

La gestión provincial de Maximiliano Pullaro y el municipio conducido por Leonardo Viotti habrían impuesto un estricto cepo informativo en Rafaela. A través de directivas internas, se le habría prohibido tajantemente a las fuerzas policiales dar partes de prensa sobre los robos ocurridos en la ciudad. La maniobra busca filtrar únicamente los "goles a favor" del accionar policial, apelando a métodos setentistas de censura para maquillar la realidad. Sin embargo, el ocultamiento resulta inútil en una comunidad castigada donde se calcula que uno de cada tres rafaelinos habría sufrido un hecho delictivo. Los cronistas de La Voz de Rafaela constataron que el relato oficial se desmorona día a día con el "boca en boca" cotidiano de los vecinos en las veredas. En vísperas de los Juegos ODESUR, la bajada de línea desde la Casa de Gobierno estaría exigiendo no pronunciar la palabra "inseguridad" por quince días. Fuentes cercanas al reclamo consultadas por La Voz de Rafaela ratifican que el objetivo es proteger la imagen del Gobernador y vender un éxito ficticio. Resulta inadmisible que las autoridades recurran al amordazamiento periodístico para intentar tapar el fracaso estrepitoso de sus políticas de prevención. Ocultar los delitos de la gacetilla diaria no detiene la ola de saques e ingresos domiciliarios que acecha permanentemente a los barrios rafaelinos. La maniobra expone la falta de transparencia de una coalición dispuesta a pisotear el derecho a la información con tal de sostener el marketing político. El intento de vender una ciudad pacificada para los visitantes contrasta de lleno con el estado de alerta e indefensión constante que padecen las familias. El cepo a los partes policiales solo evidencia la desesperación de un Gabinete sin respuestas ante la escalada delictiva que golpea a la región. Sigan prohibiendo a la policía entregar partes y tapando los robos, muchachos, que los rafaelinos no necesitan un comunicado para saber que nos roban.
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