La movilización será este jueves 15 de octubre, a las 18:30, en la Plaza 25 de Mayo, bajo la consigna “Por la educación, la soberanía y la democracia”. Antes de la marcha se presentarán las bandas locales La Simón Chicco y Protocolo Tumbao.
Rafaela volverá a sumarse a la jornada nacional de protesta en defensa de la universidad pública. Este jueves 15 de octubre se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria, con una convocatoria del Frente Universitario de Rafaela a toda la comunidad para reclamar el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y expresar el rechazo a las políticas nacionales que, según sostienen, comprometen los derechos sociales y la soberanía del país.
La concentración está prevista para las 18:30 en la Plaza 25 de Mayo, en la intersección de bulevar Santa Fe y 9 de Julio. Antes de la movilización se presentarán las bandas locales La Simón Chicco y Protocolo Tumbao, en una jornada que busca reunir a estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes, organizaciones sociales, gremiales y políticas, además de vecinos y autoridades de la ciudad.
Bajo la consigna “Por la educación, la soberanía y la democracia”, la marcha tendrá como eje central la exigencia de que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025. El reclamo comprende la recuperación de los salarios docentes y nodocentes, la actualización de las becas estudiantiles y la asignación de los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas y el sostenimiento de la ciencia nacional.
Desde el Frente Universitario de Rafaela remarcaron que la convocatoria excede a la comunidad académica y compromete al conjunto de la sociedad. En ese sentido, señalaron que las universidades y las instituciones científicas forman parte del entramado educativo, productivo, social y cultural de la ciudad y la región.
Un conflicto que continúa en la Justicia
La movilización se realizará en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno nacional y las universidades públicas, con el financiamiento del sistema en discusión tanto en el ámbito judicial como en el Congreso.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en agosto de 2025. Tras el veto presidencial, el Congreso insistió con la norma mediante la mayoría especial prevista en la Constitución. Posteriormente, el Poder Ejecutivo la promulgó, aunque condicionó su aplicación a la disponibilidad de recursos presupuestarios.
En ese contexto, un fallo del juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la ley a la existencia de fondos disponibles y ordenó su cumplimiento inmediato. Sin embargo, el Gobierno nacional apeló la decisión, por lo que la controversia judicial continúa abierta.
El conflicto también tiene un capítulo presupuestario. Según la información difundida por Página/12, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla $7,3 billones para las universidades, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones para garantizar el funcionamiento del sistema. La diferencia de $3,7 billones refleja la distancia entre la previsión oficial y los recursos que solicitan las autoridades universitarias.
En este marco, los rectores, los gremios docentes y nodocentes y las organizaciones estudiantiles mantienen sus reclamos para que se garantice el financiamiento de las casas de estudio y se recompongan los ingresos de sus trabajadores.
Una convocatoria amplia
Además del reclamo universitario, el Frente Universitario de Rafaela incorporó a la convocatoria otras demandas vinculadas con las condiciones de vida de la población. Entre ellas figuran el rechazo al DNU 70/2023 y a la extranjerización de las tierras, la declaración de la emergencia en discapacidad y la defensa de salarios y jubilaciones dignas.
“En democracia, la ley se cumple”, sostiene el documento difundido por la organización, que cuestiona que la aplicación de las normas sancionadas por el Congreso pueda quedar supeditada a la decisión del Poder Ejecutivo. En esa línea, plantea que el respeto por las leyes y por las decisiones judiciales constituye una responsabilidad ineludible de las autoridades públicas.
La convocatoria invita a las vecinas y los vecinos de Rafaela, a las instituciones educativas, las organizaciones sociales, gremiales y políticas y a las autoridades locales a participar de la jornada.
La movilización se inscribe así en una nueva instancia de un conflicto que excede la discusión presupuestaria y pone en el centro del debate el funcionamiento de la universidad pública, el sostenimiento de la investigación científica y el cumplimiento de las decisiones institucionales en el marco democrático.
Fuente: La opinión
Te puede interesar
Lo más visto
