Con el decreto 875/2026, la administración nacional estableció un nuevo marco para adolescentes de entre 14 y 17 años, bajando la edad de imputabilidad y creando figuras de supervisión, instancias de coordinación interministerial y mecanismos de protección para las víctimas.
El Gobierno oficializó la reglamentación del Régimen Penal Juvenil, una reforma que marca un cambio profundo en el sistema judicial argentino. La norma fija la edad de imputabilidad en los 14 años, lo que significa que los adolescentes podrán ser judicializados por delitos previstos en el Código Penal a partir de esa edad. Sin embargo, se establece un régimen diferenciado respecto de los adultos, con medidas alternativas y un enfoque orientado a la reinserción social.
El Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la elaboración de normas complementarias, la firma de convenios con provincias, universidades y organizaciones civiles, y la coordinación general del sistema.
Los puntos centrales de la reforma
Uno de los puntos centrales de la reforma es la creación de la figura del supervisor especializado, encargado de acompañar y controlar al adolescente durante el proceso judicial. Estos profesionales deberán contar con formación en educación, psicología, trabajo social, pedagogía infanto-juvenil o adicciones. Se conformará un Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, que deberá estar operativo en un plazo máximo de 180 días. Los jueces serán los responsables de designar al supervisor en cada caso.
La reglamentación también prevé la conformación de un Comité Interministerial, integrado por representantes de Justicia, Seguridad, Capital Humano y Salud, con rango mínimo de director nacional. Su función será elaborar criterios comunes para prevención, abordaje y reinserción, además de coordinar penas alternativas y generar estadísticas. En paralelo, se crea una Mesa Federal que reunirá a Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires, junto con la Corte Suprema, la Procuración y la Defensoría General, para garantizar la aplicación uniforme del régimen en todo el país.
El decreto incorpora además garantías para las víctimas, que tendrán derecho a asistencia especializada y patrocinio jurídico gratuito. El Ministerio de Justicia deberá implementar programas de capacitación continua para jueces, fiscales, defensores y operadores del sistema. Asimismo, se establece un mecanismo de comunicación con el Registro Nacional de Reincidencia, respetando la reserva de los procesos juveniles.
FUENTE: BORDER PERIODISMO
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