Se negó a declarar la funcionaria provincial implicada en la cueva financiera del Puerto de Santa Fe

Se trata de la Directora Provincial de Crédito Público y pareja de Yamil "Turco" Benavidez, el único detenido que tiene la causa judicial que lo investiga por intermediación financiera no autorizada, fraude y lavado de activos.

La Directora Provincial de Crédito Público de Santa Fe, María Laura Miassi, se negó a declarar este lunes en el marco de la audiencia indagatoria a la que fue citada por el juez Aurelio Cuello Murúa por la causa que investiga la cueva financiera que fue montada por su pareja, Yamil “Turco” Benavidez, en la zona del Puerto.
 
Asistida por la abogada penalista Clara Vázquez, la funcionaria provincial, y además contadora pública, se presentó a las 10 en la sede judicial ubicada en 9 de Julio y Monseñor Zaspe y tras escuchar los cargos en su contra optó por no prestar declaración.

 Su paso por el Juzgado fue requerido por el fiscal federal Walter Rodríguez, que le atribuyó ser “socia” de Benavidez al considerar que “se encargaba de la registración de cada operación, del control de stock de billetes, de calcular la ganancia final, y esencialmente de brindar su conocimiento técnico en materia contable previo a que Benavidez ejecute cada uno de sus actos”.

 La imputación fue a partir del peritaje de uno de los tres teléfonos que los investigadores del caso le secuestraron a Benavidez el 12 de septiembre pasado, cuando fue detenido en un departamento de Amarras Center (Torre II) con 45 millones de pesos, miles de dólares, euros y reales y 39 tarjetas de débito.

Según el fiscal la pareja integraba un grupo de whatsapp llamado “Bvz€Asoc” en el cual Benavidez enviaba información sobre compra y venta de dólares y monedas cryptos para que Miassi realizara los balances de las ganancias generadas en las operaciones cambiaras.

 “Intervenía en la gestión y control de la ecuación económica del negocio ilícito a efectos de que este resulte rentable, lo que justamente era posible a partir del cálculo que efectuaba del total recaudado, de los costos en concepto de intereses que debían pagar a los “inversores” y de las sumas que necesitaban para ello”, destacó en su momento el fiscal al momento de requerir la indagatoria para Miassi.

 Rodríguez además le atribuyó haber asesorado técnicamente y emitido facturas (comprobantes fiscales) como contrapartida de las transferencias que recibió Benavidez en sus cuentas personales.

Una trama con más implicados
Por la causa ya fueron imputados otros tres hombres ya que fueron indagados en el despacho del juez Cuello Murúa. El primero fue Carlos Raúl Quartucci, con quien Benavidez constituyó la firma “Servicios La Resistencia”, establecida el 22 de noviembre del 2022 y por la cual, consideró el fiscal Rodríguez, se canalizaron ingresos provenientes de las actividades ilícitas.

 Dicha firma tiene domicilio social y fiscal en la calle Vieytes 2050 de la ciudad de Santa Fe y tanto Benavidez como Quartucci aportaron cada uno la suma de $600.000 en efectivo en concepto de capital social. Hasta marzo de este año (cuando Benavidez dejó el Concejo Municipal), la empresa no registró actividad. Sin embargo, a partir de esa fecha y en adelante se detectaron movimientos de actividad comercial bajos: en abril $61.679,22; y en mayo $ 92.403,28.

 Inclusive, según los registros de Afip, la firma adquirió el 21 de diciembre del 2022 -un mes después de su creación- una camioneta Ford EcoSport 1.6 modelo 2015, que estaba valuada en ese entonces a un monto de $ 1.558.300, superior al capital con el que contaba la empresa local.

 Por su parte, Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo, también quedaron ligados a la causa por haber aparecido en los chats de uno de los tres teléfonos (iPhone 11) que tenía Benavidez cuando fue detenido en el departamento portuario. Ambos fueron acusados de colaborar en la búsqueda de “inversores”.

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