Masiva movilización en Rafaela para exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

Bajo la consigna “Por la educación, la soberanía y la democracia”, la convocatoria local se sumó a una jornada nacional que tuvo como principal reclamo la aplicación de la norma sancionada por el Congreso en 2025, cuya ejecución continúa en el centro de una disputa entre el Poder Ejecutivo, las universidades y la Justicia.

Antes de iniciar la caminata se leyó en la plaza el documento titulado “Defender nuestros sueños, garantizar el futuro”. El texto planteó que la defensa del sistema universitario no constituye una demanda sectorial, sino una causa que involucra al conjunto de la sociedad, tanto por el papel de la educación en la movilidad social como por su contribución al desarrollo productivo, científico, cultural y tecnológico del país.

La ley, la democracia y las instituciones

Uno de los ejes centrales del documento fue el cuestionamiento al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional. Según expresaron los convocantes, la situación excede la discusión sobre la disponibilidad de recursos y compromete el funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas.

En ese sentido, recordaron que el Congreso de la Nación ratificó la norma y que, posteriormente, la Justicia declaró inconstitucional la pretensión del Ejecutivo de condicionar su aplicación. También señalaron que una medida cautelar ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a los salarios del personal universitario y las becas estudiantiles.

“El incumplimiento sistemático del Gobierno nacional de las leyes con las que no acuerda ni ha promovido y de las medidas judiciales que lo obligan a efectivizarlas” fue señalado como una expresión de la voluntad de gobernar mediante decretos de necesidad y urgencia, desplazando funciones propias del Poder Legislativo.

A partir de ese planteo, el documento incorporó el reclamo por la derogación del DNU 70/2023, al considerar que modifica o deja sin efecto disposiciones legales sin el debate parlamentario que corresponde. También instó al Congreso a asumir la responsabilidad de defender las instituciones y debatir las normas necesarias para el país.

La defensa de la universidad pública quedó así vinculada con una reivindicación más amplia del sistema republicano, el respeto por las leyes y las decisiones judiciales, y la necesidad de preservar los mecanismos institucionales de la democracia.

Una universidad que construye oportunidades

El texto leído en Rafaela repasó los principales rasgos que, a lo largo de la historia, definieron el modelo universitario argentino. Entre ellos mencionó la autonomía y el cogobierno, la gratuidad, el ingreso irrestricto, la expansión territorial y la vinculación de las instituciones con los problemas sociales y productivos de cada región.

Esas características, señalaron, permitieron ampliar el acceso a la educación superior y convertir a las universidades en herramientas de formación profesional, movilidad social ascendente y construcción de ciudadanía.

La territorialidad adquirió una relevancia particular en la convocatoria local. El documento destacó que la presencia de universidades y organismos científicos en distintas regiones del país constituye un factor estratégico para el desarrollo integral, ya que permite formar profesionales, producir conocimientos y generar soluciones vinculadas con las necesidades de las comunidades.

En Rafaela, esa defensa tiene una expresión concreta en la UNRaf, la UTN, el INTI, el INTA y el Centro de Investigación y Transferencia del Conicet, instituciones que integran el entramado educativo, científico y tecnológico de la ciudad.

“La universidad pública es una herramienta fundamental de justicia social, movilidad social ascendente y construcción de soberanía nacional”, sostiene el documento, que advierte que la gratuidad, por sí sola, no garantiza la igualdad de oportunidades si los estudiantes no disponen de los recursos económicos necesarios para sostener sus carreras.

Becas insuficientes y salarios deteriorados

La situación de los estudiantes y de los trabajadores universitarios ocupó otro tramo central de la declaración. En materia de bienestar estudiantil, se cuestionó el deterioro de las becas y la pérdida de capacidad de esas ayudas para acompañar los gastos cotidianos de quienes cursan estudios superiores.

En particular, el documento señaló que las Becas Progresar permanecen congeladas en $35.000 desde 2024, un monto que consideró insuficiente para afrontar gastos básicos como el transporte y los materiales de estudio. También cuestionó la situación de las Becas Manuel Belgrano y de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional (EVC-CIN).

Según los convocantes, la falta de actualización de estos instrumentos afecta especialmente a los jóvenes de menores recursos y a quienes deben combinar el estudio con el trabajo. En ese escenario, advirtieron sobre el riesgo de que las dificultades económicas se conviertan en un factor de abandono de las carreras.

El reclamo alcanzó también a los salarios docentes y nodocentes, cuyo poder adquisitivo, según el documento, sufrió un deterioro persistente durante los últimos años. Los representantes universitarios denunciaron que esa situación precariza las condiciones de vida de los trabajadores y amenaza la continuidad de las vocaciones académicas, los conocimientos acumulados y las capacidades técnicas de las instituciones.

