--- canonical_url: "https://lavozderafaela.com/contenido/45084/caso-chocolate-rigau-la-investigacion-que-puso-bajo-la-lupa-los-fondos-de-la-leg" title: "Caso \"Chocolate\" Rigau: la investigación que puso bajo la lupa los fondos de la Legislatura bonaerense" article_type: "Article" main_image: "https://lavozderafaela.com/download/multimedia.normal.819cf21682670448.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-09-10T13:18:00-03:00" date_modified: "2026-09-10T13:19:57-03:00" author_name: "." author_url: "https://lavozderafaela.com/usuario/3//" category_name: "NACIONALES" category_url: "https://lavozderafaela.com/categoria/4/nacionales" --- # Caso "Chocolate" Rigau: la investigación que puso bajo la lupa los fondos de la Legislatura bonaerense ![Portada-28](/download/multimedia.normal.819cf21682670448.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) Se cumplen tres años de un caso que escandalizó a la política bonaerense. Radiografía de un caso que está en la etapa de juicio oral pero que también se sigue investigando. La causa conocida como “Chocolate” Rigau nació el 9 de septiembre de 2023, cuando **Julio Segundo Rigau** fue descubierto retirando dinero de un cajero automático del Banco Provincia ubicado en pleno centro de La Plata. Tenía en su poder decenas de tarjetas de débito pertenecientes a personas que figuraban como empleados de la Cámara de Diputados bonaerense y realizaba extracciones consecutivas de dinero. Aquella escena, que quedó registrada por cámaras de seguridad y terminó con la intervención policial, destapó una investigación mucho más amplia: un presunto sistema de utilización de empleados de la Legislatura para desviar fondos públicos mediante sus cuentas bancarias y tarjetas de débito. Con el avance del expediente, la Justicia llegó a identificar a más de 50 imputados y puso bajo investigación no solamente a quienes entregaban sus tarjetas, sino también a quienes habrían intervenido en la incorporación de esas personas a la estructura legislativa. Tres años después del escándalo, la causa ya fue elevada a juicio oral y quedó radicada en el **Tribunal Oral Criminal V de La Plata**. Pero el expediente todavía está lejos de tener un desenlace. La Justicia intenta determinar el alcance completo de la maniobra, quiénes estaban detrás de las contrataciones y cuál fue el perjuicio económico provocado al Estado bonaerense. ### **La escena que dio origen al caso** Rigau era conocido en el ambiente político platense como “Chocolate” y estaba vinculado al Frente Renovador. Su detención se produjo después de que un empleado de la Guardia Urbana de Prevención advirtiera que llevaba un tiempo inusualmente prolongado realizando operaciones en un cajero automático de la zona de 7 y 54. Cuando llegó la policía, Rigau tenía numerosas tarjetas de débito. Según la requisitoria de elevación a juicio elaborada por la entonces fiscal de instrucción **Betina Lacki**, aquel día utilizó 40 de esas tarjetas y retiró 30.000 pesos de cada una de las cuentas asociadas. La suma alcanzó 1.260.000 pesos en efectivo, en billetes de 1.000 pesos. La acusación sostiene que Rigau no pudo continuar con las extracciones de las restantes cuentas por una circunstancia ajena a su voluntad: la intervención del personal policial. Las tarjetas no estaban a nombre de Rigau. Pertenecían a personas que figuraban como trabajadores de la Cámara de Diputados bonaerense. Ese dato transformó una detención aparentemente vinculada a un delito patrimonial en el punto de partida de una investigación sobre el funcionamiento de una estructura de contratación dentro de la Legislatura. ### **Los empleados que no cobraban sus propios sueldos** La hipótesis central de la fiscalía sostiene que las tarjetas correspondían a personas que figuraban como empleados de la Cámara, pero que no realizaban las tareas por las cuales cobraban sus salarios. Los contratos estaban vinculados a los denominados bloques políticos de la Legislatura. Las personas aparecían formalmente incorporadas, tenían cuentas bancarias donde se depositaban sus haberes y recibían tarjetas de débito, pero esas tarjetas quedaban en manos de terceros. Según la acusación, Rigau era quien concurría a los