El referente de La Libertad Avanza en Rafaela, Fabricio Dellasanta, respaldó los proyectos impulsados por el concejal Lisandro Mársico que buscan desalentar las usurpaciones de inmuebles a través de los servicios públicos. Las iniciativas plantean que las empresas proveedoras de agua y energía puedan contemplar la situación de los inmuebles usurpados y disponer el corte del suministro.
En diálogo con CASTELLANOS, Dellasanta sostuvo que la medida apunta a modificar una situación que, según consideró, termina perjudicando a los propietarios de los inmuebles. “Esto debería ser innecesario, pero lo tenemos que hacer porque nadie en el Estado cumple con su función, ni la Justicia, ni la empresa, ni nadie”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó el tratamiento que reciben los propietarios de viviendas o terrenos usurpados y sostuvo que, en determinados casos, terminan afrontando los costos derivados de una situación de la que son víctimas. “Un ciudadano que se ve su propiedad usurpada, que le quitan el derecho a utilizar su propiedad privada, el Estado ampara al que usurpa, le presta servicios, pero no lo hace a cargo de la propia empresa o del Estado, a cargo del usurpado, de la víctima”, señaló.
Dellasanta puso como ejemplo el caso de Cabeña Mitre y sostuvo que, aun después de concretarse un desalojo, el propietario puede quedar con deudas vinculadas a los servicios del inmueble. “Ahora, después de años, a veces, como tenemos el caso de Cabeña Mitre, que logran desalojarlos, al propietario le queda toda la deuda. Pero eso es un disparate”, manifestó.
El dirigente libertario fue especialmente crítico con el funcionamiento de los distintos organismos estatales vinculados a estos procesos y cuestionó tanto a la Justicia como a las empresas prestadoras de servicios. “Tenemos delincuentes que usurpan las propiedades, delincuentes a mano armada, y en el Estado tenemos a delincuentes de trajes y corbatas que los amparan”, expresó, en uno de los pasajes más duros de sus declaraciones.
En la misma línea, apuntó contra el enfoque que, según su visión, existe respecto de los derechos de quienes cometen delitos. “El socialismo llama derechos humanos a la impunidad para los delincuentes. Y los derechos del propietario, del que hizo las cosas bien, de la gente honesta y la gente honrada, ¿dónde están?”, cuestionó.
Para Dellasanta, la discusión sobre las usurpaciones debe derivar en una modificación de las reglas y procedimientos actuales. “Tenemos que empezar a cambiar todo este sistema que ampara a los delincuentes”, sostuvo, y vinculó ese cambio con una mayor exigencia hacia los organismos encargados de hacer cumplir la ley. “Tenemos que poner agentes de prueba que hagan la función para la cual estamos pagando, porque son empleados de los ciudadanos, que les pagamos para que hagan cumplir la ley y no lo hacen”, afirmó.
Finalmente, insistió en que las medidas vinculadas a los servicios públicos forman parte de un cambio más amplio que, desde su perspectiva, debería priorizar la protección de los propietarios. “Toda la legislación tiene que amparar a la gente bien y no al delincuente”, concluyó.