Además, reclamaron el respeto por la negociación colectiva y plantearon la necesidad de resolver cuestiones vinculadas con las garantías salariales, las plantas de personal, los fondos de capacitación y la composición de los haberes.

La declaración incorporó asimismo la preocupación por las condiciones de acceso a la salud y por el sistema jubilatorio, y sostuvo que la defensa de los derechos laborales forma parte de una discusión más amplia sobre las condiciones de vida de quienes trabajan en las universidades.

La discusión por el Presupuesto 2027

El financiamiento del sistema universitario también quedó asociado al debate por el proyecto de Presupuesto nacional para 2027. De acuerdo con el documento, la propuesta elevada por el Poder Ejecutivo no contempla los recursos necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario ni prevé recuperar las pérdidas acumuladas por el sistema universitario y científico.

Frente a esa situación, se destacó la propuesta presupuestaria elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional, que contempla la aplicación de la norma y procura restablecer condiciones de previsibilidad para el funcionamiento de las casas de estudio.

El documento sostuvo que la asignación para las universidades nacionales debería incrementarse un 33,4% respecto del proyecto oficial y reclamó que el Presupuesto 2027 incluya el piso de financiamiento previsto por la ley, junto con una mejora sustancial de los recursos destinados a la educación obligatoria.

La declaración vinculó ambos niveles educativos al señalar que la universidad no puede pensarse de manera aislada del resto del sistema. La formación universitaria depende también de las condiciones de acceso y permanencia construidas desde la escuela, por lo que consideró necesario fortalecer el conjunto de la educación pública.

En ese marco, se expresó preocupación por la participación del gasto educativo en el producto bruto interno y por las consecuencias que la reducción de recursos puede tener sobre la calidad de la enseñanza, la infraestructura y las posibilidades de acceso.

El riesgo para la ciencia y la tecnología

La situación de las universidades se presentó, además, como parte de una crisis más amplia del sistema nacional de ciencia y tecnología. El documento advirtió sobre la disminución de investigadores jóvenes, la caída en la adjudicación de becas, las dificultades para financiar proyectos y la interrupción del acceso a publicaciones científicas internacionales.

Los convocantes remarcaron que la investigación requiere continuidad, planificación y recursos sostenidos durante largos períodos. La formación de profesionales especializados y la consolidación de equipos científicos demandan años de trabajo, mientras que la falta de financiamiento puede desarticular esas capacidades en poco tiempo.

Por eso, plantearon que las consecuencias del ajuste no se limitan a las aulas, los talleres o los laboratorios universitarios. También alcanzan a los proyectos de investigación, las actividades de extensión, la vinculación tecnológica con empresas y organizaciones, la actualización de equipamiento y la producción de conocimientos necesarios para atender problemas locales y nacionales.

La pérdida de investigadores formados en el país fue otro de los puntos señalados. Para el documento, el éxodo de científicos representa una pérdida de capacidades que afecta tanto al desarrollo nacional como al de las regiones, y cuya reversión requiere políticas públicas sostenidas.

En esa perspectiva, la ciencia y la tecnología fueron definidas como componentes fundamentales de la soberanía nacional. Producir conocimiento, impulsar la innovación y desarrollar capacidades propias resulta, según expresaron, indispensable para reducir dependencias y construir un proyecto de desarrollo con mayor autonomía.

Una defensa que excede a las universidades

La movilización de Rafaela se inscribió, finalmente, en una convocatoria que buscó reunir distintas demandas sociales bajo la defensa de los derechos y de las responsabilidades del Estado.

El documento reivindicó la educación, la producción científica y tecnológica, la salud, el trabajo digno, la cultura, la industria nacional y la protección de los recursos naturales como componentes de una misma agenda de desarrollo. También planteó la necesidad de atender las dificultades económicas de las familias y las consecuencias del endeudamiento sobre sus condiciones de vida.

La universidad pública fue presentada como parte de una construcción colectiva sostenida a lo largo de distintas etapas de la historia argentina, más allá de las diferencias entre gobiernos. En ese sentido, los convocantes cuestionaron las políticas que, a su entender, ponen en riesgo un consenso social fundamental en torno al valor de la educación como herramienta de igualdad y progreso.

La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a expresar así un reclamo que articula el financiamiento de las instituciones con la defensa de la democracia, la soberanía y las oportunidades de desarrollo. En Rafaela, la participación conjunta de las universidades y los organismos científicos puso de manifiesto el alcance local de esa discusión y el lugar que ocupa el sistema público de conocimiento en la vida de la ciudad y la región.

El documento concluyó con una reivindicación de la educación como condición para construir un país con mayor equidad, autonomía y desarrollo social. “La universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución”, sostuvo.

La consigna final sintetizó el sentido de la jornada: “Por una patria democrática. Por una patria soberana. Por una patria educada. Viva la universidad pública, viva el pueblo argentino”.