cajeros para retirar el dinero. El mecanismo tenía además una particularidad: los titulares de las tarjetas conservaban determinados beneficios derivados de su condición de empleados, entre ellos aportes previsionales y cobertura de IOMA, mientras el dinero de los salarios era retirado por otra persona. La investigación intenta determinar ahora quién decidía esas contrataciones y cómo se ponía en marcha cada incorporación. ### **El documento que puede llevar a los responsables políticos** La última línea investigativa apunta a los llamados “memos normalizados de propuestas de designación y/o contratación”. Se trata de documentación administrativa que debería permitir reconstruir quién propuso el ingreso de cada una de las personas que terminaron incorporadas a la Cámara y cuyas tarjetas estaban en poder de Rigau. Ante los reiterados pedidos de la fiscal Lacki, que no habían sido respondidos de manera satisfactoria, el juez de Garantías **Guillermo Atencio** ordenó a la Cámara de Diputados bonaerense entregar de manera inmediata copias legibles de esos documentos. Son 50 memos: uno correspondiente a Rigau y otros 49 vinculados con titulares de tarjetas incorporados al expediente. El objetivo de la medida es encontrar una pieza que hasta ahora no estaba completamente reconstruida: quién pidió que cada persona fuera contratada. El dato es relevante porque la investigación no pretende establecer solamente quién retiraba el dinero. Busca reconstruir la cadena completa: quién proponía los nombres, quién autorizaba las designaciones, quién incorporaba a esas personas a la nómina, quién manejaba las tarjetas y quién recibía finalmente los fondos. ### **Una trama que podría tener más de dos décadas** Uno de los aspectos que más amplió la investigación fue el período temporal. En un comienzo, el cálculo del perjuicio se concentraba en las contrataciones realizadas entre 2012 y 2023 y se estimaba en alrededor de 800 millones de pesos. Con el avance de la pesquisa, la fiscalía amplió el período investigado hasta el 1° de enero de 2002. Eso significa que el mecanismo bajo investigación podría tener una antigüedad de más de veinte años. Con ese nuevo período, una estimación conservadora ubica el perjuicio económico en una cifra cercana a los 4.000 millones de pesos, tomando únicamente el universo de las tarjetas incorporadas a esta investigación. La cifra todavía forma parte de la investigación y deberá ser precisada mediante pericias contables. Precisamente por eso la defensa de Rigau propuso realizar una pericia para determinar con exactitud el daño provocado a las arcas provinciales. ### **Los papeles encontrados en la casa de Rigau** Otro elemento que la fiscalía considera relevante apareció durante los allanamientos realizados después de la detención. En la vivienda de Rigau fueron encontrados documentos que incluían fotocopias de documentos de identidad, declaraciones juradas de domicilio y anotaciones con nombres y apellidos. Para los investigadores, esa documentación resulta significativa porque formaría parte de los papeles necesarios para avanzar con las contrataciones. La Justicia intenta establecer si esos documentos permiten reconstruir el recorrido que seguía una persona desde el momento en que era propuesta para ingresar a la Legislatura hasta que terminaba incorporada a la nómina y recibía una cuenta bancaria y una tarjeta de débito. Los memos que ahora reclama Atencio podrían completar justamente esa cadena. ### **Claudio y Facundo Albini, los otros dos nombres centrales** A medida que avanzó la investigación aparecieron otros dos nombres centrales: **Claudio Albini** y su hijo **Facundo Albini**. Claudio Albini era funcionario de la Cámara de Diputados bonaerense y Facundo había sido concejal platense por el Frente Renovador. La acusación ubica a ambos, junto a Rigau, en la estructura superior de la presunta organización. Los tres fueron procesados por asociación ilícita y estafas reiteradas. Para la fiscalía, no se trataba solamente de personas que participaban individualmente de las extracciones, sino de una estructura organizada para obtener dinero de las arcas públicas mediante la utilización de empleados que no cumplían