Marko
La causa judicial por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos procesamientos. El juez federal Ariel Lijo amplió la situación procesal de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, y de otros acusados, a partir de diferencias de precios detectadas en contrataciones del Programa Incluir Salud.
La resolución también dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de otras 19 personas y extendió las acusaciones que ya pesaban sobre cinco imputados. Entre ellos están Daniel Garbellini, exfuncionario de la ANDIS, y el empresario Miguel Ángel Calvete, señalados como presuntos jefes de una asociación ilícita. También quedaron alcanzados por la ampliación Andrés Arnaudo y Federico Santich, considerados presuntos integrantes de esa estructura.
El expediente investiga compras de medicamentos y elementos médicos y ortopédicos destinados a personas que reciben pensiones no contributivas y no cuentan con obra social. Según los cálculos incorporados a la causa, las diferencias de precios identificadas hasta el momento ascienden a $7.833.872.357,24.
El monto surge de sumar dos relevamientos. Por un lado, las operaciones vinculadas con medicamentos presentaron diferencias estimadas en $5.984.594.394,24. Por otro, un análisis técnico del Ministerio de Salud identificó otros $1.849.277.963 en compras de insumos médicos.
Este último relevamiento comprendió seis categorías: elementos para amputaciones, productos de cardiología, implantes auditivos y audífonos, insumos de neurocirugía, sillas de ruedas y andadores, y materiales de traumatología. El juzgado aclaró que las cifras son provisorias y corresponden a las operaciones que pudieron compararse con valores de referencia. Por ese motivo, el monto no representa necesariamente el total de las posibles irregularidades que podrían surgir durante la investigación.
De acuerdo con la resolución, la pesquisa busca determinar si existió una organización que intervenía en los procedimientos de contratación estatal para favorecer a determinados proveedores. Entre las maniobras bajo análisis figuran el presunto direccionamiento de adjudicaciones, la simulación de competencia entre oferentes y la circulación de información privilegiada.
El fallo también señala que se investiga si parte de los beneficios obtenidos por las empresas habría regresado a funcionarios y otros integrantes de la estructura. Estas hipótesis forman parte de las imputaciones judiciales y deberán ser evaluadas durante el proceso. La causa incluye a empresarios vinculados con firmas proveedoras de la ANDIS, además de personas que habrían intervenido en tareas administrativas, en la coordinación de trámites y en la gestión de pagos. Algunos imputados también fueron acusados por presunto lavado de activos agravado.
Los delitos atribuidos varían según la participación que la Justicia adjudica a cada persona. Entre las figuras investigadas aparecen asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada contra la administración pública y lavado de activos.
Los procesamientos no equivalen a una condena: expresan que el magistrado encontró elementos suficientes para sostener, en esta etapa, la imputación contra los acusados. La investigación continúa bajo la intervención de la fiscalía federal a cargo de Franco Picardi. Además, Lijo dictó la falta de mérito para otras 11 personas que habían sido indagadas. En esos casos, el juzgado consideró que todavía no existen elementos suficientes para definir su situación y que corresponde profundizar las medidas de prueba.
La ampliación de los procesamientos profundiza así una investigación centrada en presuntas irregularidades en las compras de medicamentos e insumos para personas con discapacidad. La Justicia deberá determinar el alcance de las maniobras, las responsabilidades individuales y el eventual perjuicio económico para el Estado.
