Además, el diputado apunta a un inmueble rural de 18.100.000 metros cuadrados que habría duplicado su valuación en el transcurso de un año. Para el denunciante, esas modificaciones requieren una explicación que permita establecer cómo se calcularon los valores y si las variaciones se corresponden con operaciones reales.
Alí considera que las diferencias entre declaraciones juradas, las tenencias de efectivo en dólares y las revaluaciones inmobiliarias justifican profundizar la investigación. Las acusaciones, sin embargo, deberán ser examinadas por la Justicia y no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad penal.
La causa vuelve a San Luis y se cruza con la pelea política
La denuncia ampliada por Alí recayó inicialmente en el juzgado federal de Capuchetti, con intervención prevista de la fiscal Paloma Ochoa. Ambas se apartaron del expediente por una cuestión de competencia y dispusieron su remisión a San Luis, donde ya se encontraba radicada la presentación anterior de Reviglio.
Según la información publicada, esa investigación permanece sin avances significativos bajo la órbita del juez federal Juan Carlos Nacul y el fiscal Cristian Rachid. El abogado Martínez Herrero había solicitado que Alí fuera citado a declarar para ratificar personalmente la denuncia.
El diputado había elegido inicialmente los tribunales de Comodoro Py porque sostiene que parte del incremento patrimonial cuestionado se produjo cuando Poggi se desempeñaba como legislador nacional. La presentación también buscaba evitar que el expediente quedara bajo la órbita de la Justicia provincial, a la que el mandatario tendría influencia política.
El caso se inscribe, además, en la disputa entre Poggi y el exgobernador Alberto Rodríguez Saá. Dirigentes vinculados a la anterior gestión denuncian persecución política por parte del actual oficialismo, mientras que el entorno del mandatario enfrenta sus propias controversias judiciales.