funciones reales. El teléfono de Rigau aportó además elementos que llevaron la investigación hacia Facundo Albini. Entre los mensajes encontrados apareció uno en el que Albini le escribió: “Necesito unos nombres para la Muni”. Ese mensaje abrió una investigación paralela sobre la posible existencia de un mecanismo similar de empleados que no prestaban tareas en la Municipalidad de La Plata. ### **El expediente también llegó al Senado** El caso tuvo otra derivación institucional. A partir del escándalo generado por las tarjetas de Diputados, otro fiscal comenzó a investigar una operatoria similar vinculada al Senado bonaerense. La pesquisa surgió después de que una pareja relacionada con el radicalismo fuera filmada realizando extracciones con 39 tarjetas de débito pertenecientes a trabajadores de la Cámara alta. Esa investigación es independiente de la causa principal, pero forma parte de las consecuencias que produjo el descubrimiento del mecanismo atribuido a Rigau. ### **La batalla judicial por la detención** El expediente también tuvo un extenso recorrido en los tribunales por la situación procesal de los principales acusados. Rigau fue el primero en quedar detenido. Luego, tanto Claudio como Facundo Albini fueron privados de su libertad en el marco de la investigación. Con el paso del tiempo, sus defensas comenzaron a reclamar morigeraciones. El juez Guillermo Atencio concedió el arresto domiciliario a los Albini, pero esa decisión fue posteriormente revocada por la Cámara de Apelaciones de La Plata, que consideró que su situación no era equiparable a la de Rigau. La discusión llegó a instancias superiores. Los jueces **Fernando Luis María Mancini** y **Mario Kohan** terminaron votando a favor de conceder el beneficio, tomando como referencia el antecedente de Rigau. La jueza **Florencia Budiño** votó en sentido contrario y advirtió que las circunstancias de los Albini no eran idénticas a las de “Chocolate”, especialmente por el mayor rol jerárquico que se les atribuye y por su condición de funcionarios públicos, factores que podían incidir en el análisis del peligro de fuga y del eventual entorpecimiento de la investigación. Mancini y Kohan, en cambio, consideraron que la equiparación realizada inicialmente por Atencio tenía “suficiente peso específico” y remarcaron que para justificar una prisión preventiva era necesario explicar de manera concreta y razonada cómo las circunstancias de cada imputado se traducían en riesgos procesales. El resultado fue que los Albini recuperaron el arresto domiciliario. Así, uno de los datos que atraviesa actualmente el expediente es que ninguno de los principales acusados está en una cárcel común. Rigau, Claudio Albini y Facundo Albini cumplen arresto domiciliario. El resto de los imputados transita el proceso en libertad. ### **La causa llegó a juicio oral** Después de la investigación, la causa fue elevada a juicio oral. El expediente quedó radicado en el Tribunal Oral Criminal V de La Plata. El fiscal de juicio **Lucas Domski** se excusó de intervenir porque mantiene una amistad íntima con Facundo Albini desde la época en que ambos eran estudiantes universitarios. Domski explicó que la relación personal podía afectar la objetividad necesaria para llevar adelante la acusación y, fundamentalmente, podía generar dudas sobre la apariencia de imparcialidad del Ministerio Público. El apartamiento obligó a buscar un nuevo fiscal para la etapa oral. ### **La posibilidad de evitar el juicio** Con el expediente ya radicado en el tribunal oral, la fiscal de juicio **Viviana Arturi** realizó una audiencia en la que expuso las penas que pretende para los acusados. Para Rigau, Claudio Albini y Facundo Albini planteó condenas de entre cuatro y seis años de prisión por asociación ilícita. Para los denominados “tarjeteros” propuso penas de ejecución condicional, lo que significa que, en caso de una condena bajo esa modalidad, no deberían ingresar a una cárcel mientras cumplan las reglas de conducta que se les impongan. La audiencia tuvo como uno de sus objetivos analizar posibles acuerdos entre las partes que permitan simplificar el proceso. Eso abre la puerta a juicios abreviados u otras salidas alternativas