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La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, encabezaron una reunión a puertas cerradas en la Cámara alta para definir la versión final de la Ley de Propiedad Privada, una iniciativa que el Gobierno buscará llevar al recinto el próximo 6 de agosto tras tres postergaciones y más de 15 borradores.
La reunión, que se extendió entre las 16 y las 17.40, tuvo como objetivo destrabar las diferencias que habían surgido con bloques aliados, especialmente en torno al capítulo que modifica la Ley de Tierras Rurales y elimina las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
Del encuentro también participaron la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña; y los equipos de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Según señaló el portal TodoNoticias, el Ejecutivo resolvió mantener el dictamen consensuado previamente en comisiones y limitarse a introducir modificaciones de forma. “Entendieron la dinámica parlamentaria, que hay un momento donde no se puede tocar más una ley”, señaló una fuente al tanto de la reunión. En la misma línea, otro referente oficialista afirmó: “No hay cambios reales. Sí de redacción, una coma más, una letra menos, pero nada más que eso”.
Al término del encuentro, Bullrich expresó su confianza en que la iniciativa consiga la media sanción. “Nosotros estamos tranquilos. Hemos hecho una buena ley, con aporte de todos. Han participado gobernadores, senadores de todas las provincias que están cerca y aportan a una mirada constructiva. Creemos que va a salir”, aseguró.
La legisladora también destacó que el proyecto preserva la prohibición para que un Estado extranjero adquiera tierras en el país. “No pueda de ninguna manera comprar un milímetro de tierra argentina”, sostuvo, y remarcó que “la soberanía está absolutamente resguardada”.
No obstante, descartó que el texto establezca límites para la compra de tierras por parte de particulares extranjeros, al considerar que la Constitución les reconoce los mismos derechos que a los ciudadanos argentinos. “Uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que tiene, tampoco en la cantidad de hectáreas”, afirmó.
La discusión sobre la norma se había reabierto la semana pasada, cuando la falta de consenso obligó a Bullrich a solicitar un cuarto intermedio para continuar las negociaciones. El objetivo fue cerrar un texto definitivo que evitara nuevas modificaciones durante el tratamiento en el recinto.
La legislación vigente impide que inversores extranjeros concentren más del 15% de las tierras rurales y fija límites por nacionalidad y por superficie. El proyecto del Gobierno elimina esas restricciones y solo mantiene la prohibición para que Estados extranjeros, organismos públicos y entidades vinculadas a ellos adquieran tierras, salvo que el Poder Ejecutivo autorice la operación por considerar que no afecta la seguridad, la defensa ni la soberanía nacional.
