El Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen de retiro voluntario para trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y contempla diferentes modalidades de compensación económica para quienes decidan finalizar su vínculo laboral con el Estado.
El período de inscripción estará abierto desde el 1° hasta el 30 de noviembre de 2026. La normativa también habilita una prórroga excepcional, por única vez, de hasta 30 días corridos. El programa está dirigido al personal de planta permanente comprendido en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo. Los cargos que queden vacantes tras las desvinculaciones serán eliminados de la estructura presupuestaria.
Cómo se calcularán las compensaciones
El monto que podrá recibir cada trabajador dependerá de su edad, sus años de servicio y su situación previsional. El decreto establece tres grupos con condiciones diferenciadas. Las mujeres de hasta 57 años y los hombres de hasta 62 podrán cobrar una remuneración bruta por cada año de antigüedad, con un límite de 20 salarios. A ese monto se agregarán cuatro remuneraciones para quienes tengan menos de 15 años de servicio y cinco para quienes alcancen o superen esa antigüedad.
En el segundo grupo se encuentran las mujeres de entre 58 y 64 años y los hombres de entre 63 y 64 que acrediten al menos 30 años de aportes jubilatorios. En estos casos, la compensación será equivalente a un salario por año de antigüedad, con un máximo de 18 remuneraciones, más cinco salarios adicionales. El cálculo también estará sujeto al tiempo que falte para cumplir los requisitos jubilatorios.
La tercera modalidad está destinada a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que todavía no reúnan los aportes necesarios para jubilarse. Podrán optar entre una gratificación única, calculada según la antigüedad y con un tope de 18 remuneraciones, o recibir el 60% de su salario bruto mensual durante un máximo de 36 meses o hasta alcanzar los requisitos previsionales, según lo que ocurra primero.
Quiénes quedan excluidos
El régimen no alcanza a todos los trabajadores estatales. Quedan afuera los empleados transitorios y el personal de organismos descentralizados, como la ANSES. También están excluidos integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado y del Servicio Exterior, entre otros sectores específicos.
Tampoco podrán incorporarse quienes tengan determinados procesos penales o sumarios administrativos pendientes, se encuentren en situación de disponibilidad, tengan una renuncia sin resolver o estén transitando el cuarto año de una licencia por afecciones de largo tratamiento. Los trabajadores con reclamos judiciales o administrativos contra el Estado vinculados con su relación laboral deberán desistir de esas acciones para acceder al beneficio.
Otra de las condiciones centrales es la prohibición de reingresar al Sector Público Nacional durante ocho años, bajo cualquier modalidad de empleo o contratación, con las excepciones previstas por la normativa. La presentación de la solicitud no garantiza que el retiro sea aceptado. Las autoridades de cada jurisdicción podrán rechazarla si consideran que la salida del trabajador puede afectar la prestación de los servicios.
Los organismos tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para resolver los pedidos. Si no existe una aceptación expresa dentro de ese plazo, la solicitud se considerará rechazada. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública será la autoridad encargada de aplicar el régimen y podrá disponer la extensión del período de inscripción dentro del límite establecido por el decreto.
La iniciativa se incorpora a la política del Gobierno de reorganización de la administración pública y reducción de su estructura. Con este mecanismo, el Ejecutivo busca facilitar la salida voluntaria de parte del personal estatal, bajo condiciones económicas diferenciadas y con la eliminación de los cargos correspondientes.
