Deslindes institucionales y situación de los imputados
Tras la trascendencia del operativo, desde la gobernación de la Provincia de Buenos Aires aclararon que Mangini reviste la condición de empleada del Ministerio Público Fiscal y que desempeñaba tareas administrativas vinculadas a convenios firmados por gestiones anteriores. Paralelamente a la causa penal, las autoridades judiciales iniciaron las actuaciones disciplinarias correspondientes para evaluar su suspensión definitiva.
Junto a Mangini y Marchioni, la fiscalía imputó a Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Alejandro Scigliano bajo los cargos de asociación ilícita, estafa y lavado de activos. Algunos de los implicados han presentado descargos públicos sosteniendo que sus intervenciones se limitaron a operaciones legales de corretaje y arbitraje cripto, mientras el juzgado interviniente evalúa los pedidos de prisión preventiva planteados por la acusación.



