para algunos de los imputados y podría reducir considerablemente la cantidad de personas que finalmente lleguen al debate oral. En este punto, la pretensión punitiva de la fiscalía debe analizarse dentro de las escalas penales previstas para los delitos imputados. Aunque el caso genera una fuerte indignación política y social por el volumen de dinero involucrado y porque los fondos pertenecían al Estado, las penas solicitadas no pueden ser fijadas en función de esa indignación sino de las figuras legales atribuidas, el grado de responsabilidad de cada acusado y las reglas procesales aplicables. ### **La reparación del dinero como posible salida** La defensa de Rigau, integrada por **Alfredo Gascón** y **Miguel Molina**, propuso además una instrucción suplementaria para determinar mediante una pericia cuál fue concretamente el daño causado al Estado. El planteo tiene una segunda finalidad: establecer si existe la posibilidad de reparar económicamente ese perjuicio y, eventualmente, avanzar hacia una extinción de la acción penal por reparación. La estrategia consistiría en devolver el dinero correspondiente, con los intereses que correspondan, y buscar de esa manera una salida que evite el juicio oral. Las partes deberán ahora analizar esa alternativa junto con el resto de las propuestas formuladas durante la audiencia. ### **Quiénes están acusados** La causa tiene como principales imputados a Claudio Gustavo Albini, Facundo Mario Albini y Julio Segundo Rigau, acusados por asociación ilícita y estafas reiteradas. El resto de los procesados está acusado por estafas reiteradas. Son Diego Berón, María Amanda Albino, Mabel Susana Alvear, Graciela del Carmen Anivarro, Daniel Alfredo Mederos, María Cecilia D’Ovidio, Raúl Horacio Boragina, Mónica Patricia Carbeta, Brenda Gisele Caro, Marisol Correa, Ernesto Fabián Crivaro, Raúl Boragina, Arturo Teodomiro Falcón Ramírez, Perla Adriana De Micheli, Lourdes Gabriela Degollada, María Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado, Flavia Antonella Di Rosa, Raúl Marcelo Folone, José Alberto Da Ponte, Ricardo González, Diego Guillermo Koster, Lucas Damián Lucero, Lidia Leonor Malmaceda, Sheila Belén Maroni, Ágata Solange Plana, Silvia Marcela Pérez, Rubén Alberto Mendívil, Ramiro Alberto Pascual, Matías Federico Pecile, Juan Martín Méndez, Gerardo Rigau, Enzo Mariano Plana, Patricio Pascual Prieto, Cecilia Raimundo, Carlos Alejandro Raverllat, Álvaro Agra, Ramón Raúl Silva, Maximiliano Gastón Rigau, Aldana Ayelén Rodríguez, Antonio Javier Rodríguez, María Eugenia Rodríguez, Ricardo Mario Sánchez, Ramón Alberto Sosa, Juan José Tocci, Paula Alejandra Valdata, Juan Marcos Miguel Vallejos y Óscar Antonio Vrcic. ### **Qué falta saber** A tres años del episodio que convirtió a “Chocolate” Rigau en uno de los nombres más conocidos de la política y la Justicia bonaerense, la pregunta central ya no es solamente cuánto dinero se retiró de las cuentas. La investigación intenta determinar **quién puso a cada uno de los empleados en la estructura legislativa** y qué funcionarios intervinieron en esas designaciones. Los 50 memos que la Justicia reclamó a la Cámara de Diputados pueden aportar una respuesta. Si esos documentos permiten identificar quién propuso cada contratación, podrían ayudar a reconstruir el tramo político de una maniobra que hasta ahora tiene claramente identificados a quienes retiraban el dinero, pero que todavía busca terminar de establecer quiénes decidían los nombres que ingresaban al circuito. Mientras tanto, el perjuicio estimado creció desde los primeros cálculos de unos 800 millones de pesos hasta una cifra que podría acercarse a los 4.000 millones, si se confirma que la operatoria se extendió desde 2002. El expediente, que comenzó con un hombre frente a un cajero automático y 40 tarjetas de débito, terminó exponiendo una estructura mucho más amplia. Ahora deberá definirse si esa historia llegará efectivamente a un juicio oral o si los acuerdos, las reparaciones económicas y los juicios abreviados terminarán resolviendo el caso antes de que todos sus protagonistas se sienten frente a un tribunal. FUENTE: BORDER PERIODISMO --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.