaba entre $7 millones y $9 millones, frente a un incremento patrimonial superior a los $40 millones. La diferencia habría sido atribuida a una revaluación de bienes por $32.431.108,69, un mecanismo que el diputado considera insuficiente para justificar la evolución declarada. Los cuestionamientos se extienden a la declaración jurada presentada en 2023, cuando Poggi dejó su banca de diputado para asumir como gobernador. Según Alí, el documento registra bienes por $37.876.399,86 al inicio del ejercicio, pese a que el cierre de 2022 consignaba $79.586.045,10. El legislador denuncia que en ese trámite desaparecen alrededor de $41 millones y que se incorpora una diferencia de valuación de $201.604.098,73, una cifra que, de acuerdo con su presentación, resulta incompatible con los totales declarados. ## Inmuebles rurales y revaluaciones que despiertan sospechas Otro de los ejes de la denuncia son las variaciones en el valor declarado de distintas propiedades. Alí señala que algunos inmuebles habrían cambiado de categoría entre declaraciones consecutivas, al pasar de figurar como terrenos a ser registrados como casas de recreo o veraneo. La presentación también cuestiona las revaluaciones de propiedades en Alpa Corral. Como ejemplo, menciona un terreno de 45 metros cuadrados cuyo valor declarado habría pasado de $943.957,77 a $6.774.666,15 durante 2022. Además, el diputado apunta a un inmueble rural de 18.100.000 metros cuadrados que habría duplicado su valuación en el transcurso de un año. Para el denunciante, esas modificaciones requieren una explicación que permita establecer cómo se calcularon los valores y si las variaciones se corresponden con operaciones reales. Alí considera que las diferencias entre declaraciones juradas, las tenencias de efectivo en dólares y las revaluaciones inmobiliarias justifican profundizar la investigación. Las acusaciones, sin embargo, deberán ser examinadas por la Justicia y no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad penal. ## La causa vuelve a San Luis y se cruza con la pelea política La denuncia ampliada por Alí recayó inicialmente en el juzgado federal de Capuchetti, con intervención prevista de la fiscal Paloma Ochoa. Ambas se apartaron del expediente por una cuestión de competencia y dispusieron su remisión a San Luis, donde ya se encontraba radicada la presentación anterior de Reviglio. Según la información publicada, esa investigación permanece sin avances significativos bajo la órbita del juez federal Juan Carlos Nacul y el fiscal Cristian Rachid. El abogado Martínez Herrero había solicitado que Alí fuera citado a declarar para ratificar personalmente la denuncia. El diputado había elegido inicialmente los tribunales de Comodoro Py porque sostiene que parte del incremento patrimonial cuestionado se produjo cuando Poggi se desempeñaba como legislador nacional. La presentación también buscaba evitar que el expediente quedara bajo la órbita de la Justicia provincial, a la que el mandatario tendría influencia política. El caso se inscribe, además, en la disputa entre Poggi y el exgobernador Alberto Rodríguez Saá. Dirigentes vinculados a la anterior gestión denuncian persecución política por parte del actual oficialismo, mientras que el entorno del mandatario enfrenta sus propias controversias judiciales. Fuente: BorderPeriodismo --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.